El pasado 14 de abril se efectuó, por segundo año consecutivo, en diversas ciudades del mundo la Marcha por la Ciencia, la cual tuvo su origen en Estados Unidos para hacer frente al recorte presupuestal realizado por D. Trump a investigaciones con temas como el cambio climático; el objetivo es la defensa de la ciencia como un bien común, reivindicando políticas que la fomenten para el interés público (www.marchforscience.com/our-mission). En 2017 marcharon más de un millón de personas en 600 ciudades, y en este año se calcula que ha habido una mayor participación.
En el caso de México, también los científicos participaron. El 15 de abril, los diarios apuntaban que en más de veinte ciudades se habían manifestado, reclamando apoyo a la ciencia: 2 por ciento del PIB —como recomienda la Unesco—, creación de veinte mil plazas de profesores e investigadores al año, apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico, creación de un sistema nacional de divulgación de la ciencia, entre otros. Destacaron los diarios que tanto en sus consignas como en entrevistas, los científicos manifestantes (investigadores y becarios) expresaban su disgusto al comparar los recursos dedicados a las elecciones con los destinados a la ciencia: “Más posgrados, menos diputados, Más doctores, menos senadores”.
Unos días antes, el 6 de abril, se entregaba la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología, que se sumaba a la propuesta de modificación de los artículos constitucionales 3º y 73º realizada un mes antes por un grupo de senadores. Esta última plantea reconocer el derecho “…a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Corresponde al Estado promover la ciencia, la tecnología y la innovación como áreas prioritarias del desarrollo nacional, así como garantizar su conservación, desarrollo y difusión, para lo cual deberá proveer los recursos y estímulos necesarios…” (Romero, et al, 2018); se argumenta que con ello se dará una mayor cobertura a la ciencia y se fortalece el compromiso del Estado para ello, además se establece una mayor capacidad legislativa.
Por su parte, la iniciativa del Ejecutivo Federal tiene como objetivo fortalecer el marco institucional de la ciencia y la tecnología, buscando establecer una política de Estado (no sexenal, sino de mediano y largo plazo); se afianza al Conacyt como el articulador y coordinador de esa política, se hace un rediseño de los fondos de financiamiento y del mismo sistema de ciencia y tecnología (modificación de algunos aspectos del funcionamiento de los Centros de Investigación Conacyt), se amplía la estrategia de ciencia abierta (poner a disposición de toda la sociedad los resultados de investigación financiada por fondos públicos) (Presidencia de la República, 2018).
En el comunicado oficial se destacan como principales logros de la actual administración: un incremento de 40 por ciento de la inversión en ciencia y tecnología (en relación al sexenio anterior), énfasis en la formación de recursos humanos y su inserción en las IES (el ejemplo citado son las Cátedras Conacyt), políticas públicas diferenciadas (desarrollo regional, fondos sectoriales, agendas estatales), apoyo al sector productivo (estímulos fiscales, programas de innovación y vinculación).
Hay un contraste entre la percepción oficial y lo que expresan los científicos participantes en la Marcha por la Ciencia. Pareciera que en el caso de las autoridades federales, las políticas y programas implementados en el sexenio actual han sido exitosos o que los obstáculos más importantes radican en el funcionamiento institucional y no en esos objetivos y medios. Algunos investigadores afirman que “Es, sin duda, la reforma más importante al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en décadas” (Flores, 2018). Sin embargo, desde nuestro punto de vista, si bien pueden ser relevantes las modificaciones propuestas, es necesario considerar las limitaciones que existen para el desarrollo científico tecnológico en nuestro país y el papel que han jugado las políticas que se han diseñado, que son muy similares en los últimos tres sexenios federales. Veamos.
Una tesis que es lugar común y aparece en los programas oficiales es que “La ciencia y la tecnología son elementos centrales para el crecimiento sostenible, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad” (PEF, 2018), que en el modelo de acumulación neoliberal vigente se traduce en el binomio crecimiento económico-competitividad, fundamentado en la liberalización de los mercados. En este sentido, las políticas de ciencia y la tecnología han estado orientadas a promover la innovación —base de la competitividad de las empresas y de la economía de los países—; sin embargo, estamos lejos de tener un avance: si consideramos el Índice Global de Innovación se observa que en 2008 México ocupaba el lugar 61, en 2017 había “mejorado” al ocupar la posición 58, pero resulta que si en el primer año su índice representaba 57.9 por ciento respecto al primer lugar (Estados Unidos), en el último año había bajado a 52.9 por ciento (Suiza), algo similar se puede observar con los indicadores de competitividad.
