De las macrorreformas impulsadas por Enrique Peña Nieto y aprobadas por las legislaturas federales de los partidos Acción Nacional, Institucional Revolucionario y de la Revolución Democrática, la energética y la de educación han sido las que más protesta social han generado. Lejos de escuchar y dialogar con los interlocutores, la respuesta institucional fue criminalizar la lucha social, convertir en delincuentes a quienes por medios pacíficos invocan la Constitución Política de México y reclaman los Derechos Humanos ahí consignados. Las macroreformas se impusieron para beneficio del capital transnacional en un contexto de deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, creciente inseguridad pública y una corrupción generalizada de funcionarios públicos; la violencia de Estado ejercida no ha amedrentado la protesta y a pesar de los asesinatos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, la respuesta social se ha visibilizado y expresado de múltiples formas, no necesariamente excluyentes.
Una de las manifestaciones del malestar social de los mexicanos ha sido la electoral: el PRI perdió este año seis gubernaturas que actualmente gobierna (Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua; en las tres últimas han sido público los excesos de deuda pública contraída y falta de transparencia); la participación electoral entre las elecciones de diputados federales de 2015 y las de gobernador de 2016 aumentó en 30 por ciento en esas 12 entidades: de los 2.3 millones de nuevos votos entre ambos procesos, el PAN aumentó 1.7 millones de votos, Morena en 800 mil, el PRI en 400 mil, el PRD en 125 mil y decreció el voto de los partidos Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social, ninguno de estos cinco partidos tuvo el tres por ciento mínimo para tener acceso a prerrogativas (La Jornada, 13/06/16, página 16). De 12 gobernadores electos en 2016, el PRI ganó cinco (refrendó Zacatecas, Tlaxcala e Hidalgo y recuperó Sinaloa y Oaxaca), la pérdida de siete gubernaturas puede interpretarse como un voto de castigo.
La inseguridad es un problema que preocupa a la ciudadanía y exige respuestas puntuales al respecto: en Tijuana, Julián Layzaola Pérez, teniente coronel retirado se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en ese municipio (2008-2009) y al parecer tuvo éxito en ese cargo; en 2016 fue postulado a Alcalde de Tijuana por el Partido Encuentro Social y registró casi los mismos votos que el PRI. En Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense fue el segundo en votación en la actual elección de gobernador. En Chihuahua el empresario José Luis Barraza González se postuló como candidato independiente a la gubernatura y obtuvo la tercera votación, más alta que la suma de los votos de seis partidos políticos que contendieron en esa elección. La necesidad de cambiar las políticas públicas crea la ilusión de que los candidaturas independientes o los partidos estatales (14 y 10, respectivamente, en las recientes elecciones de gobernador) pueden lograrlo, en ambos casos, esa fue la expresión del seis por ciento de los electores en la reciente renovación de 12 gubernaturas; el grueso de los electores (dos tercios) se definió por el PRI y PAN, quienes ostentan el mismo nivel de sufragios, Morena se ubicó dos tantos arriba del PRD y a la mitad de los votos del PAN o del PRI.
Otra de las formas en que se afronta la violencia de Estado es a través de la resistencia organizada; acciones emblemáticas, pero no las únicas, son las expresadas por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el magisterio militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); la estoica defensa que de su organización realiza la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de octubre), o la digna exigencia de Elia Tamayo de justicia por el asesinato de su hijo José Luis Tehuatlie Tamayo. Puebla era la entidad de la República donde se registraban los más altos niveles de criminalización social; hace un año Miguel Ángel Rosas Bourguess, del Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla recordaba que había 241 personas hostigadas, perseguidas, acosadas o encarceladas por defender sus ideales, después estaba Oaxaca con 80 personas (La Jornada de Oriente, 10/08/15); entre las principales demandas enarboladas por los criminalizados en Puebla destacaban la defensa del patrimonio ambiental y cultural; la defensa de la propiedad de la tierra y del territorio; el transporte urbano de pasajeros, las reformas orgánicas a la ley municipal y la libertad de expresión y manifestación.
