La renovación de legisladores federales no genera expectativas entre los ciudadanos: se desconocen sus facultades, capacidades y autonomías, y se conocen muy bien sus mañas y trayectorias; no inspiran confianza. Cuando ésta coincide con las de presidente de la República, la intención de votos dispensada a senadores y diputados aumenta y, cuando la renovación de diputados no coincide con la presidencial, la participación ciudadana baja en 20 puntos o más. En 1991 la participación ciudadana en la elección de diputados de representación proporcional fue de 65 por ciento; seis años después había caído a 54 por ciento y fue menor a 50 por ciento en los comicios de 2003 y 2009, y para este año, quizá sea menor a 38 por ciento. El tiempo de una campaña intermedia es un tercio menor a la presidencial y los recursos económicos legales y extralegales utilizados también son menores, y la credibilidad en estos personajes es también menor a la de los ejecutivos (federal, estatal o municipal). f: Consulta Mitofsky, La Gran Encuesta Electoral. Punto de arranque. Rumbo al 7 de junio 2015. 
http://consulta.mx/web/images/elecciones/2015/20150228_NA_GranElectoral.pdf
La próxima elección se da en un contexto de más inseguridad pública, pérdida de credibilidad en las instituciones, desaceleración económica, deuda pública creciente y deterioro tanto de las finanzas públicas como de las personales, por lo que es plausible un crecimiento de la abstención electoral. Hace apenas un año, uno de cada tres hogares de la República Mexicana y tres de cada 10 ciudadanos tuvieron la condición de victimización y la tasa media anual de victimización creció en 26 por ciento entre 2010 y 2013; solo seis de cada 100 delitos fueron averiguados (INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Años 2011-2014). Según la fuente citada, la mayoría absoluta de los ciudadanos del país percibe como corruptos a las policías (federal, judicial, estatal, municipal, tránsito, PGR, Ministerio Público y jueces); y las opiniones negativas de los partidos políticos son superiores a las positivas (Mitofsky, Encuesta del 20-22 febrero 2015). Según fuentes propias, el Instituto Nacional Electoral registra casi dos opiniones negativas por una positiva y es obvio el control que ejercen sobre ese órgano electoral los consejeros ciudadanos que son afines al PRI, lo que le resta credibilidad e imparcialidad a dicho organismo. La inseguridad y la corrupción son los grandes problemas del país y el principal responsable es Enrique Peña Nieto cuya gestión desaprueba la mayoría de ciudadanos. En los dos primeros años del sexenio de Peña Nieto la economía ha crecido apenas al ritmo de la población, casi la mitad de lo ofrecido por el Ejecutivo federal, y la deuda pública neta creció cinco puntos del Producto Interno Bruto, lo que se ha traducido en una merma del poder adquisitivo y crecimiento de cartera vencida.
En la encuesta nacional del 20-22 de febrero del año en curso Mitofsky registró una intención del voto no declarada de 37 por ciento, lo que es ya bastante alta para este tipo de pregunta; responder una pregunta de intención de voto antes del inicio de campaña (sin haberse registrado los candidatos) es socialmente correcto, y los entrevistados manifiestan una acción futura, que puede o no realizarse en los términos de la intención. En registros propios del municipio de Puebla de la primera semana de marzo de 2009 la intención no declara de voto fue de 21 por ciento, probablemente hoy sea 70 o 75 por ciento más alta. Cuatro meses antes de la elección federal de 2009, uno de cada tres ciudadanos no se sentía representado por ningún partido, ahora pueden ser casi dos de cada tres quienes así lo manifiesten. El rechazo partidario ha crecido para el PRI y disminuido para el PAN; entre otras causales, por la corrupción, la impunidad, el conflicto de intereses, el autoritarismo y abuso de poder asociado directamente al Ejecutivo federal. Las reformas constitucionales impulsadas por Peña Nieto en beneficio del capital transnacional no fueron compartidas por la mayoría de ciudadanos, y los propagados frutos positivos de la reforma no se ubican en el horizonte, por lo que es posible un voto de castigo hacia el PRI, más enfático en aquellos que reclaman la presentación con vida de las 43 desapariciones forzadas de Ayotzinapa.
Por si no fuera ya un agravio la acción del Ejecutivo federal, el gobernador de la entidad poblana también ha contribuido al hartazgo electoral y alimentado la tendencia abstencionista en el municipio de Puebla. La afectación del patrimonio cultural cholulteca para edificar un proyecto turístico no es compartida por la mayoría de ciudadanos del municipio de Puebla, como tampoco lo es la desaparición de las facultades de registro civil de las juntas auxiliares, la represión y encarcelamiento de los defensores de la identidad y patrimonio cultural y la privatización del agua. Probablemente estos elementos se expresen en ausencias electorales o votos anulados en urnas. Los Ejecutivos federal y estatal registran mayores opiniones negativas que positivas que puedan modificar la cultura del sufragio a cambiar de destinatario, y aunque el PRI sea el partido más repudiado, es el que repartirá, a través del gobierno federal, 14 millones de televisoras digitales; 3.3 millones de apoyos alimentarios, y 26.2 millones de becas del programa Oportunidades —Prospera— (Sedesol, Padrón de beneficiarios, julio-agosto y septiembre-octubre 2014) y, como dijera con elegancia Antonio Machado, se hace camino al andar, y parafraseando al vate, se ve al partido que nunca debería gobernar.
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