Los datos muestran que seguimos siendo una economía que compra tecnología, que solo un puñado de empresas logran invertir en investigación e innovación, que las patentes que se generan en el país son pocas y con alcances limitados. En tanto, los estímulos a la innovación otorgados, en una gran proporción, se han convertido en una transferencia de recursos públicos a las empresas trasnacionales (en especial automotrices), ascendiendo a 22 mil millones de pesos en el periodo 2010-2016, solo en 2015 el programa de estímulos a la innovación otorgó 4 mil millones de pesos, en tanto que en la convocatoria de ciencia básica se asignaron únicamente 942 millones (Conacyt, 2017).
En el ámbito académico se discute en torno a cómo estas políticas generan capacidades tecnológicas y fomentan la innovación, sin embargo, es claro que el modelo de acumulación mundial condiciona la dinámica científica y tecnológica, de tal forma que nos mantenemos como una economía subordinada y periférica.
Lo anterior se expresa en que la ciencia y la tecnología que se impulsa tenga baja incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pues el mismo modelo de acumulación reproduce la explotación y la desigualdad social (más de 50 millones de pobres), así como la depredación de la naturaleza; esto vinculado con los intereses económicos y el miope cinismo de autoridades gubernamentales y legisladores. Baste mencionar las consecuencias de las acciones estatales sobre la agricultura mexicana y la vida campesina, que se mezclan con las torpes y agresivas legislaciones en minería, diversidad biológica y organismos genéticamente modificados.
Las reivindicaciones de los científicos y becarios (estudiantes de posgrado) de mayores recursos para la ciencia y la tecnología en México son fundamentales, desde el año 2002 se legisló que se debía dedicarles el 1 por ciento del PIB, hoy sigue siendo menos del 0.6 por ciento; asimismo, si bien el número de becarios y de investigadores ha aumentado, siguen siendo insuficientes (p. e. 241.8 investigadores dedicados a I&D por cada millón de habitantes frente a 4231.9 en Estados Unidos).
Nuevamente, en la medida que nuestra inserción en el modelo de acumulación mundial se basa en bajos salarios y condiciones precarias de trabajo, se demanda poco el trabajo calificado y el tecnocientífico, de tal manera que el desempleo o subempleo, así como la emigración, forman parte de las expectativas de los jóvenes profesionistas y becarios que obtendrán un doctorado. Si bien las Cátedras Conacyt impulsadas en el actual sexenio permitieron el empleo de poco más de mil investigadores jóvenes, también es claro que forman parte de un segmento laboral, con contrataciones y prestaciones inferiores. No es extraño que una opción para nuestros científicos sea la emigración, se calcula que en quince años 1.2 millones han optado por ella.
No solo es necesaria una revaloración de la ciencia y la tecnología, de su relevancia —aumentando sustancialmente los recursos que se le dedican—, sino que además es urgente que el modelo económico seguido se modifique; de tal manera que las prioridades reales para la ciencia y la tecnología atiendan de manera directa al bienestar de la población, incidiendo en la formación y educación ciudadana, así como en la rearticulación del entramado social. En tanto las políticas y los políticos no modifiquen el rumbo, los científicos, tecnólogos y jóvenes estudiantes tendrán que seguir marchando, reivindicando una ciencia para el bien público y una tecnología para el beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Referencias
Conacyt (2017) Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación, Conacyt.
Flores, J. (2018) La reforma a la ciencia más importante del sexenio, La Jornada, 10 de abril.
Romero H., J. C. et al (2018) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de marzo. Senado de la República.
PEF (2018) Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, PEF, 5 de abril.
Presidencia de la República (2018) Comunicado 17 de abril, Comunicación Social de la Presidencia.
Notas periodísticas de La Jornada.
