“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer
las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural,
y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales
se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.”
Artículo 123 de la Constitución Política.
En diversos momentos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha festinado el aumento del empleo y la recuperación del salario mínimo durante su gestión; sin embargo, las cifras oficiales muestran que, si bien el número de puestos de trabajo se ha incrementado en los últimos años, ese incremento se ha localizado en los niveles más bajos de ingreso, que es donde en estos momentos se encuentra el mayor número de trabajadores del país.
En los últimos años, solo ha crecido porcentualmente la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos, se ha mantenido estable la que percibe más de dos y hasta tres mínimos y se desploma el porcentaje de la población que percibe de tres salarios en adelante.
Esto ha determinado la situación actual. La población total del país asciende a 123.5 millones de personas, mientras que la población económicamente activa (PEA) ocupada, asciende a 52.3 millones de personas (42 por ciento de la población total), de las cuales 7.6 millones (14.5 por ciento) obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo vigente, que es de 88.36 pesos; además, 14.1 millones (27 por ciento) de trabajadores reciben salarios que van de más de uno hasta dos salaros mínimos y hay 11 millones de trabajadores, que representan el 21 por ciento de la población con empleo, que ganan más de dos y hasta tres salarios mínimos; en síntesis: con ingresos que van de menos uno hasta tres salarios mínimos, hay 32.6 millones de trabajadores (62.3 por ciento d la PEA ocupada); pero hay otros 3.3 millones de personas (6.4 por ciento de la PEA ocupada) que tienen alguna ocupación sin percibir ingresos. Todos ellos suman 36 millones de trabajadores, que representan 69 por ciento de quienes venden su fuerza de trabajo para subsistir, y declaran estar ocupados, que obtienen hasta tres salarios mínimos como remuneración por la venta de su fuerza de trabajo (ver cuadro).
En la medida que el salario mínimo es de apenas 88.36 pesos, se tiene que la mayor parte de los trabajadores del país obtienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza alimentaria. De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), es de 250 pesos, de manera que un trabajador con un salario mínimo de ingreso sólo puede adquirir 35 por ciento de dicha canasta; quien gana dos salarios obtiene 71 por ciento de la CAR y sólo quienes ganan tres salarios mínimos apenas estarían en condiciones de adquirirla. Así, a siete de cada 10 trabajadores mexicanos ocupados no les alcanza el salario que perciben por la venta de su fuerza de trabajo para cubrir sus necesidades elementales de alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, recreación y vestido.
Reconociendo que el actual salario mínimo deja totalmente fuera de la canasta básica a millones de trabajadores, el Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla considera que para cumplir con el salario constitucional el mínimo debe ascender a 16 mil 500 pesos mensuales. Esto significa que el mínimo vigente es actualmente cinco veces menor que el necesario para superar la línea de pobreza (La Jornada, 8/03/18: 12).
Sólo una minoría de los trabajadores mexicanos, 9.3 millones, que representan el 18 por ciento del total de la PEA ocupada, recibe más de tres salarios mínimos y de estos únicamente 2.7 millones (5 por ciento de todos los ocupados), percibe ingresos que rebasan los cinco salarios mínimos. Esta situación, y la expansión creciente de la informalidad, donde el trabajador además de un salario bajo, carece de prestaciones, permiten reconocer lo precario del mercado laboral en México y lo reducido del mercado interno, que es incapaz de ser uno de los motores del desarrollo en México.
Por supuesto, en la medida que los trabajadores se empobrecen, los capitalistas se enriquecen; así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), muestra que 20 por ciento de los hogares más ricos concentra 48 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento más pobre apenas si obtiene el 6 por ciento.
Pero eso no es todo, a los bajos salarios se agrega el hecho deplorable de que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte que la gran incidencia de la informalidad laboral en México propicia que casi 30 millones de trabajadores se encuentren excluidos de la protección social, es el caso, entre otros, de las pensiones, pues mientras en 22 países de América Latina la mitad de los adultos mayores reciben una pensión de retiro, en nuestro país apenas 25 por ciento de dicha población tiene ese beneficio.
El caso del acceso de los trabajadores a la salud presenta una situación inquietante, pues la última ENOE registra que hay 32.6 millones de trabajadores sin acceso a algún sistema sanitario. Y las cosas parecen agravarse, pues en los últimos seis años el gasto en salud per cápita se ha reducido 5.5 por ciento, pues mientras en 2012 se destinaban 3 mil 826 pesos a este rubro el presupuesto aprobado para 2018 se redujo a 3 mil 615 pesos, lo que aumentará la insuficiencia en el cumplimiento de este derecho fundamental.
Los bajos ingresos de millones de trabajadores tiene un significado inequívoco: en México la mayor parte del valor producido por la fuerza de trabajo es apropiado por la burguesía, sometiendo a los trabajadores a una situación de superexplotación. De esta manera, los trabajadores que producen todo el valor de las mercancías en el proceso de producción obtienen salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo que venden, lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. En esa situación se encuentra 69 por ciento de los trabajadores ocupados.
A todo lo anterior se agrega la inflación que, el año pasado, cerró en 6.7 por ciento, la más elevada del siglo en curso, lo cual ha significado el aumento del precio de la canasta alimentaria en 9 por ciento, de manera que en el cuarto trimestre de 2017 el poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó 2.5 por ciento y, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), el año pasado la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó de 40 a 41 por ciento.
Un dato más para comprender la situación de la población trabajadora es el siguiente: actualmente del ingreso disponible en el país, 35 por ciento corresponde a la masa salarial (sueldos y salarios), mientras que los capitalistas se apropian del 65 por ciento.
Cada vez más explotados y mucho más pobres, los trabajadores mexicanos enfrentan una de las más difíciles situaciones de su historia, de ahí la legitimidad de la demanda de un aumento salarial de emergencia a parir de mayo y solventar la crítica situación de los trabajadores.
El próximo gobierno debe volver a la política económica con objetivos precisos: el crecimiento económico y la distribución del ingreso, basado en la creación de empleos dignos.
