A los periodistas asesinados, desaparecidos y asediados, por investigar a la corrupción política mafiosa y por dedicar sus vidas al ejercicio de la libertad de expresión, necesaria para toda democracia con seguridad humana.
2015, Lavado de dinero
y corrupción política: El arte de
la delincuencia organizada
internacional. México, Random House
Se estima que 21 millones de personas en el mundo trabajan en condiciones infrahumanas ya sea en granjas, obras en construcción, fábricas de ropa o en la industria sexual. Sólo ese delito genera ganancias por más de 150 mil millones de dólares anuales. Los delincuentes requieren esconder el origen de este dinero por medio de un proceso denominado lavado o blanqueo de dinero.
El lavado de dinero es cada vez más sofisticado y globalizado gracias a los avances tecnológicos. Pero sin importar la complejidad y creatividad de las redes criminales se requiere de la complicidad entre delincuentes y políticos.
En 2012 las autoridades de Estados Unidos detectaron que el banco HSBC podría haber sido utilizado por narcotraficantes de México y Colombia para introducir sus ganancias ilegales en el mercado financiero formal.
La investigación pudo determinar que las sucursales de HSBC en el estado de Sinaloa, y sólo en 2008, habían presuntamente canalizado unos 1100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos (11 232 000 dólares diarios). El informe fue tan preciso que incluso pudo determinar que para hacer más efectivo el depósito de cantidades tan elevadas de billetes, los lavadores diseñaron cajas especiales del tamaño exacto de la ventanilla de la sucursal bancaria: así, el dinero nunca estaba a la vista y los cajeros podían llevarlo directamente a la bóveda.
Se observan con mayor frecuencia acusaciones por corrupción política a funcionarios del más alto nivel, muchos relacionados con el lavado de dinero. El caso de José Sócrates, primer ministro de Portugal (2005-2011) es un ejemplo de acusaciones penales por presuntos nexos delictivos organizados: el funcionario fue detenido a finales de noviembre de 2014 bajo cargos de lavado de dinero, corrupción y fraude fiscal. Según la imputación penal, Sócrates habría sido financiado por un amigo para mantener una lujosa vida en Francia después de su labor como ministro en su país; la forma de hacerlo incluía la compra de miles de ejemplares de su tesis universitaria. Varios funcionarios portugueses fueron acusados por lavado de dinero ligado al tráfico de influencias en la venta de visas migratorias a cambio de inversiones de más de 500 mil euros en los mercados inmobiliarios.
Presidentes, primeros ministros, legisladores y personal judicial del más alto nivel han sido sujetos a acusaciones parecidas en todo el orbe en los últimos años. En un escenario ideal, en países con sistemas judiciales relativamente efectivos y una sociedad civil vigilante, estas detenciones detonarían investigaciones patrimoniales y decomisos importantes que involucrarían a empresas transnacionales. Sin embargo, estas investigaciones patrimoniales y decomisos brillan por su ausencia en naciones con instituciones judiciales y administrativas menos desarrolladas o sujetas a controles políticos discrecionales, así como con una sociedad civil pasiva, paternalista y acostumbrada al autoritarismo de un partido único de Estado, tal como México o Rusia. Lo anterior entorpece aún más el desarrollo democrático, ya que este tipo de ambiente institucional es mucho más probable que un candidato político mafioso acceda al poder que otra persona honesta financiada. Estos problemas, que conjugan corrupción de naturaleza política y delincuencia organizada, cobran importancia crucial en países que aún transitan hacia regímenes democráticos integrales, como Indonesia, México, Nigeria o Pakistán, por mencionar sólo algunos. En ellos, las élites políticas se resisten imponer controles judiciales, patrimoniales y sociales a los mismos políticos y a los empresarios, a los sindicatos y a veces hasta a las organizaciones criminales que financian sus actividades políticas. El caso más reciente que ejemplifica esta impunidad institucionalizada lo representa la captura, la fuga (con corrupción institucional) y nuevamente la captura de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como el Chapo.
Siendo el Chapo una de las personas más ricas del planeta y uno de los capos más buscados de una de las más poderosas organizaciones criminales del orbe las autoridades políticas mexicanas habían bloqueado su extradición a Estado Unidos. Además, resultó ser que ninguna autoridad impulsó acusación penal alguna contra cualquiera de sus múltiples redes de socios y franquicias empresariales, o contra políticos asociados a sus actividades; tampoco se tocó ningún activo ligado a él. Prevaleció un pacto de impunidad política y una parálisis premeditada del sistema judicial mexicano. Con base en la experiencia de muchos países con sistemas judiciales funcionales (Colombia, Italia o Japón), uno esperaría que el procesamiento de un capo de capos como el Chapo normalmente derivaría casi de inmediato en la detención y el procesamiento de cientos de políticos corruptos, empresarios y sindicalistas lavadores de dinero. Nada de eso sucedió. No hace falta mucha teoría para comprender lo que sucede cuando se da rienda suelta a la corrupción política en países como México (conflicto de interés, sobornos, tráfico de influencias, financiamientos ilícitos de campañas políticas, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos), y a su derivación directa y predilecta por las clases políticas sucias: el lavado de dinero.
El lavado de dinero impacta negativamente anulando parcial o completamente el desarrollo de las instituciones políticas y transforma a los procesos electorales convirtiéndolos en una simulación democrática. Esta situación no se agota sólo en la inmoralidad de encontrarse y someterse ante una clase política mafiosa: lo peor de todo es que la corrupción política y el lavado de dinero conllevan desviaciones de presupuestos públicos hacia las arcas y cuentas bancarias de criminales, y no hacia la construcción de infraestructuras sociales de combate a la pobreza y la inequidad más extrema, lo cual después se mide en millones de muertes al año de menores de edad y demás personas socialmente vulnerables. En ese sentido, la corrupción política ligada al lavado de dinero debería también clasificarse dentro de los tipos de comportamiento antisociales delictivos contra la humanidad.
