La investigación científica y tecnológica (ICT) ha adquirido una gran atención de los elaboradores de las políticas públicas desde hace ya varias décadas, en especial a partir de considerar que es fundamento para la elevación de la productividad y la competitividad de las empresas y de los países. El funcionamiento de la economía mundial y las expectativas de los sectores dominantes del capital para superar la crisis actual reafirman la relevancia de la ICT.
Por lo anterior, no es nada original que en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración peñista se plantee como objetivo “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, definiendo cinco estrategias: incremento de la inversión, la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, elevar las capacidades regionales, impulsar la vinculación empresa-universidad, y el desarrollo de la biotecnología (ver Presidencia, 2013).
En este contexto se concretó el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 2014-2018, que es una continuidad de los planteamientos y programas establecidos desde 2002, con algunas pequeñas modificaciones. Los objetivos y metas plasmados son seguidos puntualmente y “valorados” en el informe presidencial. No es posible desarrollar un análisis detenido de todos ellos en este espacio, por lo que nos centraremos en un elemento que nos parece que es fundamental en estas políticas: el interés por que el sector productivo (empresarial) se vuelva competitivo y desarrolle sus capacidades y actividades tecnocientíficas. Lo cual se ha traducido en una creciente privatización y mercantilización de los fondos públicos y de las actividades de las instituciones públicas.
Inversión inalcanzable e incapacidad empresarial
Al igual que en el sexenio de Vicente Fox, en el gobierno de Peña Nieto el sistema de ciencia y tecnología es considerado en una fase previa al “despegue”, en el caso del gobierno del cambio se denominó a ese periodo como de “cimiento”, en la administración actual se le caracteriza como “etapa de fortalecimiento y coordinación”; la cuestión es que, a pesar de haber una continuidad en las políticas de los últimos tres periodos presidenciales, no logramos el anhelado “despegue”.
Ya desde el periodo foxista, se planteó que al final de sexenio se llegaría a la inalcanzable inversión de 1 por ciento del PIB en investigación científica y desarrollo tecnológico (IDE), y de manera persistente (o necia) se ha reiterado esta meta para la actual administración. Sin embargo, a mitad del sexenio, ya se vislumbra que tal inversión no será alcanzada.
En el mismo sentido, uno de los dulces sueños gubernamentales ha sido que la inversión privada en IDE sea superior a 50 por ciento del total, pero la necia realidad es contundente, la tendencia de los últimos 10 años ha sido a la baja, si en 2007 representó 45 por ciento para 2015 el sector privado solamente aportó 25 por ciento de la inversión total en IDE. Pareciera que la competitividad del capital dominante, su inserción en la economía mundial, está basada más en estrategias de seguimiento tecnológico y salarios bajos, que en posiciones de innovación y desarrollos productivos de punta.
Frente a la incapacidad empresarial, la privatización de los recursos públicos
Ante esta “debilidad” empresarial, las administraciones presidenciales neoliberales han optado por incentivar y fomentar la inversión privada en IDE, buscando diversos mecanismos: desde la exención fiscal hasta el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, pasando por la promoción de “alianzas” academia-industria (vinculación) y la paranoia del emprendimiento y la incubación empresarial. Al respecto se puede ver que tan solo a través del “Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación” durante el periodo 2009-2014 se han transferido recursos públicos a las empresas por un total de 15 mil 444 millones de pesos; solo en la convocatoria 2014 el gobierno subsidió la IDE privada por un total de 4 mil 286 millones de pesos.
En esas transferencias destacan las empresas “mexicanas” como son Volkswagen, Ford, Unilever, Intel, Honeywell, según los objetivos de ese programa, se trata de “incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación”. Paradójicamente, las patentes solicitadas ante el IMPI siguen siendo bastante pocas y fundamentalmente de origen extranjero (92 por ciento del total).
Podemos sumar a este tipo de incentivos y fomentos a la innovación los financiamientos otorgados a través del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía – Co-nacyt (FINNOVA) que en el periodo 2011-2014 alcanzó el monto de un mil 102 millones de pesos, solo en el último año (2014) fue de 334 millones. En este caso, encontramos como beneficiarios no solo a empresas sino también a instituciones de educación superior (públicas y privadas). Los proyectos son más diversos, van desde desarrollos de modelos o prototipos tecnológicos hasta campañas publicitarias de emprendurismo e innovación, pasando por proyectos y unidades de vinculación universidad-empresa. Estas transferencias hacia el sector privado abarcan también a sus instituciones educativas, un ejemplo de ello es el ITESM, que en el periodo recibió 40 millones de pesos, en tanto que a la UNAM le aprobaron 13.6 millones.
