Secularmente las sociedades definen el comportamiento deseado de las mujeres y de los hombres; una sociedad andrógina privilegiará el patriarcado y con ello el dominio de lo masculino sobre lo femenino, su sometimiento, obediencia y humildad. La feminización de las profesiones, la mayor participación de la mujer en actividades remuneradas, la igualdad legal de género y la corresponsabilidad masculina en la reproducción social de la familia ha redefinido estos roles de género, siempre bajo protesta, pero no ha anulado las violencias que desde el patriarcado se ejercen contra las mujeres en lo familiar, lo laboral o lo cultural.
A pesar de los avances normativos y de la creación de instituciones especializadas en la prevención de las violencias de género, a partir de 2008 ha aumentado la violencia en contra de las mujeres en México. La mayoría de estos hechos delictivos y misóginos ocurren en el hogar, y son familiares o conocidos quienes los ejecutan, con la connivencia del jerarca familiar y de la autoridad competente; esas vejaciones persisten y, en algunos casos, concluyen con el asesinato de mujeres, a quienes se mutila y/o viola para que el mensaje sea explícito: es el precio de la desobediencia y la reafirmación del patriarcado. En Puebla, según se relata en las páginas de este número, solamente uno de cada ocho actos violentos contra las mujeres se denuncia, y solamente en uno de cada 100 actos violentos se consigna al responsable. No es práctica consuetudinaria denunciar agresiones y el sistema judicial opera para obstaculizarlas y secuestrar el tiempo de los denunciantes, minimizar la agresión y proteger a los agresores. La impunidad del victimario y la estigmatización de la víctima son el modus operandi en que se proporciona justicia a las mujeres violentadas.
Las expectativas de futuro fragmentadas, la precariedad de nuestra existencia, la creciente inseguridad física y patrimonial, las renovadas expoliaciones de nuestros recursos naturales y la emergencia de estados fallidos han incrementado los niveles de violencia en general y los de género en particular. La violencia no suele investigarse ni sancionarse, y menos cuando es de género, situación que tendríamos que revertir en varias escalas: la familiar, la religiosa, la cultural, la laboral y la comunitaria. Para conocer las situaciones de odio hacia las mujeres, su dimensión local, las políticas públicas diseñadas ad hoc y la resistencia desplegada por los movimientos emancipatorios, invitamos a académicas y activistas poblanas. En este número colaboran las doctoras Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Andrea Tarno Fernández, Liza Aceves López y María Eugenia Martínez de Ita; las doctorantes Itandehui Reyes Díaz y Zayra Yadira Morales Díaz; la periodista Mely Arellano Ayala y el colectivo Acción Directa (ADA), a quienes agradecemos sus sugerentes textos.