Rubén Sarabia Sánchez es conocido como Simitrio, es fundador de la UPVA 28 de octubre, ha sido su dirigente histórico desde hace cuatro decenios y es el preso político preferente del gobernador en turno. Hace 27 años, Mariano Piña Olaya, en ese entonces gobernador de Puebla lo aprehendió y recluyó en el Cereso de San Miguel de la capital poblana, posteriormente fue trasladado a cárceles de máxima seguridad (Puente Grande en Jalisco y Almoloya de Juárez en el estado de México); el 11 de abril de 2001 salió en libertad preparatoria, y el 19 de diciembre de 2014 fue nuevamente aprehendido: la sentencia que se dictó a Simitrio el 4 de julio de 1989 fue por 25 años y seis meses, la condena se extinguía el 4 de enero de 2015; dos semanas antes se le recapturó y hasta la fecha sigue preso. Además de Simitrio, están presos sus hijos (Rubén y Xihuel) y Luis Fernando Alonso Rodríguez, vocero de la organización mencionada. Además, hay órdenes de aprehensión contra su esposa (Rita Amador López), su nuera (María de la Luz Gálvez) y sobre otros dos dirigentes: Sergio León López y Silverio Montes Silva (Samuel Porras Rugeiro, “Simitrio: el derecho al revés/I al XLIII”, La Jornada de Oriente, del 15/01/15 al 21/06/16). Por defender a sus agremiados, vindicar su autonomía del gobierno y externar una posición crítica hacia la gestión del gobernador poblano, la organización UPVA 28 de octubre ha sido acosada de una manera intensa y sin tregua.
La reforma educativa es básicamente laboral; los contenidos pedagógicos o académicos nunca se conocieron ni fueron consensados con el magisterio ni su representación gremial. Los docentes de la CNTE han presentado iniciativas pedagógicas y académicas que corresponden a las cosmovisiones de las sociedades donde imparten docencia, algunas ya están en marcha, otras son propuestas para su discusión sustentadas en la experiencia de su ejercicio magisterial. Estas iniciativas no fueron consideradas por el Ejecutivo federal, al contrario, sus promotores fueron calificados de irresponsables, de defender privilegios y de oponerse a la calidad de la educación; se les minimizó, se les desprestigio mediáticamente y se les amagó con despedirlos si no aceptan la mencionada reforma educativa. Las protestas del magisterio organizado en la CNTE se generalizaron y se visibilizó que tenían el apoyo de los padres de familia y de sus comunidades, que había autoritarismo del titular de la Secretaría de Educación Pública y que no existía la mentada Reforma, sino un cambio sustantivo de la relación laboral de los docentes que afecta su ingreso, permanencia y promoción. Los profesores poblanos han participado en esa gesta y han recibido el apoyo de diversas organizaciones civiles, sociales y políticas.
La defensa del patrimonio cultural y ambiental ha tenido dignos próceres en Puebla, entre otros, Cholula Viva y Digna, el Comité de Defensa del Patrimonio Cultural y Ambiental de Puebla A.C., Asamblea Social del Agua; Consejo para la Defensa del Agua, la Tierra y los Recursos Naturales de Ocotepec, la Cooperativa Tosepan Titataniske, Consejo Tiyatlalli, Tetela hacia el futuro, Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona), Organización Independiente Totonaca (OIT), Organización Indígena Independiente Ahuacateca (OIIA), Los de Abajo, Tierra Baldía, Esfera poblana y Consejo estatal de Ecología. También la defensa de los Derechos Humanos (DH) ha tenido diversos frentes que han emprendido estoicas cruzadas, entre otros, el Comité para la Libertad de los Presos y el Cese a la Represión Social en Puebla, el Nodo de DH, la Red de Defensa de DH, el Instituto Ignacio Ellacuria, Trabajadores en Digna Resistencia, la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, el Centro de Defensa de DH de Puebla y Tlaxcala, el Centro para la Promoción y Defensa de los DH Joel Arriaga Navarro, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, y Colectivas, A.C.
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