La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se dio en la misma fecha en que murió Pablo Escobar; a partir del año 1994 las tasas de crecimiento de la economía mexicana es apenas similar a la de la población, el crecimiento del empleo es la mitad del requerido y sólo cuatro de cada 10 nuevos empleos gozan de algún tipo de prestación social; con la apertura comercial, el crecimiento de las importaciones superó a la de las exportaciones y nuestro déficit con el exterior se tornó crecientemente negativo. Las expectativas de movilidad social y de vida digna concatenada al nivel de calificación laboral abortó, y la economía informal y las actividades ilegales proliferaron. Nuevos y viejos capos de la droga y de la política liderearon el proceso de sumisión e integración a la sociedad norteamericana: la distinción entre unos y otros es imperceptible. Desde entonces, la trata de personas, la inseguridad pública, el narcotráfico, el tránsito de migrantes, la extorsión y el secuestro se volvieron actividades cotidianas en muchas entidades de la República y la colusión de intereses entre fuerza de seguridad y crimen organizado fueron más estrechas y evidentes.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación elabora la estadística sobre incidencia delictiva, lo hace con base en los delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia y las Fiscalías Generales de las entidades para los delitos del fuero común, y de la Procuraduría General de la República para los delitos de fuero federal. El dato generado es subestimado, ya que no todos los delitos son denunciados, ya sea por percepción de corrupción, ineficiencia y ausencia de confianza en las instituciones que procuran justicia o la investigan, las previenen y detienen. La tasa de homicidios registrada durante la gestión de Felipe Calderón es el doble a la registrada con Vicente Fox; el semanario Zeta estima que la tasa de homicidio y ejecución en lo que va de la gestión de Enrique Peña Nieto es similar a la registrada con Calderón Hinojosa. Desde que Felipe Calderón movilizó al ejército para enfrentar al crimen organizado en diciembre de 2006 y con la ejecución del Plan Mérida en julio de 2008, las ejecuciones del crimen organizado aumentaron hasta representar 60 por ciento del total de homicidios. Colima, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua. Baja California, Guanajuato y Veracruz son las entidades más violentas del país y las más inseguras para residir, ya sea por las matanzas entre sicarios y daño colateral, las violaciones y asesinatos de mujeres, delitos en contra del patrimonio, secuestro, robos (casa, auto, negocio), trata de personas, asesinatos y desapariciones de defensores de derechos humanos o de periodistas que documentan la corrupción y nexos entre autoridades funcionarios públicos, partidos políticos y crimen organizado.
La entidad poblana dista mucho de ser el paraíso colonial que cultivaba las humanidades, o el centro de abasto del sur sureste de bienes agrícolas, servicios financieros o mercaderías de lujo de los años ochenta del siglo pasado. Hoy es el centro nacional de desprestigio de lo que aún queda de Pemex y los huachicoleros son un ente intocable, y el principal abastecedor de combustible de carbón fósil de la República Mexicana. Los registros oficiales de incidencia delictiva ubican a Puebla muy lejos de la media nacional en homicidios, ejecuciones, secuestro, extorsiones y robos; no sucede lo mismo en delitos sexuales, donde la tasa de violaciones en la entidad es similar a la media nacional para el año 2016 (11 por cada 100 mil personas), según refiere Lantia Consultores/SNS (http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-ejecuciones).
El registro diario de homicidios en la entidad de Puebla durante la gestión de Melquiades Morales fue de 4.2 personas; de 3.2 con Mario Marín, y 3.3 personas asesinadas al día con Rafael Moreno Valle; estos decesos están más asociada al tráfico de drogas, ya que 60 por ciento de los homicidios son perpetrados por el crimen organizado. Las violaciones sexuales diarias durante las gestiones mencionadas fueron de 3.6, 3.3 y 2.9 personas, respectivamente; estos delitos sexuales puede estar asociados a otro tipo de delincuentes emergentes: los que se dedican a la trata de personas.
Los registros de secuestros y extorsionados proporcionado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública son de muy baja cobertura, la mayoría de los casos no se reportan. Durante toda la gestión de Melquiades Morales solo se registraron 68; en los seis años de Mario Marín fueron 83 secuestros y 223 durante la administración de Rafael Moreno. Antes de Rafael Moreno no se reportaron extorsiones, durante su gestión sumaron mil 289 los secuestros reportados, siendo 2012 el año de mayor registro y el otoño la estación donde se reportaron la mayoría de casos; es probable que estos delitos patrimoniales fueran perpetrados por los autollamados Zetas y/o expolicías retirados de sus cargos con el cambio de la administración pública estatal.
Desde la crisis de 2008-2009 la economía de la mayoría de poblanos no se ha recuperado y cada vez pierden más poder adquisitivo; lo probidad y eficiencia del Ejecutivo federal y estatal no se percibió y las actividades delictivas afecta a un mayor número de familias. Jugar a las guerrita contra el crimen organizado cuando se responsabiliza a fuerzas menos preparadas para enfrentarlas (el ejército responsabiliza a las policías estatales y éstas a las municipales) es garantizarle al crimen organizado éxito en sus fechorías e impunidad para sus acciones. Las finanzas del narco siguen intactas y el lavado de dinero es permitido por las instituciones norteamericanas que dicen combatirlos. Las armas del crimen organizado proceden del mismo sitio al que se destina la mayor parte de las drogas que se producen o trasladan en México, combatir a esos grupos delictivos exigirá legitimidad para ejecutar las políticas respectivas, y ese atributo no ha estado presente en los gobiernos encabezados por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
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