Una de las actividades propias de las instituciones de educación superior es la generación de investigación, y mucha de esa investigación puede tener un desarrollo tecnológico, es decir una aplicación.
Con el propósito de proteger la propiedad intelectual de los científicos y estudiantes universitarios e incentivar la innovación, la Universidad Autónoma de Puebla orienta a los investigadores y da seguimiento al proceso de solicitud de una patente; además, busca canales que informen al sector empresarial del desarrollo tecnológico que se genera en la Universidad, explicó en entrevista con este suplemento, Jaime Cid Monjaraz, docente, investigador y exfuncionario universitario vinculado a temas de divulgación científica, desarrollo tecnológico, proyectos de transferencia tecnológica, entre otros; y que estuvo cercano al proceso de solicitudes de patentes dentro de la máxima casa de estudios.
Los investigadores universitarios tienen una importante producción científica que se quedaba en los papers, publicaciones en revistas, en congresos, y actividades de índole académica porque no existía algún procedimiento para el reconocimiento de la propiedad intelectual. Desde 2011 la universidad decidió impulsar un programa para orientar y asesorar a los científicos en el proceso de solicitud de una patente y hace una revisión exhaustiva para que los proyectos tengan los elementos necesarios para su registro, señaló el doctor en Ingeniería en Mecatrónica.
La patente es un tipo de propiedad intelectual, como el derecho de autor —para los creadores y sus obras artísticas—, y las marcas —para signos distintivos de un producto o servicio. Se conceden patentes sobre invenciones que tengan aplicaciones tecnológicas o industriales.
Para que un producto o proceso sea susceptible de ser patentado, indicó el promotor del Laboratorio de Robótica de la BUAP, debe cumplir con algunas características; debe ser novedoso —que a nadie en el mundo se le haya ocurrido esta misma idea—, esto se verifica a través de las mismas patentes, en publicaciones, revistas, en internet y el estado actual de la técnica.
La segunda característica es que tenga una actividad inventiva, es decir, para gente especializada en el área que uno desea patentar, que no sea algo que se deduzca de manera muy simple en función de todo lo que ya existe. Los expertos en el área deben considerar que tiene un fundamento científico y tecnológico.
La tercera condición se refiere a su aplicación industrial, es decir, que la idea se pueda reproducir, que sirva a la industria y a la sociedad para tener mejores procesos industriales, mejores productos o para mejorar las condiciones de vida.
Sabemos, expuso Cid Monjaraz, que en los jóvenes como en los investigadores universitarios existe mucha creatividad, tienen buenas ideas, pero su principal dificultad es concretarlas hasta su etapa final. Sucede que como inventores nos quedamos en un prototipo o en un diseño parcial que no cumple con las características estándares industriales; si las ideas no se aterrizan en un diseño, en una metodología, en un producto específico que resuelva una necesidad concreta entonces no tiene la característica fundamental de la innovación que es la transferencia de lo hecho para que la sociedad lo aproveche.
Transferencia tecnológica
El titular de una patente tiene el derecho exclusivo sobre una invención —una nueva solución técnica, un nuevo proceso o un nueva manera de hacer algo—; la información técnica de dicha invención se hace pública al momento de presentar la solicitud de patente con el fin de compartir la información y pueda ser usada sin fines de lucro.
Además, tiene la facultad para autorizar si la invención puede ser explotada comercialmente por parte de terceros mediante licencias de patente, es decir concede autorización para fabricar, distribuir y comercializar su invención bajo las condiciones monetarias acordadas. La protección por patente significa que una invención no se puede usar, fabricar o vender sin el consentimiento del titular; esta protección es por un tiempo determinado, y en un territorio determinado, en México el periodo es de 20 años. Una vez concluido el periodo de la patente, finaliza la protección y la invención es ya de dominio público.
Desde 2011 la universidad ha presentado en promedio 30 solicitudes al año de prácticamente todas las áreas del conocimiento. Existen lineamientos universitarios bien definidos del beneficio sobre la patente por parte del investigador y la institución en caso de que se dé la transferencia tecnológica. De este modo, 40 por ciento le corresponde a la institución, 30 por ciento el investigador y 30 por ciento para infraestructura para el laboratorio del propio investigador pero que es finalmente patrimonio universitario.
En los últimos cinco años la universidad está en tercer lugar de solicitudes de patentes, únicamente por detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey.
El programa federal de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt tiene por propósito que las empresas se involucren con proyectos de investigación e innovación tecnológica a través de estímulos económicos.
Existen, señaló el doctor Cid, empresarios interesados en establecer relaciones de intercambio y respecto con la universidad, y eso ha fortalecido algunos vínculos porque los resultados son tangibles y satisfactorios, hay ejemplos de empresas serias que aprovechan bien este incentivo para motivar la innovación.
Lamentablemente, añadió, aún son pocos los empresarios que están pensando en invertir en innovación; en la mayoría de los casos, su lógica por la máxima ganancia les impide aprovechar el desarrollo tecnológico que se realiza en las instituciones educativas del país, aun son muy pocos los empresarios industriales la mayoría son comerciantes.
También existen empresarios que se acercan a las instituciones educativas de prestigio, a investigadores reconocidos, para exponer su necesidad o problemática con la finalidad de crear un proyecto de innovación. En los proyectos se establece el monto económico que corresponde a la actividad investigativa, a los científicos.
Sin embargo, una de las problemáticas que se presentan es que el proyecto una vez que es aprobado, las empresas deciden cambiar de institución educativa, haciendo a un lado a los investigadores que colaboraron en el diseño del proyecto con la finalidad de recibir la factura que avale que invirtió la cantidad establecida, a cambio de un porcentaje, aunque no realicen ningún desarrollo tecnológico, y entonces no hay innovación. Desafortunadamente, acotó, la convocatoria permite realizar esos cambios y poco exige en la demostración de la innovación.
Hay muchos desarrollos tecnológicos por aplicar, hace falta que la contraparte, es decir, las empresas se fijen en lo que se hace bien en tecnología nacional en las universidades e institutos de investigación. Es posible resolver muchos problemas específicos con desarrollos de tecnología nacional y sin necesidad de traerlas del extranjero, precisó el investigador. Si la mentalidad de los empresarios mexicanos no cambia en sentido de apostarle a la tecnología que se desarrolla en México, es difícil que se aplique todo lo que se está haciendo, o que se fomente con mayor ímpetu la innovación, pero si los empresarios ven que hay un beneficio porque lo palpan en un diseño o producto que va a mejorar su producción, pues tienen que invertir, tienen que corresponder, señaló el docente de la Facultad de Electrónica, una de las facultades de la universidad con mayor número de solicitudes de registro de patente.
