Durante 22 años de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos hemos importado de ese país un total de 1.8 millones de millones de dólares (mmd) y exportado 2.6 mmd: 82 por ciento de las exportaciones totales van hacia ese país y 55 por ciento de las importaciones vienen de ahí; 70 por ciento del comercio internacional de México es con Estados Unidos. Las ganancias generadas en México tienen como destinatarios a empresas transnacionales ubicadas en ese país y el saldo de la balanza de capital es negativo para México y positivo para ellos. Sale más capital que el ingresado.
Durante los años de vigencia del TLC la población nacida en México y residente en Estados Unidos ha aumentado en 5 millones; en los años de álgido crecimiento de la economía norteamericana, la emigración anual de mexicanos con destino a Estados Unidos fue de medio millón, con saldo neto migratorio negativo para México. Casi la mitad de los mexicanos residentes en Estados Unidos tiene una situación migratoria no documentada; las remuneraciones que perciben los que se ocupan laboralmente son menores a las mínimas reglamentarias; aportan al fisco más de lo que perciben en beneficios, y solo una mínima parte de la masa salarial devengada (9 por ciento) es transferida como remesas a México. La emigración sureña financia el proceso de acumulación en Estados Unidos así como la reproducción de la vida de la población nativa de ese país.
Si los capitales, las mercancías y los inversionistas transitan entre México y Estados Unidos sería lógico y consecuente que hubiera libertad de movimiento para sus pobladores, mucho más ahora que formalmente le endosamos la propiedad de los recursos no renovables, y explícitamente somos su patio trasero que deporta a la mitad de los transmigrantes centroamericanos. Los primeros en emigrar hacia Estados Unidos no fueron los pobladores de México, fue la línea divisoria que se subió unas cuantas estrellas, las necesarias para sumar la mitad de lo que era nuestro territorio nacional. Ahora que ya somos asociados comercialmente valdría la pena que el presidente Enrique Peña Nieto agendara la libertad de tránsito como tema a incorporar en el TLC, esa es una exigencia compartida por la mayoría de mexicanos, en especial aquellos que la emigración ha escindido familias y ocasionado la muerte, depresión y trauma de sus familiares.
Las muertes de mexicanos al cruzar la frontera norte de México llegó a representar uno por ciento del total de emigrados no documentados; el maltrato, estrés, vejaciones y violaciones son comunes en la internación; el mercado negro por la asistencia de ingreso no documentado es de por lo menos de mil millones de dólares con cargo a las finanzas de connacionales; las muertes, secuestros y extorsiones en el tránsito por tierras aztecas vale tanto para centroamericanos como mexicanos; la discriminación, xenofobia y racismo de los sureños de Estados Unidos es pública, y el retorno forzado de mexicanos (indeseados, removidos y deportados) se ha incrementado. Es deseable que el gobierno de México asuma un rol protagónico en la defensa de los intereses de los mexicanos radicados en Estados Unidos así como de la población en tránsito. La emigración internacional beneficia a los países receptores más que a los expulsores; el consenso, la bilateralidad y el respeto a los derechos humanos deben ser principios que deben regir cualquier solución a la emigración no documentada, no es aceptable que se aquilate la capacidad de trabajo inmigrante y se maldiga su cosmovisión.
