Para presentar un comentario sobre la gestión del medio ambiente en México en lo que va del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto parece conveniente partir de lo que se plantea en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el cual inicia con un diagnóstico de la situación del país en este aspecto. Se presenta lo ahí detectado porque sobre ello se debió actuar en lo que va de este periodo presidencial, pero eso será tema de otra comunicación.
Tierra reseca en Chiapas, México. Crédito: Mauricio Ramos/IPS, en www. flickr.com
Dicho diagnóstico reconocía que la economía del país no era sustentable, como lo sigue siendo en este momento. A manera de panorama general se informó que “el crecimiento del país ha estado lejos de ser ambientalmente sustentable. Paralelamente al aumento del producto interno bruto (PIB) crecieron las emisiones de bióxido de carbono (CO2) —el principal gas responsable del efecto invernadero—, la generación de residuos de distintos tipos y la descarga de aguas residuales, a la vez que la cubierta de bosques y selvas se redujo. Esta pérdida y deterioro del capital natural viene acompañada de importantes costos económicos. Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo total del agotamiento y la degradación ambiental (CTADA) representó 6.5 por ciento del PIB en 2011”. Por espacio, solamente se profundiza sobre dos problemas que se describen en ese diagnóstico: el cambio climático y el agua.
El primer problema es importante dada la proximidad de la Reunión sobre el cambio climático en París a finales de año, en donde México deberá presentar lo realizado y los compromisos que habrá de adquirir para el futuro. Sobre este problema se señala que ya están presentes los efectos ambientales, dado que se “incrementó la temperatura media anual de 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008, en consecuencia se elevó el nivel medio del mar de entre 1.8 y 9.2 mm en algunas ciudades costeras del Golfo de México entre los años 50 y el año 2000; y graves sequías en los últimos años. Según el Monitor de Sequía de América del Norte, en los últimos 10 años México sufrió sequías que afectaron hasta 69 por ciento del territorio, con graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. Tan sólo en 2011 y 2012 la sequía afectó 22 entidades y 604 municipios de la República. Los daños estimados por las sequías entre 2001 y 2010 ascendieron a 8 mil 438 millones de pesos”.
Aunque un medio ambiente sano es un derecho constitucional en México, se reconoce que parte de la población está expuesta a mala calidad del aire y del agua o a la degradación de los suelos que afectan su salud y bienestar. De acuerdo al diagnóstico, “a pesar de los esfuerzos realizados en las tres últimas décadas para mejorar la calidad del aire, en las 67 cuencas atmosféricas prioritarias del país viven 72.2 millones de personas expuestas a mala calidad del aire. Según la evaluación del Environmental Performance Index, México ocupó el lugar 79 de los 132 países evaluados por la calidad del aire. La contaminación atmosférica representa el mayor porcentaje de los costos por degradación ambiental en el país, equivalente al 3.6 por ciento del PIB en 2011.
Sobre el segundo problema a señalar, el problema del agua es inquietante, porque se aceptó que gran parte del “territorio mexicano es vulnerable al estrés hídrico, situación que podría agravarse por el cambio climático. Dada la importancia de este recurso para las actividades humanas, así como para mantener la integridad de los ecosistemas (fuente de los bienes y servicios ambientales de los cuales dependemos), el manejo adecuado del agua es un tema capital para el país”.
Se cita en el diagnóstico que, según la “Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 1950 a cada mexicano le correspondían 17,742 m3 de líquido al año, volumen que se redujo a 4,090 m3 en 2010, el cual se clasifica como de disponibilidad baja. Esta cifra es significativamente menor a la de Canadá (84,633 m3/hab/año), Estados Unidos (9,159 m3/ hab/año) y la de los países sudamericanos, aunque ligeramente superior a la de muchos países europeos. El futuro con cambio climático podría agravar la condición de escasez en el país si se considera que tan sólo por el efecto del crecimiento poblacional la disponibilidad podría reducirse para el año 2030 a tan sólo 3 mil 800 m3 por habitante”.
La presión por agua, en conjunto con una inadecuada política de aprovechamiento, ha conducido al uso no sostenible de sus fuentes de abasto en el país. Nuevamente en el diagnóstico se indica que “según la Conagua, de la demanda nacional del líquido (calculada en 78.4 miles de millones de m3), cerca de 15 por ciento proviene de fuentes no sostenibles, y de este porcentaje 56 por ciento se extrae de acuíferos considerados sobreexplotados. En 2011, 101 de los 635 acuíferos reconocidos se catalogaban como sobreexplotados. A pesar de ser poco menos de 16 por ciento del total de acuíferos, abastecen a cerca de 60 millones de habitantes y constituyeron, en ese mismo año, la fuente de 58 por ciento del agua subterránea empleada en el país. En términos económicos, en 2011 el costo asociado al agotamiento de las aguas subterráneas ascendió a 27 mil 733 millones de pesos, es decir, 0.2 por ciento del PIB de ese año. La situación de no sostenibilidad del uso del agua subterránea y superficial podría agravarse si se considera que de acuerdo a las proyecciones, en un escenario tendencial, la demanda de agua a nivel nacional podría duplicarse para 2030 y alcanzar los 23 mil millones de m3; con un escenario de cambio climático la demanda podría alcanzar 36.3 mil millones de m3”.
La escasez y la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento de agua se agravan por la contaminación. La descarga de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento afecta la calidad de los cuerpos de agua poniendo en riesgo la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y su utilización como fuentes de abasto para la población y las actividades productivas. Los costos económicos de la contaminación del agua por descargas de aguas residuales no tratadas alcanzaron en 2011 según el INEGI 0.4 por ciento del PIB de ese año. Aunque el aumento en el volumen de agua residual tratada ha sido importante en los últimos años, resulta todavía insuficiente.
Cambio climático y problema del agua son solamente dos de los problemas que debieron atenderse con prontitud y eficiencia durante los primeros tres años de gobierno, lamentablemente se hizo poco y no se puede hablar de avances en su solución. Mientras tanto los problemas se agravan y los mexicanos habremos de resentir sus consecuencias.
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