El derecho a la protesta social debe ser defendido. El Estado mexicano y los medios de comunicación que le son afines han desplegado en los últimos años una estrategia dual de desprestigio y criminalización de la protesta social. En el pasado, el Estado mexicano recurría a la estrategia de ocultar información sobre cualquier brote social y los actos de violencia que padecían dichos movimientos. Los medios de comunicación del régimen simplemente no informaban. Hoy asistimos a una estrategia del todo distinta, los medios masivos presentan información cargada de juicios de valor con la intención de colocar la idea de que la protesta social representa disturbios, violencia, menoscabo de la libertad de tránsito y cuantiosas pérdidas económicas y omitiendo, siempre, la existencia del derecho que se tiene a ejercerla. No se trata ya del ocultamiento, sino de la exposición de datos tergiversados y procesados desde una mirada conservadora y antidemocrática como si fueran hechos a secas.
Ante un escenario de manipulación de la información, los movimientos sociales han optado por no esperar nada de los grandes medios y construir sus propios espacios de comunicación. No extraña entonces que las cifras de ataques al periodismo independiente sean alarmantes en el país, según datos de Artículo 19, en 2013 se registraron 330 agresiones contra periodistas, es decir, 123 casos más que en 2012; entre 2007 y 2013 se registraron 726 agresiones a periodistas o medios de comunicación. Estas cifras no pueden leerse de manera aislada, sino como parte de una estrategia de desprestigio y criminalización de la protesta social. Mientras más se cierran los espacios para disentir y las posibilidades de que las demandas de los movientes sociales sean escuchadas, mayor es la necesidad de la sociedad de organizar medios de comunicación independientes, ellos son perseguidos y violentados desde el Estado, el caso más reciente lo encontramos en el despido de la periodista Carmen Aristegui de la cadena noticiosa MVS.
Los periodistas han sido agredidos de manera sistemática en los conflictos pos-electorales que generaron plantones masivos en la Ciudad de México, en las calles de Oaxaca durante las barricadas de la APPO, en las protestas multitudinarias de indignación por los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidoro Burgos y en las movilizaciones gestadas desde la defensa de los territorios a lo largo y ancho del país. No es casual que de cada 10 periodistas agredidos en 2013, seis lo hayan padecido por parte de funcionarios públicos. Las agresiones son variadas e incluyen las amenazas de muerte, el hostigamiento en redes sociales, los despidos, los levantones hasta llegar a la muerte o la desaparición.
Para el caso de las agresiones estatales a la prensa y su vínculo con la criminalización de la protesta social es necesario separar las agresiones estatales que sufren los periodistas de las que están relacionadas con el crimen organizado. A pesar de esta distinción, la existencia de la violencia del crimen organizado contra el periodismo acaba siendo funcional para la estrategia estatal, convirtiéndose en un culpable difuso de todos los actos violentos que ocurren en el país como ha pasado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapan. Así, cubrir informativamente una protesta se ha vuelto tan riesgoso como entregar información sobre operaciones del narcotráfico, en un Estado como el mexicano que no ofrece garantías para ejercer el derecho a la protesta social ni para documentarla.
Mientras tanto, los medios de comunicación masivos abonan al desprestigio de la protesta y dan cuenta de los hechos difundiendo, siempre, imágenes de actos vandálicos con daños a patrimonio público o privado o bien otorgando espacios de linchamiento mediático a algunos actores clave de la protesta. En esa estrategia de desprestigio se soslaya que la protesta social es signo de densidad democrática y es un derecho humano.
En México la estrategia del desprestigio antecede a la criminalización, la primera se gesta en los medios masivos de comunicación, la segunda en los Congresos. La criminalización ha ganado terreno, en los últimos años Puebla, Chiapas y Quintana Roo han aprobado leyes que avalan el uso de la fuerza contra quienes protestan: la ley bala.
Para el caso de Puebla, la legislación para el empleo de armas —no letales— en el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones fue aprobada en mayo pasado y originalmente incluía el uso de armas de fuego. Unos meses después ocurrió la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, en la que la población rechazaba la desaparición de las oficinas del Registro Civil en las Juntas Auxiliares, una bala de goma hirió letalmente al niño José Luis Tehuatlie, esto ocasionó que el propio gobernador solicitara su derogación ante el Congreso local. En el estado de Puebla hay 133 personas presas por manifestar su oposición a los proyectos gubernamentales.
La derogación de la ley bala es simplemente un paso atrás en una tendencia a la criminalización de la protesta. La aceptación de leyes que regulan las manifestaciones callejeras, el incremento de detenciones arbitrarias, desapego a los protocolos y el uso de la violencia son rasgos de una tendencia nacional. El comité Nestora Libre ha denunciado la existencia de más de 300 presos políticos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La protesta es un derecho amparado en la constitución mexicana y diversos instrumentos internacionales. México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en dicho documento se respalda —en sus artículos 19, 21 y 22— el derecho a la libre expresión, la reunión pacífica y la libre asociación, el pacto fue firmado en 1966 y entró en vigor en 1977, también participa los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de la Organización de Naciones Unidas firmado en 1990 en el que se señala que el uso de la violencia es un recurso de última instancia al que se recurre después de que otros medios resultan ineficaces y que ante todo debe resguardarse la vida humana; asimismo, se especifica que las personas detenidas en protestas no pueden ser objeto de violencia física.
En los últimos años hemos asistido a una serie de procedimientos en los que periodistas y activistas son detenidos sin que sea posible conocer su ubicación. Algunos de ellos son privados de la libertad bajo cargos difusos y bajo una lenta impartición de justicia que los mantiene sin proceso, otros son torturados u hostigados por diferentes mecanismos.
Recordemos simplemente que la protesta es un derecho humano como el de la libre asociación y la libre manifestación de ideas y que no existe bien mayor en una sociedad que se dice democrática que estos valores. La estrategia del Estado mexicano y los empresarios dueños de los medios masivos de comunicación es clara: atacar a los periodistas independientes, cerrar los espacios de comunicación, desprestigiar la protesta y criminalizar a quienes la ejercen. Ahora falta dibujar la estrategia de la sociedad, esa es la tarea y ya es impostergable.
