El pasado mes de agosto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el aspirante a la candidatura presidencial mejor posicionado, ya sea que los partidos vayan solos o en alianzas: en votación inducida (de las siguientes personas… por quién votaría), AMLO registró 27 por ciento de las preferencias; Margarita Zavala, del PAN, 20 por ciento; Miguel Ángel Osorio, 16 por ciento; Miguel Ángel Mancera, 8 por ciento; Jaime Rodríguez “El Bronco”, 3 por ciento; otros partidos, 14 por ciento, y no respondió, 12 por ciento. Si se forma la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) y el candidato es Ricardo Anaya, la preferencia es de 25 por ciento (seis puntos menos al que obtiene estos partidos por separado); la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde (PV), Nueva Alianza (NA) y Partido Encuentro Social (PES) y el candidato es Miguel Ángel Osorio Chong, la intención del voto es 24 por ciento (lo mismo que esas cuatro instituciones tienen por separado); la alianza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) con candidatura de AMLO registró 32 puntos (dos puntos por arriba de lo que obtienen por separado) y Jaime Rodríguez “El Bronco” registró 7 por ciento (cuatro puntos por arriba de los que obtiene si no hay alianzas). Si en lugar de Ricardo Anaya el candidato de la alianza fuera Miguel Ángel Mancera, los resultados son idénticos a los mencionados con la candidatura de Ricardo Anaya (www.buendiaylaredo.com).
No es novedad que el tres veces candidato presidencial sea líder en posicionamiento electoral, ya en 2005 y 2006 registró intenciones del voto más altas hasta que el PRI y el PAN hicieron causa común contra él, apoyados por los medios de comunicación masiva y la mayoría de las agrupaciones patronales, culminando la descalificación con un sofisticado fraude electoral. Ahora AMLO dispone de un partido creado en 2014, que él controla y dirige, que ya está posicionado como la primera opción electoral y dispone de una estructura organizativa que cubre un porcentaje mayoritario de los distritos electorales. Nunca la investidura presidencial había estado tan desprestigiada como con Enrique Peña Nieto: desde Salinas de Gortari a Vicente Fox, los ciudadanos que aprobaron el presidente en su quinto año de gestión (agosto del año previo a la elección presidencial) eran más que los que lo reprobaron; con Felipe Calderón se igualaron ambas opciones y con Peña Nieto hay 33 ciudadanos que lo desaprueban por cada 10 que lo aprueban (www.consulta.mx). Esa valoración negativa de la actual gestión presidencial puede reflejarse en urnas como un voto en contra del PRI y de partidos similares que promueven estrategias y políticas en contra al interés de la mayoría de la población, así que cualquier candidatura presidencial del PRI tendrá en contra el rechazo hacia ese partido, que en estos momentos es ya mayoría absoluta.
La valoración negativa de la gestión de Peña Nieto tiene varias causales, una de ellas está asociada a la inseguridad, tanto de patrimonio como de integridad física: la tasa de prevalencia delictiva (víctimas/total ciudadanos) fue de 28 por ciento en 2016, la tasa de incidencia (delitos/ total ciudadanos) a nivel nacional fue de 35.5 por ciento, y la percepción de inseguridad fue de 73 por ciento (Inegi, Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 2016). Pocos de los delitos denunciados son investigados y mucho menos, sancionados los delincuentes. Las autoridades encargadas de investigar y castigar a la delincuencia son ineficientes y/o están coludidas con los infractores. Otro de las causales de la valoración negativa de Peña Nieto está asociada a la corrupción y la impunidad: la casita blanca del presidente y la casa de campaña adjunta que sirvió de campaña del entonces candidato del PRI en 2012 nunca se transparentó su adquisición legal; tampoco se investigó la colusión de intereses de las empresas OHL y Odebrech con Peña Nieto; las desapariciones forzadas, y los asesinatos de activistas sociales siguen sin resolverse; el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos públicos perpetrados por ejecutivos estatales tampoco se sancionan; estas prácticas no son privativas del PRI, también la autollamada fuerza del cambio y sus aliados perredistas las practican consuetudinariamente.
