Un inerte virus nos confinó en nuestros hogares para atenuar el contagio del Covid-19; esta acción, más el distanciamiento social, la cuarentena, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos y el seguimiento puntual de lo probables contagiados eran para mitigar los efectos del pandémico SARS-Cov2. Ahora resulta, según el nobel Mario J. Molina (en coautoría con Renyi Zhang, Yixin Li, Annie L. Zhang y Yuan Luang) que esas son acciones insuficientes: es necesario usar cubre bocas, ya que el virus se propaga principalmente por trasmisión aérea y hay que proteger las vías respiratorias (Identificando la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación del Covid-19).
Aún no sabemos cuándo y cómo concluirá la pandemia ni los múltiples efectos que ocasione a la insustentable reproducción social de una forma de producir, distribuir, cambiar y consumir degradante de la naturaleza y de la condición humana. Hay pronósticos de una contracción de la economía mundial de hasta dos dígitos, de periodos de recuperación mayores a los 50 meses, de pérdida de un tercio de los empleos y un empobrecimiento más intenso de los depauperados de siempre más los agregados por el neoliberalismo. La teoría economía ortodoxa recomienda mayor gasto público para mitigar la crisis y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional refiere que los gobiernos del mundo han erogado ya 10 mil millones de dólares (10 veces más con relación a la crisis de 2008-2009) y no hay garantía de un descenso suave o de una recuperación súbita. Otro nobel, Joseph Stiglitz, propone financiar el gasto anticíclico de los gobiernos con una reforma fiscal global progresiva, que grave más a las grandes empresas así como a las personas que detentan altos ingresos y patrimonio; lo contrario de la propuesta del Partido Acción Nacional de bajar el impuesto al valor agregado; o de rescatar a las empresas y no cobrarles impuestos, como proponen los organismos patronales del país.
Sin Covid-19 había ya decrecimiento de la inversión, del consumo, del comercio y de la actividad económica y una acentuada precarización laboral a pesar del aumento real del salario mínimo general en los dos últimos años, ahora que hemos parado actividades no sustantivas y trabajamos en confinamiento, se ha acentuado esa situación. Son mayoría los trabajadores que no tienen empleos formales ni acceso al sistema de seguridad social; de los pocos que tenemos estabilidad laboral y acceso al sistema de seguridad, no todos podemos laborar a distancia, o no tenemos las condiciones o nuestros oficios y profesiones solo se pueden desplegar in situ. De los que podemos desempeñarnos laboralmente a distancia, estamos en un contexto nuevo que, junto con la curva del aprendizaje, mengua la calidad de nuestros servicios.
Al sistema educativo nacional pertenecemos 40 millones de personas (37 millones de estudiantes y 3 millones de trabajadores); al confinarnos, disminuye sustancialmente la movilidad y la probabilidad del contagio mengua. Para laborar a distancia requerimos que nuestros hogares dispongan de banda ancha y más del 40 por ciento de los hogares carecen de ese servicio; la densidad telefónica de celulares es de 96 por cada 100 habitantes, pero no siempre los suscriptores tienen datos o acceso a wifi para conectarse. Es recurrente que las tabletas, pc y dispositivos móviles no son los adecuados para navegar; la señal de internet es de mala calidad, hay sobresaturación de la banda por simultaneidad de accesos y el hogar no está diseñado para impartir o recibir clases: hay otras dinámicas familiares y usos de ese espacio que no facilitan un uso reiterado y prolongado del internet. Reiniciar un ciclo escolar a distancia amerita resolver, al menos, los problemas de conectividad y de disponibilidad de equipo de cómputo.