En 20 meses de gestión el Ejecutivo federal ha concretado su ciclo de reformas privatizadoras que privilegian la hegemonía del capital transnacional sobre cualquier institución, organismos políticos o movimiento social. Los compromisos presidenciales con las empresas monopólicas se han cumplido a cabalidad, no así otros, los que atañen a la mayoría de los gobernados.
Peña Nieto prometió un crecimiento anual de la economía superior al cuatro por ciento y solo ha logrado la mitad: al finalizar el año en curso, el crecimiento económico sumado de los años 2013 y 2014 será apenas de 3.8 por ciento, menos de lo que prometió para un solo año. La deuda pública durante 20 meses de gestión de Enrique Peña aumentó cinco puntos del Producto Interno Bruto, lo que significa un incremento de 15 por ciento con relación a la deuda pública externa acumulada al 30 de noviembre de 2012. Los empleos a generar en los dos primeros años de esta gestión equivalen a dos terceras partes de los requeridos para satisfacer la demanda de empleo de los que recién acceden al mercado de trabajo; una de cada ocho personas económicamente activa está desempleada o subocupada (labora menos de 15 horas a la semana) y seis de cada 10 ocupados registran condiciones de vulnerabilidad al carecer de acceso a la seguridad social, o realizar autoempleos, o trabajar en micronegocios o actividades de autoconsumo. El salario real ha deteriorado y el costo actual de la canasta necesaria para una reproducción digna de los trabajadores es nueve veces superior al salario mínimo general vigente. La desigualdad en la distribución del ingreso se ha polarizado aún más y la inseguridad pública ha aumentado.
Ya con las macroreformas en marcha, la economía crecerá en el mejor de los casos al cuatro por ciento cada año entre 2015 y 2018 y la tasa de empleo será apenas de uno por ciento, la población subocupada, desocupada y que labora en condiciones críticas de vulnerabilidad habrán aumentado y el ingreso real seguirá deteriorándose. La negativa del Ejecutivo a incrementar el salario mínimo general y mejorar la distribución del ingreso a través de una reforma fiscal progresiva ni augura mejoría en la calidad de vida de la mayoría, mucho menos, cuando se criminaliza la protesta social, se conculcan los derechos laborales y se privatizan los servicios públicos.
El precio de los hidrocarburos no es probable que baje; eso depende del precio internacional del carbón fósil cuya tendencia es al alza con costos unitarios también crecientes; la energía eléctrica no disminuirá su costo, al contrario, se modificará la forma de pago vencido a pago adelantado y es pausible un incremento de tarifas por retiro de subsidios. La explotación del gas shale es altamente contaminante por la inyección de químicos para fracturar las rocas, y la laxitud ambiental para la extracción de minerales le permite a los concesionarios contaminar indiscriminadamente ríos y mantos freáticos. Toda la riqueza del subsuelo se ha concesionado a particulares y el sector estratégico, que era competencia pública, ahora es exclusividad de particulares. Los dos tercios faltantes de la gestión de Peña Nieto prometen ser de mayores consecuencias sociales que lo conocido hasta hoy.
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