La educación es estratégica para mejorar el bienestar social de la población, consignó Andrés Manuel López Obrador en su Primer Informe de Gobierno 2018-2019 (página 143); es un derecho y será gratuita la que imparta el Estado. En el caso de la educación superior, el derecho está condicionado a los criterios de elegibilidad que determinen las instituciones educativas (fracción X de la reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 15/05/19).
En estos momentos la educación pública de nivel superior no es gratuita, tiene un costo para los alumnos, tanto en el ingreso, como en la permanencia y en el egreso: en el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el costo del ingreso y permanencia de un alumno de licenciatura en 2019 fue de 6 mil 774 pesos a valor presente; sumado el costo del egreso, posiblemente el costo total pagado por los alumnos sea equivalente al 4 por ciento del total de ingresos de la BUAP. La gratuidad de la educación pública requiere que el Estado transfiera recursos adicionales a las instituciones de educación superior públicas (IESP), lo cual ya se indicó en la Ley General de Educación Superior que será paulatino. El derecho a la educación condicionado al cupo de las instituciones y al criterio de elegibilidad que éstas determinen y la no gratuidad de la educación superior pública son fuentes de conflicto múltiples, como también lo son la creación de órganos de educación superior consultivos integrados por representantes empresariales, sociales, de instituciones públicas y privadas de educación superior, donde se diseñan criterios de evaluación y estrategias educativas que pueden o no coincidir con las que determinen las IESP autónomas. De estas contradicciones y del silencio de los rectores de las IESP autónomas al respecto trata el artículo de Hugo Aboites Aguilar, profesor de la UAM y colaborador del diario La Jornada.
Con el argumento de transparentar los recursos públicos y rendir cuentas para combatir así la corrupción de los funcionarios públicos y el manejo inescrupuloso del erario, se han realizado reformas constitucionales locales para fiscalizar a las dependencias públicas descentralizadas y nombrarles un contralor interno por parte del Congreso local. Las reformas incluyen a IESP a quienes se les ha conferido autonomía para su autogestión administrativa, autogobierno, realizar sus actividades sustantivas con libertad de cátedra y de investigación, elaborar sus programas y planes de estudio, y contratar al personal académico. Las reformas promovidas por los ejecutivos estatales y/o legisladores locales se refieren a la transparencia de recursos ejercidos por las IESP autónomas y a sus órganos de gobierno, dos de dichas propuestas fueron ya dictaminadas por sus respectivos congresos (Hidalgo y el estado de México) y, en ambos, las IESP afectadas se ampararon, el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue distinto: le dio la razón a la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y le negó el amparo a la del estado de México. Contra estas reformas que violentan la autonomía constitucional han protestado 36 IESP autónomas, tanto estatales como nacionales. Los artículos de Paulina Mancha, Jaime Ornelas Delgado y Germán Sánchez Daza se refieren a estos conflictos.
Dos terceras partes de la matrícula de educación superior es atendida por IESP, solo las autónomas cubren 32.5 por ciento y de éstas, las 35 IESP autónomas estatales concentran 85 por ciento, esto es, 26 por ciento de toda la matrícula de ese nivel del ciclo escolar 2018-2019. El año pasado el gasto público federal en educación superior fue de 0.74 por ciento del PIB (103 mil 595 millones de pesos), la mayor parte de ese gasto fue para las IESP autónomas estatales. Del total de recursos públicos ordinarios manejados por las autónomas estatales, 64 por ciento es federal y 36 por ciento le corresponde a los estados. Los ingresos propios que generan las autónomas estales son muy diferentes, hay quienes venden productos y servicios, además de las cuotas estudiantiles que sumados superan los subsidios estatales ordinarios; hay otras que solo ingresan las cuotas estudiantiles. De subsidios y matrícula escriben y José Alejandro Sánchez Lozano y José Fidel Sánchez Juárez.
La calidad de la educación se sobredetermina por criterios de empleabilidad: competencias y destrezas y, a mayor acumulación de éstas, mejor valoradas son las IES, relata Naxeai Luna Méndez, quien ofrece datos duros para ilustrar la relación directa entre ingresos y escolaridad, acotando que esa movilidad solo opera entre los egresados de posgrado que están insertos en el mercado laboral.
Excepto Hugo Aboites, los colaboradores de este número son docentes y alumnos de licenciatura o posgrado de la Facultad de Economía de la BUAP, a todos ellos, agradecemos sus valiosas aportaciones.
