La primera década del nuevo milenio trajo consigo un cambio de escenario en el mercado agroalimentario global. Después de casi dos siglos de una tendencia decreciente en el nivel de precios de los productos agrícolas, a partir de 2003 los precios internacionales de los productos básicos comenzaron a subir de forma gradual y sistemática hasta alcanzar un pico inusitado en el 2008, cuando alcanzaron su máximo valor en 30 años. Basta con señalar que en los últimos 18 meses de ese periodo, el precio del maíz y del arroz —dos de los principales cultivos básicos sobre los cuales se sustenta la dieta de la población mundial— aumentaron en 74 por ciento y 166 por ciento, respectivamente, lo que supuso la incorporación de 120 millones de personas más al contingente de mil 200 millones de seres humanos que padecen hambre en el mundo.
El alza inusitada de 2008, junto con la que se desató a partir de 2011 —y que aún prevalece—, disparó las alarmas en organismos internacionales como FAO, Banco Mundial, FMI, CEPAL y OCDE, los cuales han advertido en sus respectivos informes las repercusiones de orden económico, social, e incluso político de esta nueva condición, en particular aquellas que pesan sobre los hogares más pobres, los cuales destinan entre 50 y 80 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos.
El análisis de las causas del incremento en el precio internacional de los alimentos revela factores de índole coyuntural y estructural, a partir de los cuales es posible señalar con cierto grado de certeza, que la volatilidad en el mercado agroalimentario llegó para quedarse. La creciente demanda de agrocombustibles, las constantes pérdidas de cosecha asociadas al cambio climático, el proceso de ganaderización generado a partir de los cambios de hábitos de consumo en los países emergentes, el alto costo de los insumos energéticos, así como la baja disponibilidad de tierras cultivables; todos ellos fenómenos asociados al incremento en el precio de los productos básicos, forman parte de las tendencias de mediano y largo plazo que configuran el nuevo escenario global.
Foto de Ángel Flores Martínez
El fin de la era de los alimentos baratos supone un enorme desafío para las familias de escasos recursos, en particular aquellas que habitan en áreas urbanas y periurbanas que no poseen tierra y, por tanto, se ven obligadas a adquirir sus alimentos a precios de mercado.
La Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) engloba todas aquellas actividades que se desarrollan en pequeñas superficies ubicadas dentro de la ciudad o en su periferia, destinadas a la producción primaria, ya sea para consumo propio o para la venta en los mercados locales o regionales.
Dichas prácticas constituyen una estrategia que contribuye a la seguridad alimentaria de los hogares de bajos recursos. Las prácticas agrícolas en contextos urbanos o periurbanos, permiten a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad resolver el problema de su reproducción a partir del suministro permanente de alimentos frescos e inocuos, así como de la generación de empleo e ingresos adicionales que se obtienen a partir de la venta de excedentes agropecuarios y de la pequeña producción pecuaria que se lleva a cabo en los traspatio o en las terrazas de los hogares.
Además de enriquecer la dieta de las familias, la Agricultura Urbana y Periurbana tiene el potencial de fomentar a nivel comunitario el reciclaje de productos industriales, estimular el uso de recursos ociosos, promover el establecimiento y resguardo de áreas verdes en los entornos urbanos, y generar procesos de planificación participativa en el territorio. No obstante, se requiere para ello de su plena incorporación a las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias de escasos recursos.
Pese a su potencial económico y a su contribución a la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, por lo menos en lo que concierne a la experiencia latinoamericana, la Agricultura Urbana y Periurbana no ha sido reconocida plenamente como un factor importante en el desarrollo sostenible de las ciudades. Diversos estudios constatan el vacío en las políticas y estrategias para potenciar estas prácticas como herramienta de seguridad alimentaria, así como la falta de involucramiento institucional y la carencia de metodologías participativas y multisectoriales para generar condiciones de viabilidad y sostenibilidad a este tipo de actividades. Lo anterior resulta grave, sobre todo en un contexto como el mexicano, en el que no existen límites para el crecimiento de las ciudades y en donde la perspectiva de la agricultura periurbana es su desaparición, o en el mejor de los casos, su persistencia en condiciones cada vez más precarias.
