José Mújica, expresidente de Uruguay, dejó el cargo con una aprobación de 65 por ciento; Peña Nieto, el Ejecutivo federal de México en su segundo año de gestión tiene 80 por ciento de desaprobación. Entre ambos mandatarios hay una diferencia notable: la honradez del uruguayo y la falta de probidad del mexicano. El primero vive y vivirá en una modesta vivienda que corresponde a su biografía laboral y principios éticos; el segundo, en mansión blanca cuya adquisición nunca ha sido demostrada o respaldada por la declaratoria de ingresos fiscales ni la documentación bancaria que acredite un ingreso legal del adquiriente.
La administración pública federal encabezada por Enrique Peña Nieto hace un uso dispendioso y discrecional del erario e impulsa normas y reformas depredadoras del patrimonio nacional y de la integridad física de los mexicanos; en cambio, al sur del continente, en Argentina, Cristina Fernández emprende el rescate de la riqueza de ese país en beneficio de la mayoría de ciudadanos, enfrentándose al poder de los empresas transnacionales. Al Ejecutivo mexicano lo obceca privilegiar los intereses extranjeros y enriquecerse durante su sexenio: otorga contratos sin licitación y privilegia a su constructor de cabecera, que es el mismo que les edificó lujosas mansiones a él y al actual secretario de Hacienda y Crédito Público. Peña Nieto incumplió su promesa de campaña de dignificar la calidad de vida de los mexicanos y ser eficiente. Lejos de demostrar probidad, nombró a un subalterno para que investigue los conflictos de intereses en que se ha involucrado y nombró Procuradora General de la República a una exsenadora de Televisa, la misma empresa que lo hizo presidente de la República con una campaña mediática sostenida seis años antes de que fuera electo presidente.
A la falta de honradez con que se comporta Peña Nieto habría que agregar la impunidad y cinismo de su actuación y la domesticación que desde la presidencia de la República se hace del Congreso de la Unión: los acuerdos trascendentales y las reformas de gran calado se elaboran en Los Pinos con la anuencia de los poderes fácticos. La cooptación del Poder Legislativo y su actuación contraria al interés de la mayoría de la población generan desinterés por los comicios para renovar a los legisladores federales y aumentan la no credibilidad en el Poder Ejecutivo y Judicial. A esta situación habría que agregar la criminalización de la protesta social, las desapariciones forzadas, los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico, los crímenes de estado y la ausencia de un Estado de Derecho. Peña Nieto debe de entender que no tiene ni ha tenido legitimidad ni credibilidad y que su legalidad, dudosa en principio, cada vez se cuestiona más. La renta de las actividades extractivas ha sido empleada en Bolivia, Venezuela, Brasil y Argentina en beneficio de las mayorías en esos países, aquí, para engrosar las utilidades de las grandes empresas, y aumentar la exclusión social y la pobreza de aquellos a quien debería representar Peña Nieto.
Recomponer el tejido social requiere restablecer la confianza entre nosotros y las instituciones; para ello necesitamos que las instituciones expresen, preserven y defiendan los intereses mayoritarios y que los representantes electos a través del sufragio y los profesionales de la administración pública sean eficientes, probos y congruentes con sus dichos y hechos, Tenemos un pasado que nos dignifica, una heterogeneidad de recursos bióticos y capacidad para su disfrute y transformación sustentable, no sacrifiquemos más a una nación en aras de complacer a los poderes fácticos. Otro gobierno es posible y deseable.
