Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (EEUU), determinó que uno de los ejes de su campaña política es la inmigración no documentada, la cual es para él la antítesis de la seguridad nacional de ese país. Su villano favorito es el Ejecutivo federal de México que no detiene a los migrantes centroamericanos; el castigo que dice nos impondrá por incumplimiento es gravar con 25 por ciento la importación de autos mexicanos o cerrar la frontera común o imponer una sanción a México por las drogas consumidas por los norteamericanos que proceden de México (La Jornada, 5/05/19, página 3).
La producción de autos ligeros producidos en México tiene como principal mercado el país del norte, hacia allá se orientan ocho de cada 10 autos: en el primer trimestre del año en curso se produjeron 992 mil 383 autos ligeros y se exportaron 837 mil 5, la mayoría de éstos fue para el mercado de EEUU (La Jornada, 6/04/19, página 17). Ambos países se perjudicarían si se gravará con 25 por ciento a los autos mexicanos y así se lo han expresado a Trump ocho organizaciones comerciales de EEUU.
Cerrar la frontera con México genera más prejuicios que beneficios: diariamente cruzan la frontera bienes por 1.7 miles de millones de dólares y los empleos involucrados con la generación de esos productos es de 5 millones. Trump amaga con castigos extremos para negociar mejores condiciones, y culpa a terceros por los resultados que su gobierno y su sistema de producción generan.
Según el dicho del presidente Trump, el valor de las drogas que se introducen a EEUU desde nuestro territorio es de 500 mil millones de dólares, equivalente a 40 por ciento del Producto Interno de México (PIB). Si a dicho trasiego se agrega la droga introducida por la frontera con Canadá y las costas, más la droga producida en EEUU, el presidente Trump tiene en su país un problema severo de adicciones que no atiende. Si le preocupa el tráfico de drogas, podría intervenir las finanzas de los carteles, no venderles armas ni promover las actividades ilegales de los carteles en territorio mexicano.
Durante el mes de febrero del año en curso, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 76 mil personas y en marzo a 100 mil; los indocumentados que pueden ser detenidos durante este año la estiman las autoridades migratorias de EEUU en un millón de personas, que es precisamente la capacidad de detención que actualmente tienen para regular el tránsito no documentado. De ese total, 700 mil procederán principalmente de Centroamérica y el Caribe y 180 mil serán mexicanos, estimación con base en lo declarado por David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad (La Jornada, 7/04/19, página 8). El reproche de Trump a México es que “habla mucho y hace poco” para impedir dicho tránsito.
Todo persona tiene derecho a transitar por territorio mexicano y es obligación de las autoridades de este país respetar sus derechos humanos, entre ellos, el de tránsito. Que el Ejecutivo federal ofrezca trabajo y residencia a los transmigrantes centroamericanos no los obliga a aceptarlas, el propósito de su éxodo no es ubicarse en territorio nacional, sino llegar al paraíso prometido, ahí donde florecen las libertades y se cristaliza el sueño americano: por cada 100 migrantes extranjeros que transitan por territorio nacional, 87 llegan a la frontera norte de México y 13 se quedan en México o vuelven a sus países, según lo declarado por Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (La Jornada, 4/04/19, página 4).
Si el propósito de Donald Trump es que no lleguen a sus fronteras los ciudadanos del Sur, tendría que asumir su corresponsabilidad en la multicausalidad de la emigración, entre otras, las estrategias y políticas públicas neoliberales que degradan la naturaleza y la humanidad, la intervención del gobierno norteamericano para mutilar las libertades democráticas en los países del sur, la precariedad laboral y la inseguridad pública.
La migración involucra a los países de origen, de tránsito y destino; atender ese flujo requiere de acuerdos multinacionales, por eso el año pasado se aprobó el Pacto Mundial para la Migración Ordena, Segura y Regulada, primero en Marrakech (10/12/18) y posteriormente en la Asamblea de la ONU (19/12/18). Entre los principales propósitos del pacto se establece respetar los derechos humanos de los migrantes indocumentados, su acceso a servicios sociales básicos (educación y salud) en los países de destino, no separación de familias, retorno seguro y ordenado de los deportados, cooperación gubernamental para abatir las causas de la emigración y mejorar las condiciones de vida de los potenciales migrantes y combatir la trata y tráfico de migrantes. México votó a favor de este pacto y se ha comprometido a no criminalizar a los migrantes y a respetar sus derechos; EEUU rechazó el mencionado pacto y ha convertido a la emigración indocumentada el tema central de su campaña política.
Las personas que residen en un país distinto al que nacieron son 260 millones (3.4 por ciento de la población mundial), de éstos, 164 millones lo hicieron en busca de trabajo. Se estima que 9 por ciento del PIB mundial lo generan los migrantes, esta cantidad equivale a casi seis veces el PIB de México de este año, por esos considerandos el pacto aludido reconoce el papel positivo de los migrantes en los países de destino y se compromete a buscar formas para legalizar su situación migratoria y favorecer la migración documentada; el gobierno de México debe proteger a los migrantes en tránsito y respetar no solo sus derechos humanos, como lo ha hecho, sino su decisión de continuar su viaje.
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