Las 35 Instituciones de Educación Superior Estatal (IESE) a las que los Congresos locales les confieren autonomía cubren 31 por ciento de la matrícula del nivel superior del ciclo 2018-2019 y recibieron la cuarta parte del gasto público en educación superior en 2019. En promedio se les otorgó un subsidio público ordinario por alumno de educación superior de 60 mil 578 pesos en el año en curso; en cuanto al origen del recurso, la Federación aportó en promedio 64 por ciento y las entidades, 36 por ciento. La matrícula de nivel superior de estas instituciones públicas fue de un millón 226 mil 453 alumnos y si le sumamos la correspondiente a la educación media superior impartida en 24 de las IESE, el total es de un millón 766 mil 845 alumnos (cuatro IESE registran más de 100 mil alumnos cada una). En lo particular cada una de estas instituciones es importante, tanto por las funciones que realiza como por su membresía; en consorcio por la defensa de la autonomía, son un importante actor político.
Durante los primeros 15 meses de gestión de Andrés Manuel López Obrador, 12 IESE han sido violentadas en su autonomía por cambios en la Ley Orgánica, en la mayoría de los casos, han sido amagos, en otros, se está discutiendo la reforma o se congeló, y en una entidad ya fue aprobada la reforma (Nayarit, 4 de enero 2020). En siete entidades donde ha habido intentos de reforma, la primera mayoría del Congreso local corresponde a Morena y la gubernatura a militantes del PRI, PAN o PRD; en tres entidades, la gubernatura y la primera mayoría del Congreso es de Morena y en dos, al PAN. Las agrupaciones nacionales de las Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas (ANUIES, Consorcio) y 34 IESE han manifestado su rechazo a las reformas a la ley Orgánica por violentar la autonomía e ignorar a la comunidad universitaria en la modificación normativa, han enfatizado el rechazo a la iniciativa de los Congresos locales a transformar la estructura de los órganos de gobierno y designarles un organismo de control y fiscalización de la totalidad de ingresos y egresos de las IESE.
Dos de las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica corresponden a los rectores de las universidades públicas del estado de México y de Veracruz, en ambas, son cambios a modo para que los rectores tengan mayores atribuciones y control sobre la auditoría y fiscalización y amplíen su gestión de cuatro a seis años. En ambos casos, hay iniciativas de académicos que proponen otras reformas: elección de autoridades por voto universal, directo y secreto; paridad de los órganos de gobierno; órgano de control universitario designado por el Congreso, Transparencia y Rendición de Cuentas. Las universidades públicas de Veracruz y del estado de México están implicadas en la Estafa Maestra y esta última tiene déficit presupuestal: sus gastos superan a sus ingresos desde hace varios años.
Dos de las reformas a la Ley universitaria fueron tramitadas por legisladores del PAN: la de Aguascalientes reserva seis plazas de nueve posibles para que empresarios y personajes no ligados a la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueran miembros de su Junta de Gobierno y proponía un órgano de control interno para los universitarios, esa iniciativa fue retirada. En Nayarit fue modificada la Ley Orgánica a principios de este año: se instaura una Comisión para elegir al rector, se amplían las funciones del Patronato, se crea una red empresarial para que venda servicios y administre los ingresos universitarios, y se crea un órgano de consulta de educación media superior.
Morena es la primera mayoría en los Congresos locales de 10 entidades donde hay iniciativas de cambio a la Ley Orgánica, en siete de esas entidades gobiernan otros partidos, en tres, el gobernador es de Morena. De las siete iniciativas de reforma para que haya un contralor de la universidad designado por el Congreso local, seis son promovidas por Morena; de las siete iniciativas que modifican el autogobierno de las IESE, cuatro son promovidas por Morena (voto universal, directo y secreto para elegir autoridades y paridad de órganos de gobierno) y todas las iniciativas (siete) para transparentar los recursos públicos, rendir cuentas y disminuir gastos supérfluos son promovidas por legisladores de Morena.
Con base en el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de octubre de 2017 en que se ratifica el amparo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ante la pretensión del Congreso local de Hidalgo de nombrarle un órgano de control ajena a esa universidad, es plausible afirmar que las reformas descritas violan la autonomía, ya que trastocan el autogobierno, la autogestión administrativa y la autorregulación que el artículo 3º. Constitucional confiere a las universidades a quienes se les ha otorgado autonomía. Otras voces sostienen que todo ente que recibe recursos públicos y realiza funciones públicas, como los son las IESE autónomas, son auditables, fiscalizables y controlables por el Congreso local y/o la Cámara de Diputados. En el caso de Oaxaca, se pretende fiscalizar todos los ingresos, los gastos y el patrimonio de la UABJO y fijar sanciones por incumplimiento; fundamentan esa pretensión con base al artículo 3º. de la Ley de Coordinación de la Educación Superior, los artículos 44 al 55 de la Ley General de Educación y en el artículo 120 de la Constitución Política del estado de Oaxaca (Iniciativa de reforma presentada por el diputado morenista Mauro Cruz Sánchez).
La emergencia de un gobierno de transición que pregona la austeridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la no complicidad con actos de corrupción e ineficiencia, así como la gratuidad en todos los niveles de educación pública y desconcentración de la enseñanza superior pública ha empoderado a otros actores políticos, dentro y fuera de los muros universitarios, que confrontan a quienes defienden otras prácticas e ideologías o son visibilizados como adversarios políticos: el campus universitario está minado. Han emergido otras voces universitarias que reclaman seculares vejaciones a sus derechos humanos, a la integridad de su vida y patrimonio, han denunciado crímenes de odio y violencia de género, quieren democratizar la vida universitaria: exigen paridad de género en los órganos de gobierno y elección de autoridades a través del voto universal, libre y secreto. No faltará quien reclame un tabulador salarial acorde con las funciones académicas y más equilibrado entre los docentes de carrera y los horas clase, habrá quienes disientan de los Consejos de consulta nacional y local propuestos en el proyecto de Ley de Educación Superior: la vida intramuros se politizará.