Los resultados económicos de la administración de Peña Nieto también influyen en su contra: el crecimiento por persona de la producción nacional apenas es del uno por ciento y el empleo crece a la mitad de lo necesario para ocupar a la población que anualmente se incorpora al mercado laboral; el poder adquisitivo salarial es decreciente en términos reales y el ingreso monetario se deteriora por la inflación superior al seis por ciento. El ingreso público se deprime por la pérdida del ingreso petrolero y el lento crecimiento de la economía, el ajuste presupuestario se da recortando el gasto público, lo cual es recesivo, además de que se disminuye el gasto social para solventar el crecimiento del servicio de la deuda pública. Con base en la nueva Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares —cuyo cambio en la metodología aumentó la percepción del ingreso—, el ingreso corriente diario por persona (ingreso del trabajo, renta de propiedad, transferencias y estimación de renta de vivienda) en 2016 fue de 517 pesos a nivel nacional, en Chiapas de 258 pesos, en Oaxaca de 308, Veracruz de 366 pesos, en Tlaxcala de 378, en Puebla de 395 pesos y Tabasco de 415; en el sur oriente del país se correlacionan los bajos ingresos con las preferencias electorales hacia Morena y AMLO. Las macroreformas, la liberalización de la economía y la apertura comercial no fueron lo prometido, han degradado aun más la calidad de vida de la población.
En su encuesta del pasado mes de agosto, Consulta Mitofsky registró que cuatro de cada cinco ciudadanos consideraban peor que el año anterior su situación económica, la situación política del país y la inseguridad; además indicaba que los principales problemas del país eran la inseguridad, la crisis, la corrupción y el desempleo (www.consulta.mx). Estas percepciones podrían traducirse en un voto de castigo al PRI y/o en un voto de esperanza, de credibilidad hacia una opción honesta y eficiente que tenga como divisa el bien común, el respeto a los derechos humanos, la defensa de la soberanía y de la dignidad de los desposeídos, como puede ser AMLO. Otros potenciales destinatarios del voto de castigo son las candidaturas independientes promovidas por organizaciones civiles que se deslindan de los partidos, entre otras, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Pedro Ferriz y MariChuy Patricio Martínez, ‘vocera de los pueblos indígenas’.
Las alianzas electorales generan expectativas de triunfo y suelen atraer el voto útil; en otras ocasiones la pérdida de seguidores es mayor que las nuevas adhesiones: panistas y perredistas fundamentalistas se repelen mutuamente y la candidatura común propicia que el éxodo de algunos aliancistas. La alianza del PRI le permite evadir la responsabilidad de la gestión pública de los funcionarios que emergieron de ese partido, pero la suma de votos de esa alianza no es mayor a la intención de voto que por separado tiene cada uno de ellos. Morena y PT juntos tienen más votos que por separado. De darse estas tres alianzas, concentrarían más de 80 por ciento de la votación y las probabilidades de triunfo de los candidatos independientes serían muy bajas.
En estos momentos hay precandidatos muy conocidos, de quienes la ciudadanía tiene una opinión al respecto, ya porque han ocupado cargos de alto perfil administrativo o dirigido partidos políticos: AMLO ha recorrido todos los municipios del país más de dos veces y Ricardo Anaya se ha promovido a través de 1.5 millones de spots de radio y televisión en el último año, a ellos los conocen 93 y 65 por ciento, respectivamente, de los ciudadanos del país; al actual Secretario de Gobernación lo conoce 76 por ciento, y a la exprimera dama Margarita Zavala, 75 por ciento. En cambio, políticos como MariChuy Patricio, Ernesto Ruffo Appel, Luis Ernesto Derbez, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Ríos Piter y Emilio Álvarez Icaza los conocen menos de 20 por ciento de los ciudadanos (www.consulta.mx); con ellos hay que hacer mercadotecnia política, lo cual requiere tiempo, creatividad y dinero, si desean ser los preferidos de uno de cada tres ciudadanos.
AMLO tiene varias ventajas sobre las precandidaturas de otros partidos: es el único líder y candidato de Morena; es un partido reciente controlado por el tabasqueño, sin rupturas ideológicas o políticas; tienen un historial de trabajo impecable en la administración pública, hay coherencia entre su discurso y su práctica; cumple lo prometido, además de carisma, sencillez y cercanía con la población. Lo acosan los desertores de otros partidos que ven en Morena la posibilidad de arribar a un puesto de elección popular; si son incluidos en candidaturas puede generar el rechazo de militantes de Morena, si los excluye, la intriga y el complot contra AMLO serán lo cotidiano.
