Los medios de comunicación hemos pasado los últimos años documentando horrores en el estado de Puebla. Por un lado los que se cometen impune y específicamente contra una mujer, que pueden ser la asfixia, la muerte a golpes, el degollamiento, las decenas de puñaladas, el abuso sexual, las mutilaciones, la degradación y el despojo de la dignidad, el acoso, la violencia y la discriminación, por mencionar sólo lo más común. Y por otro lado, los que cometen impunemente el Estado y sus autoridades contra todas las mujeres, donde se incluyen la indiferencia, la omisión, el desdén hacia los derechos humanos y el debido proceso, el incumplimiento de protocolos estatales e internacionales, la violación de la ley y la falta de voluntad política.
Las cifras de violencia de género* y feminicidios al final de este sexenio son concluyentes: a Rafael Moreno Valle no le importan las mujeres.
Violencia familiar, el inicio
La violencia de género está presente en todos los ámbitos sociales: en la escuela, en la calle, en el trabajo, pero principalmente se gesta en la casa. Quizá está de más decirlo, pero seguramente el ex gobernador ignora que desde 2007 existe una ley estatal cuyo objetivo es garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Una ley que su gobierno nunca aplicó.
Prueba de ello son los dos reportes de violencia familiar que registra cada hora el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y que aumentaron 24 por ciento de 2013 a 2015 (solicitud de información 00471816).
Si consideramos las cifras que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) entregó al grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para que realizara su informe sobre la situación en el estado (página 28), de todos esos casos solo 11.9 por ciento llegó a denuncia.
Porque denunciar la violencia familiar no es fácil. La reportera Samantha Páez lo consignó en una nota publicada en Lado B en julio de 2016, donde la abogada María del Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicológica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, explica que la cifra negra de violencia familiar es más grave, pues por falta de capacitación y economía laboral los Ministerios Públicos consignan las denuncias como lesiones.
“Para que se acredite (la violencia familiar) se tiene que comprobar su continuidad, es decir, al menos tuvo que haber ocurrido un hecho de violencia previo (…). Los Ministerios Públicos suelen pedir a las víctimas que lleven pruebas para acreditar la violencia —como pueden ser testigos o imágenes— y si no es una prueba formal (comprobable) lo encuadran como lesiones”.
Y denunciar no es acceder a la justicia. Según el informe ya referido de la Conavim, de los casos denunciados solo 12 por ciento fue consignado, con lo que prevaleció el alto porcentaje de impunidad, pues además el Ministerio Público aún permite “la posibilidad de conciliar y otorgar el perdón en este tipo de delitos, a pesar de las prohibiciones legales expresas” (página 74).
La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al desarrollo de políticas públicas transversales de prevención y atención, que involucran no solo a la Fiscalía, sino a Seguridad Pública, Educación, Salud, por supuesto al Instituto Poblano de las Mujeres, entre otras entidades, y al Poder Judicial.
Pero para Moreno Valle eso no fue relevante. Así lo demostró la reportera Karen de la Torre en una nota publicada en Lado B en abril de 2016, donde da a conocer que apenas 10 meses antes de que concluyera el sexenio se estrenó el programa que coordina a las dependencias para ejecutar dicha ley, y no hay pruebas de que haya existido antes.
Ergo: en Puebla, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es letra muerta, muerta e ignorada, como Araceli Vázquez, Judith Coatl, Yuliana Galicia, Tania Verónica Luna, María Georgina Panohaya, Paulina Camargo y al menos otras 300 mujeres cuyos asesinatos, en la mayoría de los casos, ni siquiera son reconocidos como feminicidios.
Feminicidios: contar muertas
A principios de 2013, cuando entra en vigor la tipificación del feminicidio, los medios nos volcamos a registrar los casos. Muchos hacen incluso una especie de muertómetro, o redactan “perfiles” con dos o tres datos de facebook, como si la vida de una persona pudiera resumirse así, con selfies y declaraciones a bote pronto, muchas veces violando los derechos de las víctimas, una situación que según la ley —esa que ya se ha declarado muerta— también debe ser sancionada.
Los feminicidios pasan a ser la nota roja por excelencia. Y lo peor es que no dejan de suceder.
En un análisis hecho por Lado B y Cafis A. C. encontramos que a la semana ocurre al menos un feminicidio. Y digo al menos porque los casos que se conocen son los que fueron consignados por algún medio, pero allá en la pequeña población de la Mixteca donde ningún reportero llega, el dato se pierde. Solo en 25 por ciento de los municipios del estado, donde vive la mitad de la población estatal, ha habido al menos un feminicidio. ¿Qué está pasando en el resto de Puebla? Difícilmente lo sabremos.
En todas las dependencias se ha seguido a la letra la política de opacidad de Moreno Valle. No hay información, o la que hay es confusa o contradictoria. De hecho, una de las recomendaciones que le hizo el grupo de trabajo de Conavim al gobierno del estado fue “Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), [que debió integrarse desde finales de 2008] para que todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal obligadas por ley, suministren información en tiempo y forma sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad”.
Lo que está confirmado, hasta ahora, es que de 2013 hasta octubre de 2016 la FGJ reconocía 99 feminicidios.
En cuanto a homicidios dolosos, con base en varias solicitudes de información realizadas por Lado B a lo largo del sexenio sabemos que de 2011 al 25 de febrero de 2016 la FGJ reconocía 389 casos; aunque al grupo de trabajo de Conavim le informó de una cifra menor: 371 homicidios dolosos de mujeres de 2009 al 12 de abril de 2016.
La misma desinformación hay respecto de las sentencias por feminicidio, pues el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cambia el dato con el argumento de que no son “sentencias firmes”. En abril de 2016 a la reportera Elvia Cruz le informó que había 18 hombres procesados y una sentencia condenatoria, pero un mes antes el director general de Ejecución de Sanciones y Medidas de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Alejandro Durán Cerón, dijo a Samantha Páez que había 33 personas procesadas y ninguna sentencia.
Por qué debe importar
A nadie le interesa, creo yo, seguir contando muertas, pero dado que la violencia está tan normalizada en nuestra sociedad y en nuestras relaciones, es muy complicado identificarla y actuar en consecuencia para prevenir un aumento fatal.
En el análisis que hicimos Lado B y Cafis A. C. encontramos que no hay un patrón en cuanto a los municipios y/o colonias en los que han ocurrido feminicidios, pero sí en cuanto a la edad de las víctimas, la mayoría en edad universitaria: el 34,1 por ciento tenía de 21 a 30 años, y el 22.4 por ciento de 31 a 40 años. También encontramos que ocho de 10 cadáveres sí son identificados, que en 63.1 por ciento de los casos los cuerpos son arrojados en lugares públicos, y que en 31.5 por ciento el agresor era pareja o ex pareja sentimental de la víctima.
Porque si no tenemos datos, si no conocemos el delito, ¿cómo vamos a prevenirlo? Pero eso nunca le importó a Rafael Moreno Valle. En su panorama político, la vida de las mujeres es mucho menos importante que una gruesa capa de concreto hidráulico.
* Uso aquí el concepto de violencia de género como sinónimo de violencia contra las mujeres, aunque es una noción teóricamente más amplia que puede incluir también la violencia contra otros sujetos por su condición de género.
