El martes 18 de febrero de este año apareció en la Gaceta Parlamentaria (http://gaceta.diputados.gob.mx/), una iniciativa de Ley “que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México…”
La iniciativa, presentada por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, provocó de inmediato la alarma y movilización de las burocracias de las universidades autónomas del país, respaldadas por el organismo corporativo que las agrupa: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La respuesta no sorprendió, pues así ocurre con los grupos corporativos que responden como uno solo contra quien consideran el “enemigo común”, cuando se sienten agraviados por este, o ven en riesgo sus intereses comunes.
Por supuesto, el rechazo a la iniciativa del diputado Jáuregui, la encabezó el doctor Enrique Graue Wiechers, quien con fecha el 19 de febrero, es decir, de un día después de aparecida la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, envió un mensaje dirigido a los titulares de los principales órganos de la Cámara de Diputados exigiendo —Jáuregui advirtió que en una clara intromisión en los asuntos de ese órgano legislativo— “Como rector de la Universidad de la Nación, que las comisiones dictaminadoras correspondientes de la H. Cámara de Diputados rechacen esta iniciativa y hagan público y manifiesto el respeto irrestricto a la autonomía de nuestra casa de estudios”; en ese mismo mensaje, el rector Grau expresaba su “sorpresa e indignación” por la existencia de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la institución y denuncia que esa iniciativa se sumaba a otras presentadas ante diversas legislaturas locales, en lo que, según él, “parece constituir una escalada contra la autonomía de nuestras casas de estudio”. Concluía el rector interpretando la iniciativa del diputado Jáuregui como un “intento de desestabilizar la vida universitaria.”
Por supuesto, las presiones subieron tanto de tono que el diputado Jáuregui Montes de Oca, autor de la iniciativa, se vio precisado a retirarla y se obligó al ex presidente del Senado, Martí Batres, con quien se ligaba a Jáuregui, a deslindarse de la iniciativa, asegurando que él no compartía propuestas que, desde fuera de la UNAM, pretendieran modificar su estructura organizativa (La Jornada, 23/02/20: 26)
Pero ¿qué proponía la iniciativa que desató la ira y tanto irritó a los irrestrictos defensores de la pureza de la UNAM y de su autonomía? Por supuesto, el documento de apenas seis páginas se conoció muy poco, pues las autoridades universitarias y los medios insistieron la “violación de la autonomía” y soslayaron el contenido del documento, que nadie quiso discutir.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se rememora que, “durante décadas, México se caracterizó por tener un régimen político autoritario y con la figura de un partido hegemónico que todo lo controlaba. La vida pública de nuestro país estuvo inmersa en la lógica de la verticalidad en la toma de decisiones” y continuaba: “En el caso de las instituciones públicas no era diferente. Estaban diseñadas bajo estructuras verticales, unilaterales y pensadas para que la toma de decisiones fuera monopolio de unos cuantos y que pudieran hacer y deshacer de forma que no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Las instituciones en México durante mucho tiempo, fueron pensadas precisamente para eso, para que fueran estructuras elitistas y cerradas… que no rendía cuentas a nadie, más que a quienes estaban por encima de ellas.”
En consecuencia, por su importancia en la vida nacional y porque no puede ser ajena a los cambios democratizadores de nuestra historia reciente, la iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica de la UNAM para democratizar sus estructuras organizativas, lo cual “conlleva la horizontalidad en la toma de decisiones”; en particular, se propone modificar el proceso de elección de las autoridades académicas, ya que la Ley Orgánica, que desde el momento que fue publicada en 1945 por el presidente “caballero y creyente”, Manuel Ávila Camacho, no ha sufrido modificación alguna, prevé una forma vertical de elección de las autoridades, procedimiento en el que no es extraño suponer la intervención de instancias extrauniversitarias del más alto nivel en la decisión final.
De manera textual, la iniciativa señala los objetivos fundamentales de esas modificaciones:
- Democratizar las formas de gobierno de la Universidad, de manera específica el método en que se designan al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos de investigación.
- Cambiar las atribuciones de las autoridades universitarias, concretamente, de la Junta de Gobierno y de la forma en que elige al rector y a los directores.