Formación de científicos e investigadores:
privatización-mercantilización, flexibilidad laboral y subcontratación
Otro ejemplo de la creciente transferencia de recursos públicos hacia el sector privado, es el pago del estímulo a los investigadores perteneciente al SNI que laboran en instituciones privadas, ya en 2008 se había aprobado pagar 30 por ciento de ese estímulo, pero a partir de enero de 2014 se firmaron los convenios necesarios para implementar la medida que había sido aprobada en diciembre de 2012.
Por otro lado, hay que recordar que desde la administración foxista se inició un proceso de disciplinamiento de los investigadores del sector público, que impuso la lógica del productivismo a los centros de investigación Conacyt y la concretó en las instituciones universitarias y tecnológicas públicas: los ingresos de los investigadores se elevan por encima de sus salarios nominales en función de su productividad, además de que se les condiciona a la generación de recursos para sus proyectos; así, los investigadores van adquiriendo cada vez más una racionalidad de comercialización (mercantilización) de sus desarrollo tecnocientíficos, lo cual se expresa en un ingreso por venta de servicios de los centros de investigación e instituciones de educación superior.
Junto a lo anterior, en la medida que se busca la ampliación de la masa crítica de científicos y tecnólogos a través del fortalecimiento de los posgrados pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) —basado en un conjunto de lineamientos que definen lo que se entiende por calidad, pertinencia y eficiencia— también se ha ido exacerbando la emigración (la mal llamada fuga de cerebros) y el desempleo de los posgraduados. Según los cálculos de José Luis Ávila (2013), en el año 2000 había 62 mil 013 mexicanos con posgrado viviendo como residentes en Estados Unidos, cifra que se elevó a 152 mil 851 para 2012; cantidad que contrasta con los integrantes del SNI, que en ese año eran 18 mil 554.
Indudablemente que es de suma importancia el financiamiento de la formación de científicos y tecnólogos de alto nivel: en el sexenio calderonista creció el número de estudiantes en posgrado en 13.9 por ciento, en tanto que en los tres años de la administración actual se ha elevado en 7.4 por ciento. Sin embargo, el incremento de estos cuadros de alta calificación se contradice con la escasa demanda por sus servicios, en especial de algunas especializaciones vinculadas con las áreas de ciencias naturales y físicas, así como de las tecnológicas; por el lado de las empresas se emplean más los especialistas en ciencias económico administrativas y es muy limitado el empleo vinculado a las actividades de innovación y desarrollo tecnológico; por el lado de las instituciones educativas públicas, las restricciones a nuevas plazas limita el empleo de estos nuevos posgraduados.
Un recurso “novedoso” que ha implementado la actual administración ha sido la promoción de las Cátedras Conacyt, que para 2015 se elevan a un total de 478 y había inscritos en el Padrón de Jóvenes Investigadores 4 mil 970 —que pueden considerarse como desempleados o que están buscando mejores condiciones laborales. Con estas Cátedras se impulsa de facto la subcontratación, pues su estatus laboral depende del Conacyt, con pocas o nulas expectativas de permanencia en éste y están trabajando para otra institución: “Son plazas de servidores públicos que formarán parte de la plantilla de servicios personales del Conacyt sin un tiempo determinado.” (Conacyt, 2015), siendo “comisionados” en otra institución.
Rezago científico-tecnológico ¿insalvable?
Como puede observarse, las políticas implementadas hasta ahora buscan llamar la atención del sector empresarial para que invierta en IDE y se convierta en competitivo; transfiriendo recursos públicos, subordinando a los centros e instituciones de educación superior a ese objetivo y sometiendo a los investigadores a la lógica de la flexibilidad laboral, del productivismo y la mercantilización de sus actividades (respecto a esto último es interesante analizar las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y que están a punto de aprobarse).
Sin embargo, el problema de fondo es que las empresas tienen diversos caminos para ser competitivas, dependiendo de sus nichos de mercado y de su nivel de internacionalización; pero todo esto está función de la división internacional del trabajo y la manera en que nuestra economía está inserta en el patrón de acumulación vigente, neoliberal. No es extraño que buena parte de las transferencias de recursos públicos sea hacia empresas trasnacionales, quienes desarrollan sus tecnologías en sus países sedes y aquí solo instalan pequeños centros de adaptación tecnológica. El problema no está solo en las políticas públicas, sino en el modelo de acumulación impuesto por los sectores capitalistas dominantes.
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