La creación de un marco jurídico e institucional y de una cultura de transparencia gubernamental en México ha sido un proceso difícil y lento que suma ya 13 años. En ese lapso, los ciudadanos han tomado conciencia de su derecho a acceder a información sobre los asuntos públicos y, a su vez, los actores políticos han tenido que incorporar el tema en sus discursos y oferta de campaña ante la demanda social existente.
Muestra de lo anterior es que en la Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018 del PRI, éste reconoce que: “La transparencia y rendición de cuentas son principios básicos del Estado de derecho y el régimen democrático. Sin información pública, los ciudadanos no pueden valorar objetivamente la gestión de sus gobernantes y los gobiernos no pueden obtener información completa sobre las demandas y exigencias de la ciudadanía” (2012, p. 16) El PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, ofrecieron en campaña varias propuestas sobre este tópico entre las que destacan las siguientes:
Otorgar mayores atribuciones para el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a efecto de que en un marco de autonomía tenga facultades para vigilar el cumplimiento y resolver sobre posibles negativas de acceso a la información de los poderes Legislativo y Judicial y pueda imponer sanciones por incumplimiento a sus resoluciones.
Ordenar a los sujetos obligados a que generen información en el caso de que sea declarada previamente como inexistente, siempre que esto guarde relación con sus mandatos legales.
Establecer un sistema de rendición de cuentas que combata la corrupción, evite la impunidad y promueva la transparencia de las instituciones de gobierno, involucrando a la sociedad. (PRI, 2012, p. 17)
En el primer discurso que pronunció en su calidad de titular del Ejecutivo federal, el 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto anunció 13 prioridades de su mandato, pero no dedicó ni una sola palabra a la transparencia (2012). No obstante, un día después se firmó entre el presidente y los líderes del PRI, del PAN y del PRD, el llamado Pacto por México que estableció entre sus acuerdos realizar tres reformas: una para mejorar la rendición de cuentas contable; otra para ampliar las facultades al IFAI y la última para crear un sistema nacional anticorrupción. (2012)
La Casa Blanca: el escándalo que nos situó en la realidad
En noviembre de 2013, después de 14 meses de discusión en los que privó la opacidad legislativa, ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobaron una reforma a la Constitución en materia de transparencia que tuvo avances importantes en buena medida como resultado de la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil. Entre éstos destacan la dotación de autonomía constitucional y el fortalecimiento del IFAI y de los órganos locales, así como la incorporación como sujetos obligados directos de la ley a los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos y toda persona física o moral que reciba recursos públicos. La reforma estableció un plazo de un año para aprobar la Ley General de Transparencia y actualizar el resto del marco jurídico de la materia.
Entre los cambios, no obstante, también hubo un retroceso significativo: el que la Consejería Jurídica de la Presidencia pueda impugnar ante la SCJN las resoluciones del IFAI —ahora el INAI— si considera que pone en riesgo la seguridad nacional. (2013) Este fue, sin duda, el primer síntoma de la resistencia gubernamental al escrutinio público.
En febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional e inició la discusión para crear la Ley General de Transparencia. El Senado mostró apertura e invitó a varias organizaciones para colaborar en un proceso que parecía podría conseguir avances importantes en la nueva legislación; sin embargo, el 9 de noviembre de 2014 se difundió el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, realizado por el equipo de investigaciones especiales de Carmen Aristegui. La investigación, que cimbró a la sociedad mexicana por documentar la corrupción peñista, fue realizada en buena medida con datos obtenidos a través de solicitudes de información.
Unos días antes había ocurrido la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero. A este hecho, que puso en evidencia el grado de penetración del narcotráfico en las estructuras de gobierno, se sumó el escándalo de la casa del presidente, construida por uno de sus principales contratistas, Juan Armando Hinojosa Cantú. Las alertas se encendieron en la esfera del poder, la discusión en el Senado se cerró a la sociedad y se hicieron intentos, encabezados por el Partido Verde y el PRI, de introducir graves retrocesos a la iniciativa, entre los que se contó la intención de reservar la información vinculada con violaciones graves de derechos humanos y aumentar la estabilidad económica como causal de reserva. Las organizaciones sociales respondieron con la campaña “No destruyan la ley de transparencia” y movilizaron a la opinión pública lo que presionó a los legisladores, que finalmente aprobaron la ley que “no alcanzó todo lo deseable”, pero tampoco introdujo todos los retrocesos que intentaron” (2015)
El escándalo de la Casa Blanca se pretendió enterrar con una investigación realizada por un amigo del presidente, Virgilio Andrade. Los documentos se hicieron públicos a través de una versión que testa información importante como montos, costos y nombres. El hecho ha impactado sin duda en la credibilidad de Peña Nieto y en la caída de su valoración tanto en México, como en el extranjero.
La divulgación de la averiguación previa
del caso Ayotzinapa, un caso emblemático
El 11 de octubre de 2015, la Procuraduría General de la República difundió la versión pública de la averiguación previa de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Las 54 mil fojas y sus anexos fueron testados, bajo la supervisión del INAI, para garantizar el derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia de los involucrados en el caso. El hecho ocurrió después de que el portal Animal Político solicitara la información y recurriera la reserva de la misma. Con los datos difundidos, periodistas y organizaciones sociales han empezado a mostrar contradicciones e información relevante que hasta ahora no se conocía.
No ha habido la misma consideración para la averiguación previa del caso Tlatlaya, en manos de la Procuraduría de Justicia Militar, que había reservado la información por 12 años, aunque el INAI redujo el plazo a dos.
Por los caminos de la resistencia
Es evidente que entre el discurso de campaña y la realidad del ejercicio gubernamental que encabeza Enrique Peña Nieto hay una brecha enorme. Es evidente que la promesa de encabezar un gobierno transparente, honesto y eficaz ha quedado en eso, una promesa más; sin embargo, es importante destacar el papel jugado por la sociedad civil en la lucha por defender su derecho a saber sobre lo público y a exigir cuentas; sin esa participación, la regresión en este tema sería mayor.
Referencias
Colectivo por la Transparencia. (2015, abril 20). Posicionamiento: Los retos de la transparencia [Institucional]. Recuperado el 7 de noviembre de 2015, a partir de http://www.iniciativasinaloa.org.mx/posicionamiento/
Colectivo por la Transparencia, & México Infórmate. (2013, agosto 23). Posicionamiento frente a la reforma en materia de Transparencia [Institucional]. Recuperado el 7 de noviembre de 2015, a partir de http://fundar.org.mx/posicionamiento-frente-la-reforma-en-materia-de-transparencia/
Gobierno República, PAN, PRD, & PRI. (2012). Acuerdos del Pacto por México [Institucional]. Recuperado el 16 de junio de 2015, a partir de http://pactopormexico.org/
PRI. (2012, febrero). Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018 PRI. PRI. Recuperado a partir de http://genero.ife.org.mx/docs/pp2012/PE_PRI_genero.pdf
Redacción Animal Político. (2012, diciembre 1). Las 13 propuestas de Peña Nieto (discurso íntegro) [Periodística]. Recuperado el 7 de noviembre de 2015, a partir de http://www.animalpoliti-co.com/2012/12/conoce-las-13-propuestas-de-pena-nieto/
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