Fue durante la gestión pública de Miguel de la Madrid Hurtado donde oficialmente se decretó la eutanasia de los productores agropecuarios y el fin de la rectoría económica del estado; con el pretexto de la crisis económica e hiperinflación de los años 80 se contrajo el gasto público, se retiraron subsidios y apoyos a la producción agrícola, se liberalizaron los precios de bienes y servicios públicos y se redujeron los aranceles en los términos exigidos en la Ronda de Uruguay, la última reunión del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (1984). La cirugía mayor de la destrucción de la capacidad productiva nacional la ejecutó Carlos Salinas de Gortari, quien reprivatizó empresas públicas y descentralizadas; modificó la normatividad prevaleciente —incluida la Constitución— para garantizar la inversión extranjera en cualquier actividad económica, incluidas aquellas reservadas al Estado; promovió la libre circulación de mercancías y capitales (no así de los trabajadores) con Estados Unidos y Canadá; convalidó la hegemonía del mercado como reguladora de la actividad económica y le cedió el control de la tasas de cambio, de interés, del salario. El Estado se deslindó de promover la actividad económica y el papel del Banco central se redujo a la estabilidad monetaria.
El Tratado de Libre Comercial suscrito con Estados Unidos fue desfavorable para los productores agrícolas nacionales, tanto por la asimetría de disponibilidad de recursos y de rendimientos como por los apoyos públicos transferidos al agro, la desregulación excesiva de las importaciones agropecuarias (no se aplicó el arancel a importaciones fuera de cuota) y el lento crecimiento de los bienes y servicios. Desde la vigencia del Tratado mencionado, el Producto Interno Bruto por persona en México creció a una tasa media anual de 0.9 por ciento; la del sector primario, a 0.1 por ciento; el del sector industrial, al 0.6, y el sector comercio y servicios, que debería generar un empleo digno para 1.5 millones de desplazados del sector primario y para los jóvenes que recién se incorporaban a los mercados de trabajo, solo creció 1.2 por ciento por persona. Esas tasas de crecimiento son casi la tercera parte de las registradas entre 1940 y 1980 y mediocres para las necesidades actuales de empleo e ingreso. Los resultados de la apertura comercial y de la desregulación significaron abandono de cultivos, menores superficies cultivadas, mayor dependencia alimentaria, desempleo rural, mayores niveles de pobreza y de exclusión social, emigración, pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria y, desde hace ocho años, volatilidad de los precios de productos agrícolas. La reforma al artículo 27 Constitucional de 1992 y las recientes de energéticos y minería han legalizado el despojo de los bienes ejidales y comunales en beneficio del capital inmobiliario y las empresas transnacionales: más de la mitad del territorio nacional y del subsuelo se ha puesto a disposición de inversionistas extranjeros para disponer de ellos discrecionalmente: agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad y tierras forman ya parte de los activos de esas empresas y ya reportan a la bolsa como sus propiedades.
La desigualdad social y la distribución regresiva del ingreso son consustanciales a la estrategia y políticas públicas aplicadas en beneficio de las empresas transnacionales, las cuales se han acentuado con la precarización laboral, el lento crecimiento del empleo y del producto, la contracción del gasto público y la volatilidad de los precios de los productos agrícolas. El 60 por ciento de los hogares en México erogó en alimentos 46 por ciento de su gasto corriente monetario en 2012; sus ingresos, además de precarios, son fijos y esas familias no tienen capacidad de respuesta ante la especulación del abasto del huevo, tortilla, arroz, frijol, trigo, oleaginosas y/o forrajeras: el incremento en el precio de los alimentos significa para millones de personas desnutrición, déficit mayores de servicios y disminución generalizada de calidad de vida. Garantizar una mayor producción sustentable de alimentos inocuos, así como su accesibilidad económica y cultural, deberían ser ejes de una política agroalimentaria otra.
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