Los móviles son múltiples, el resultado el mismo: hay una disminución permanente del área verde de la ciudad de Puebla. El crecimiento de los espacios comerciales, de servicios y habitacionales, además de las vialidades, han alterado la relación entre población y áreas verdes. Los servicios ambientales asociados a la vegetación son obvios: calidad del aire, regulación del clima y vientos, menor contaminación acústica y protección a la biodiversidad. Tan necesario es para la vida humana que la Organización Mundial de la Salud considera un mínimo de nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante y un óptimo entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante.
En el invierno de 2009 Víctor Hugo de Gante y Maricela Rodríguez publicaron un artículo sobre áreas verdes en el municipio de Puebla y estimaron un promedio de 1.58 metros cuadrados por habitante en los años 90, y de 1.5 metros cuadrados en 2006 (Revista Elementos No. 76, diciembre 2009- febrero de 2010), menos de la quinta parte del mínimo recomendado. En 2015 el presidente municipal de Puebla declaraba que había duplicado la superficie de áreas verdes en dicho municipio; eran ya 306 hectáreas (1.9 metros cuadrados por habitante). La preservación de estos espacios no parece importarle a nadie, menos a los desarrolladores inmobiliarios, quienes simulan incendios, destruyen discrecionalmente la flora y agotan los pocos espacios arbolados de la ciudad. No se pretende que seamos como Curitiba o Nueva York, afamados por sus espacios verdes, pero al menos lo que la norma de salud indica: cinco veces la superficie actual.
Con dos tercios de la población que devenga menos de tres salarios mínimos es poco probable que sus viviendas tengan huertos, jardines y zonas arboladas. El rentismo de las inmobiliarias y su connivencia con las autoridades municipales garantizan una reglamentación laxa del suelo urbano, con mínimas responsabilidades sobre áreas verdes o preservación de las existentes. Las áreas verdes de los camellones han sido adoquinadas en algunos casos, en otras, usurpadas para ciclovías. Los parques han sido encementados y se pretende convertirlos en plazas comerciales. No hay un compromiso sistemático ni una acción coherente del Poder Legislativo para aumentar áreas verdes de los municipios urbanos y mejorar de esa manera la calidad de los servicios ambientales y con ello coadyuvar a una mejor salud de los angelopolitanos.
El colmo de la barbarie fue la destrucción planificada de tres mil 100 árboles en lo que fuera Jardines de la Montaña —ahora Bosques del Pedregal— en la capital poblana para construir un fraccionamiento de 12 mil viviendas. El pretexto aducido fue la construcción de una vialidad, el leit motiv, un desarrollo inmobiliario promovido por un ex funcionario público. Este ecocidio es uno más de los que en esa zona han perpetrado los desarrolladores inmobiliarios para utilizar áreas protegidas y cambiar, por los hechos, el uso del suelo (La Jornada de Oriente, 26/05/16, página 3). Estas acciones son antagónicas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible en cuanto al compromiso de acciones concertadas para la gestión de ciudades sustentables, la captura de carbono, disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un desarrollo de bajo impacto ambiental. Es conveniente discutir qué tipo de transporte público y privado utilizaremos, qué vialidades se priorizarán, cuáles serán las normas ambientales que regulen las emisiones de gases de efecto invernadero y el tipo de vivienda que estamos desarrollando.