Una de las actividades cardinales de la gestión presidencial de AMLO ha sido el combate al crimen organizado: diariamente sesiona en comité nacional de seguridad pública y se ejecutan directrices para combatir al crimen en todas las entidades federales, entre otras, un combate frontal contra el robo de combustibles, logrando abatir el robo de energéticos. La delincuencia organizada, coloquialmente llamada huachicoleros, ha migrado sus actividades delictivas hacia el secuestro y la extorsión, que han aumentado en 61.8 y 45.6 por ciento, respectivamente, durante el primer trimestre de gestión de AMLO.
De 11 actividades delictivas sobre las cuales hay registros cotidianos, en tres ha bajado el número absoluto de delitos (robo de vehículo, robo de casa y lesiones), en los restantes ocho actos delictivos, todos han aumentado; los incrementos relativos más significativos se registraron en los ya mencionados secuestros y extorsiones, feminicidios (30 por ciento), violaciones (24 por ciento). narcomenudeo (17 por ciento) y homicidios (13 por ciento). El promedio diario de homicidios en los tres primeros meses de gobierno de AMLO fue 81.1; en los mismos meses del último año de gestión de Enrique Peña Nieto fue de 71.7 (y de 61.3 en los mismos meses de su quinto año de gestión). En breve plazo, es pausible que la creación de la guardia nacional y la coordinación de actividades en los tres niveles de gobierno pueda abatir la tasa delictiva.
La denuncia de delitos es menor a los acontecidos, ya sea por la desconfianza, ineficiencia o corrupción que inspiran las autoridades ministeriales y las corporaciones policiacas; por el lento avance de las investigaciones o la dificultad para integrar el expediente. Cabe la posibilidad de que una autoridad judicial o ministerial que concite confianza y sea eficiente y proba pueda ser un incentivo para denunciar la actividad delictiva, más si hay un compromiso del Ejecutivo federal en ese sentido. En tal caso podría aumentar el registro de delitos sin que necesariamente aumente la actividad delictiva.
Fuente: Semáforo delictivo con base en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Los homicidios, secuestros y robos a negocios y autos se duplicaron en Puebla entre los años 2015 y 2018, lo mismo se observa en los registros de violaciones, violencia familiar y feminicidios. No solamente se requieren fuerzas policiacas para combatir a los delincuentes organizados, sino una estructura legal para investigar y sancionar las denuncias gestionados por las víctimas de acciones delictivas.
Los registros de actividad delictiva en el municipio de Puebla disminuyeron durante los tres primeros meses de gestión de AMLO (-1.0 por ciento): comparados con los mismos meses del año anterior, bajaron los homicidios, la extorsión, el narcomenudeo, el robo a vehículos y el robo a negocios; en cambio, aumentaron los secuestros, las lesiones, las violaciones y permanecieron sin cambios el robo a casa y los feminicidios. Para los que vivimos en el municipio de Puebla nuestra percepción es distinta: aquí residimos uno de cada cuatro poblanos, pero en este municipio extorsionan al 50 por ciento de los residentes de la entidad, se registran 59 por ciento de los delitos de narcomenudeo, el robo a casa es de 50 por ciento y el robo a negocios de 79 por ciento respecto al total del estado.
Si consideramos solamente los homicidios acaecidos en la entidad poblana entre 2015 y 2018, la tasa correspondiente al municipio de Puebla es de 7.7 por cada 100 mil habitantes (en la entidad es 12.5) y ocupa el lugar 142 de 217 sitios posibles, es decir, que hay 141 municipios con mayor tasa de homicidios que el municipio de Puebla; si consideramos el crecimiento de los homicidios entre 2015 y 2018, en el municipio mencionado el aumento fue de 152 por ciento (124 por ciento en la entidad) y ocupó la posición 39 de 217. Pero no solo ha aumentado la intensidad de los homicidios en dicho municipio, en los años mencionados aumentó en 359 por ciento el robo de vehículos, en 142 por ciento el robo de negocios, en 112 por ciento las violaciones y en 40 por ciento la violencia familiar y los feminicidios.
Tanto en el municipio de Puebla como en la entidad, los años de gestión de Antonio Gali en la gubernatura y Luis Banck en la presidencia municipal, corresponden a los de mayor violencia, tal parece que las bases del maximato construido por el finado Rafael Moreno Valle tuvo como condición la impunidad del crimen organizado: en el primer año de gestión de Antonio Gali Fayad, los homicidios en la entidad crecieron 81 por ciento respecto a 2015, y en el municipio de Puebla, 119 por ciento; en 2018 los aumentos respectivos fueron 124 por ciento y 152 por ciento, respectivamente.
Las regiones de Atlixco y Mixteca son los que registran las tasas más altas de homicidios en la entidad en tanto que las regiones de Angelópolis, Serdán y Mixteca son las de mayor crecimiento de asesinatos: una constante de la ubicación de los asesinatos es la ruta del huachicol; otras, la distribución de narcóticos, los secuestros y la extorsión. En el municipio de Puebla hay mayor capacidad de respuesta ante las actividades delictivas, mayor cobertura mediática, mejor conectividad y sistemas de vigilancia, aun así, el crecimiento de la actividad delictiva se ha incrementado. Situación bastante diferente en los municipios donde carecen de ellas, ahí los indicadores de actividad delictiva son mayores a los registrados en el municipio de Puebla.