- Democratizar las formas de gobierno de la UNAM significa que, al rector, a los directores de las escuelas y facultades, así como los directores de los institutos de investigación, los elijan sus propias comunidades por medio de elecciones abiertas, equitativas, competitivas y transparentes, a través de voto libre y secreto.
- Abrir a la participación de la comunidad universitaria en su conjunto (profesores, alumnos y trabajadores) en la toma de decisiones, sobre quienes han de dirigir a los diferentes entes que conforman a la Universidad.
En síntesis, más allá del procedimiento seguido por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, la reforma propuesta en su iniciativa, pretende un procedimiento que llama a la reflexión respecto de su viabilidad y sus aspectos políticos: permitir a la comunidad universitaria, “Organizarse democráticamente en su forma de gobierno bajo principios de transparencia, equidad de género y rendición de cuentas a la comunidad universitaria. Entendiendo por democráticamente, que el rector, los directores de escuelas, facultades e institutos de investigación sean electos por sus comunidades de forma directa, a través de procesos electorales competitivos, equitativos y trasparentes”.
La propuesta pareciera rebasar lo políticamente correcto, pues, se ha dicho, traslada mecánicamente los postulados de la democracia representativa a una institución académica; sin embargo, la iniciativa tiene su valor ya que pone a debate ¿quién y cómo se han elegir a las autoridades universitarias? ¿Todos los integrantes de la institución (el alumnado, las trabajadoras y los trabajadores académicos) deben elegirlas directamente mediante “voto libre y secreto, o simplemente deben ser designadas como ocurre actualmente en la UNAM, donde la Ley Orgánica hace recaer la designación de las autoridades académicas en una Junta de Gobierno integrada por 15 académicas y académicos cuya legitimidad radica en haber sido elegidos por el Consejo Universitario, que, como máxima autoridad universitaria, cede ese derecho a la Junta de Gobierno?
Sin duda, como muchos se han quejado de la oscura forma de designación del rector y de las autoridades de unidades académicas e institutos de investigación, considerada excluyente, vertical y poco democrática, parece indispensable debatir sobre las posibles respuestas a las interrogantes planteadas.
Finalmente, el reclamo de las autoridades universitarias a esa iniciativa no fue a su contenido, sino al procedimiento seguido por el diputado Jáuregui, como fue presentarla a la Cámara de Diputados y no por universitarios dentro de la universidad, se descalificó la iniciativa por suponerla instrumento de “intereses que sólo abonan al caos”, tal como se decía en un desplegado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Región Noroeste de la ANUIES, y se equiparaba la iniciativa a los actos vandálicos que había sufrido la UNAM por esas fechas (La Jornada, 21/02/20: 11).
Posiblemente, el momento elegido por el diputado Jáuregui para presentar la iniciativa no fue el adecuado, en tanto la UNAM se encontraba, como hasta la fecha, bajo asedio de un confuso y, ese sí, desestabilizador movimiento que se monta en las legítimas demandas de las y los estudiantes que exigen respeto y seguridad para realizar sus estudios y su vida. Cierto, el momento de presentar la iniciativa fue, por decir lo menos, imprudente, pero también es probable que no hay otra forma, pues son muy sólidas las estructuras que ha levantado la burocracia de la UNAM para proteger intereses firmemente establecidos, ya que “desde tiempo atrás se han instituido en la máxima casa de estudios cotos de poder académicos y administrativos, cuyas prácticas gravitan en contra del sano crecimiento de la propia universidad” (La Jornada, 20/02/20: 2).
Ciertamente, elegir por voto universal y secreto a las autoridades universitarias, no garantiza nada, ni siquiera el juego democrático, la prueba fehaciente es lo que ocurre en muchas universidades donde existe ese procedimiento y las autoridades manipulan el proceso. Además, es difícil imaginar lo que será organizar una elección para un universo de 300 mil electores, número superior al de ciudadanos con derecho a voto en muchos municipios del país. Tan sólo elaborar el padrón sería una tarea costosa y complicada y se le tendría que pedir al INE (que, como buena institución creada bajo el neoliberalismo, cobra por el servicio), que organizara el proceso. En fin, son muchos problemas, afortunadamente, solucionables si de verdad se aspirara a la democracia en nuestra máxima casa de estudios.
