En protección al medio ambiente es donde es más obvia la diferencia entre el discurso de los Ejecutivos públicos (federal, estatales o municipales) y las acciones por ellos realizadas. Se reitera en los Planes de Desarrollo (y los informes respectivos de los funcionarios) la prioridad del crecimiento sustentable para lograr mejor calidad de vida, así como la necesidad de cambiar el patrón energético de carbón fósil por otro sustentado en el consumo de recursos renovables y de bajo impacto ambiental. Se promete reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la superficie arbolada para mejorar la captura de carbón y, en los últimos dos decenios hemos perdido más de tres millones de hectáreas de bosques y selvas y la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado 33 por ciento (dos terceras partes de este incremento lo origina el consumo de hidrocarburos). Para colmo, Enrique Peña Nieto presenta la privatización de los hidrocarburos como un gran logro de su gestión, ya que permitirá incrementar la producción petrolera en 40 por ciento e iniciar la extracción de gas por medio del fracking, que es altamente contaminante.
Las superficies arboladas generan diversos servicios ambientales, necesarios para una mejor calidad de vida de los humanos y una relación social menos agresiva con el ambiente: capturan carbón, liberan oxígeno, generan microclimas, disminuyen la contaminación acústica y son centro de recreación y esparcimiento. El crecimiento poblacional en las ciudades y la concomitante demanda de servicios e infraestructura pública se satisface, por lo general, en detrimento de la superficie de bosques, montes y áreas de cultivo y pastoreo: las planchas de cemento o chapopote suplen las áreas verdes y la proporción entre áreas verdes y habitantes se deteriora. La Organización Mundial de la Salud recomienda una dotación de al menos 10 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y de esparcimiento en espacios urbanos y, en la ciudad de Puebla disponemos, en el mejor de los casos, de apenas dos metros por habitante: estamos con un déficit de 80 por ciento.
Ese déficit de áreas verdes se agudiza cuando la visión de modernidad se identifica con el uso intensivo del cemento y privatización del patrimonio público, como es la adicción de Rafael Moreno Valle: plazas y parques se encementan y se mercantilizan los espacios públicos anteriormente destinados a la recreación y esparcimiento. Lejos de promover una política de rescate de espacios públicos y desarrollo de áreas verdes y recreativas que garanticen una mejor calidad de aire para los habitantes de la ciudad capital, al gobernador le fascina destruir las pocas áreas verdes así como la preservación de la fauna avícola regional, como es el caso del Parque Ecológico Revolución Mexicana. No sería la primera vez que el gobernador Moreno Valle altera el uso programable del suelo público, ya sustrajo seis mil metros cuadrados de área verde de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl para obsequiárselas a Televisa y, un sexenio antes, el entonces gobernador Mario Marín también sustrajo área verde de dicha reserva para donárselas a empresas privadas (Colegio Andes, Colegio Progreso, Instituto México, Tec de Monterrey, Iberoamericana). La calidad del aire, la preservación de áreas verdes y el incremento de las superficies de recreación y esparcimiento no es algo que ocupe o preocupe a los ejecutivos estatales.
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