El 1 de diciembre de 2018, en la toma de gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, algo quedó claro, su movimiento de la Cuarta Transformación buscaría cambiar y transformar las viejas estructuras económicas y de poder.
En su discurso inicial mencionaba que “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, esta frase dio formal inicio a una política de austeridad republicana que se plasmó en la Ley Federal de Austeridad Republicana el 2 de julio de 2019; en esta se menciona en el Artículo 4, que la Austeridad Republicana es la conducta de los entes públicos que están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrándolos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; y es que al estilo puro de la Doctrina Neoclásica Económica, se reconoció que las políticas públicas implementadas no consiguieron el máximo beneficio para la población, es decir, los gobiernos anteriores hicieron mal uso de los recursos.
La ley de austeridad caló en todos los ámbitos del gobierno, desde los sueldos de los servidores públicos hasta programas gubernamentales que por años sirvieron mal intencionadamente a los intereses particulares de grupos de poder, y aunque se llegó a pensar que órganos e instituciones autónomas escaparían a esta política, esto no fue así, el ejemplo más claro han sido las Universidades Públicas Estatales del país, que representando solo el 1.09 por ciento de las Instituciones de Educación Superior absorben el 26.01 por ciento de la matrícula total de estudiantes de educación superior.
En meses recientes, dichas instituciones se han visto en la problemática de buscar los mecanismos adecuados para hacer uso eficiente de los recursos sin poner en riesgo la autonomía que les otorga el Artículo Tercero Constitucional, ya que desde el año 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la autonomía “no impide la fiscalización de los subsidios federales que se otorguen a las universidades públicas para su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, porque tal revisión no significa intromisión a su libertad de autogobierno y autoadministración sino que la verificación de que efectivamente las aportaciones económicas que reciben del pueblo se destinaron para los fines a que fueron otorgadas y sin que se hubiera hecho un uso inadecuado o incurrido en desvío de los fondos relativos” (SCJN, Segunda Sala, tesis 2a. CXXI/2002), lo anterior ha implicado un compromiso por parte de dichas instituciones por transparentar todos los recursos de los que hace uso, ya sean federales, estatales o los que genera por parte propia a través de la prestación de servicios, inscripciones, etcétera.
Si bien el compromiso del presidente es no disminuir el presupuesto asignado a Educación, se ha puesto especial énfasis en el manejo responsable del presupuesto de las Universidades Públicas Estatales (UPE’s), ya que se les destinan más de 94 mil millones de pesos, donde la Federación destina el 64 por ciento de estos recursos, y los gobiernos estatales el 36 por ciento en promedio; el subsidio ordinario por alumno de educación superior es de 59 mil 64 pesos (3 mil 187 dólares), cantidad muy por debajo del promedio de inversión de gasto público en educación superior por parte de los países miembros de la OCDE que destinan más de 16 mil dólares anuales por alumno. El objetivo principal de las políticas de austeridad republicana es eficientizar gasto presupuestal para maximizar el beneficio; sin embargo, queda abierto el debate acerca del control de este en organismos autónomos como lo son las Universidades Públicas Estatales.
Por parte de las UPE ha existido la disposición de colaborar en hacer uso eficiente de su presupuesto sin que esto afecte su autonomía, ya que desde 2019 han tomado medidas para reducir los gastos innecesarios, entre las medidas adoptadas destacan la no contratación de nuevo personal académico (ya sea por horas, medio tiempo o tiempo completo), lo que preocupa dado la avanzada edad del personal académico; la maximización de la productividad docente, es decir, grupos más grandes de alumnos atendidos por docente; reducción de gastos de transporte y oficina; y control presupuestal constante por parte de organismos internos y externos, rubro que preocupa a la universidades al golpear su autonomía de gestión y control.
Por último, es cuestionable el uso de medidas de control presupuestario las UPE’s con alta marginación y pobreza como lo son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde es necesario destinar mayores recursos en proyectos educativos de infraestructura, de contratación de docentes y capacitación de personal, para solventar el atraso educativo que por décadas ha aquejado a estos estados.
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