A diferencia de los países industrializados, en donde existe un marco legal estricto que define las condiciones de los procesos y los productos que emanan de la agricultura, en México la práctica de la Agricultura Urbana y Periurbana se lleva a cabo bajo condiciones que con frecuencia entrañan graves riesgos para la salud pública y el ambiente. Se trata de pueblos, ejidos y comunidades agrarias que han sido absorbidos por la mancha urbana y que continúan practicando actividades agropecuarias y forestales que se adaptan, no siempre con éxito, a circunstancias diferentes a las de la agricultura tradicional, propia de las zonas rurales. El uso inapropiado o excesivo de insumos agrícolas, la utilización de aguas negras para el riego, y la proliferación de basureros de desechos sólidos aledaños a las zonas de cultivo, son una realidad permanente en estas zonas afectadas por el proceso de urbanización. Lo mismo se puede decir de la competencia por los recursos disponibles (tierra, aguan, mano de obra y energía) los cuales se convierten en fuente de fricciones sociales y disputas entre los actores urbanos, periurbanos y rurales.
Esta situación hace necesaria la definición de un marco institucional apropiado que, además de regular las prácticas agrícolas que tienen lugar en contextos urbanos y periurbanos, asegure el acceso los servicios de investigación, extensión y capacitación a las familias de escasos recursos que están en condiciones de producir sus propios alimentos.
Al respecto, cabe destacar que buena parte de la población que recién se incorpora a las grandes urbes o que habita en la periferia de las ciudades, proviene de entornos rurales, y posee por tanto, saberes asociados a la producción de alimentos, por lo que el desarrollo del potencial de la Agricultura Urbana y Periurbana no es una tarea que deba comenzar desde cero. De hecho, según datos de la FAO y el BID, la agricultura familiar representa más del 80 por ciento de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe; provee a nivel de país entre el 27 y 67 por ciento del total de la producción alimentaria, ocupa entre el 12 y el 16 por ciento de la superficie agropecuaria y genera entre el 57 y el 77 por ciento del empleo agrícola de la región.
En el caso específico de la Agricultura Urbana y Periurbana, una primera cuantificación elaborada por la FAO, basada en datos obtenidos para 18 países en desarrollo de África, Asia, Europa del Este y América Latina, arroja que en tres cuartas partes de los países analizados, el porcentaje de familias urbanas que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas sobrepasa el 30 por ciento, y que en las naciones más empobrecidas este porcentaje alcanza hasta un 70 por ciento. Asimismo, revela que las prácticas agrícolas o ganaderas revisten de particular importancia para los grupos más empobrecidos, quienes destinan la mayor parte de la producción al consumo familiar, aunque en algunos países el porcentaje de ingresos que se derivan de la comercialización de los productos de la agricultura urbana excede el 50 por ciento en el quintil de menores ingresos.
La Agricultura Urbana y Periurbana adquiere particular relevancia en los países que forman parte de la región de América Latina y el Caribe, los cuales presentan, en su conjunto, una tasa de urbanización de 78 por ciento, porcentaje que según proyecciones de la ONU podría alcanzar hasta un 88 por ciento en 2050.
Algunos países de la región han dado ya los primeros pasos en la promoción de esta modalidad de agricultura, como una vía para asegurar el autoabastecimiento alimentario de los sectores más pobres. El caso cubano, por la amplitud y el grado de institucionalización de su Programa de Agricultura Urbana —coordinado por 7 ministerios y 17 instituciones científicas y/o de desarrollo, y en el que participan de 14 grupos provinciales y 169 grupos municipales— es emblemático al respecto; pero también lo son las experiencias guatemaltecas, venezolanas y nicaragüenses, pioneras en el tema de autosuficiencia familiar; las iniciativas que en el ámbito educativo han sido desarrolladas en Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Bolivia, como una vía para fomentar la sensibilización y participación de la población en la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional, e incluso el impulso que en Chile se le ha dado a la producción urbana de alimentos a pequeña escala desde una perspectiva empresarial.
En México, las políticas públicas de apoyo a la agricultura urbana son relativamente recientes y se circunscriben únicamente a la capital del país, donde la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades cuenta con un programa de agricultura sustentable a pequeña escala. Fuera de este ámbito institucional y territorial, las iniciativas corren a cargo de organizaciones ciudadanas, cuyos esfuerzos hasta el momento siguen siendo dispersos y desarticulados.
Conviene preguntarse si en el contexto de crisis alimentaria y de estancamiento económico por el que atraviesa el país, la recuperación de las prácticas agrícolas en las ciudades y su instrumentación a escala familiar, constituye una alternativa viable para atenuar el fenómeno de la desnutrición y la pobreza urbana. De ser así, será necesario retomar el amplio acervo de conocimientos y saberes asociados a la producción agrícola con que cuenta buena parte de la población, e integrarlos en el marco de un programa nacional de capacitación y asistencia técnica que los actualice en función de las necesidades y problemáticas asociadas a su implementación en un contexto restrictivo y limitado como el de nuestras ciudades.
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Página de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades: http://www.sederec.df.gob.mx/
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