El crecimiento de la economía en los tres últimos decenios ha sido muy lento, apenas décimas por arriba del crecimiento poblacional; la distribución del ingreso fue regresiva y hoy la población en condiciones de pobreza es ya de 58 millones; la ocupación creció a tasas menores a las requeridas; el ingreso salarial diario por habitante es apenas de 88 pesos, y uno de cada 10 mexicanos vive en el extranjero: la estrategia neoliberal fue lo contrario a lo ofrecido, por lo menos para la mayoría de la población. Buscando otras opciones que los representen, que no los traicionen, los desilusionados de la democracia y de sus apóstoles le otorgaron su voto a Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, el fraude electoral del PAN y la compra masiva de votos del PRI lo impidieron; desde entonces, la guerra sucia electoral se naturalizó y la opción representada por el tabasqueño fue satanizada de populista, de ser “un peligro para México”. Por sus acciones, los auténticamente peligrosos fueron las gestiones públicas del PRI y del PAN así como los beneficiados con inescrupulosos contratos públicos y la enajenación del patrimonio nacional. Hoy nuevamente la intención mayoritaria del voto favorece a ese candidato y sobre él se despliegan intensas campañas de odio y descalificación que poco ayudan a transitar por la senda de la publicitada democracia formal.
Desde el anonimato o bajo la fachada de organismos civiles se financian campañas de descalificación contra la opción representada por el candidato presidencial de Morena, incluso se ha recurrido al uso de niños para emitir mensajes electorales a través de la televisión, situación que violenta la norma electoral que establece que el acceso a tal medio es exclusividad del órgano electoral. Es un derecho constitucional expresar nuestras ideas y posicionamientos políticos dentro de los límites que la norma exige, ninguna de las opciones electorales tiene prelación sobre otra y es deseable que hubiera certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad en la contienda electoral como lo estable la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos.
La propuesta del candidato presidencial de Morena tiene un punto de quiebre con las otras opciones en la promesa de honestidad y la transparencia en el ejercicio presupuestal. Hasta el momento, la norma en la gestión pública es la opacidad en el gasto público y el enriquecimiento de los funcionarios, la impunidad presente y futuro de los servidores públicos, y es precisamente ese estilo de gobernar lo que repudia la mayoría de los ciudadanos, quienes exigen probidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y creen ver esas virtudes en López Obrador y no en las otras candidaturas presidenciales. Este candidato ya predicó con el ejemplo cuando fue jefe de gobierno de la actual Ciudad de México y su trayectoria política no corresponde a la conocida de otros políticos, su plausible arribo a la presidencia de la República afecta muchos intereses y honorabilidades, lo cual se suma a los distintos posicionamientos electorales de otros ciudadanos y hace ya muy ríspida la actual contienda. Si los comunicadores entienden que su función sustantiva es la de sicarios y no la de informar, estarán atizando las llamas del odio y no las de la conciliación. Refrendar el “haiga sido como haya sido”, de Felipe Calderón o los monederos electrónicos de Enrique Peña Nieto puede tener un costo social alto; necesitamos que los comicios tengan credibilidad y que haya equidad en la contienda.
