Con el neoliberalismo iniciamos la transición demográfica: abatimos la tasa de fecundidad para disminuir la tasa de crecimiento natural de la población. Cada 30 años redujimos a la mitad la tasa anual de crecimiento social de la población, así en el decenio 1960-70 crecimos 3.28 por ciento, en el decenio 1990-00 lo hicimos a 1.61 por ciento y en 2020-30 lo haremos a 0.78 por ciento según las estimaciones de Consejo Nacional de Población para los años 1950-2050.
Hoy somos 128 millones los que residimos en México y requerimos 140 años para duplicarnos a la tasa de crecimiento en que lo haremos de aquí al año 2050; no sucede lo mismo con las personas de 65 años o más, ellos se duplicarán en 22 años y de representar 7.6 por ciento de toda la población actualmente, serán 13.7 por ciento en dos decenios: 19.8 millones. Con el envejecimiento afloran las enfermedades degenerativas, difícil de afrontar cuando no hay ingresos económicos, tampoco cobertura pública de servicios de salud, las patologías se multiplican y la esperanza de vida degradada aumenta.
Con base en la Encuesta Nacional de Salud y envejecimiento 2018 generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 52 por ciento de la población de 50 años o más reportó padecer por lo menos una de las siete patologías propias de la vejez (hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, artritis, infarto, embolia y cáncer). En obesidad por peso y talla se ubicó el 27.4 por ciento de la población de 50 años o más (5.5 puntos por arriba de lo reportado en la Encuesta de 2001 (la primera de la serie).
La población de 50 años o más nació antes de 1969 y la mayoría ingresó a laborar antes de fin del siglo, por lo que se pudo acoger a la Ley del IMSS de 1997 y gozar del régimen de pensión indefinido y endosar la pensión a un familiar dependiente en caso de fallecimiento. La trayectoria laboral de la población que en 2018 tenía 50 años o más fue concomitante al Estado de Bienestar de posguerra, donde tenían prestaciones sociales asociadas al trabajo, entre ellas, servicios médicos, pensión y jubilación; aun así, la mitad de la población referida no era derechohabiente (14.8 por ciento) o lo era del Seguro Popular en 2018 (36.1 por ciento). Con base en la información generada por la Encuesta Nacional de Salud y envejecimiento 2018, al día de hoy habría 15 millones de personas de 50 años o más que no son derechohabientes de ninguna institución de salud y corresponderá al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) darle atención médica.
En México el gasto privado y público en salud es muy bajo, para el año 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) registró un desembolso de mil 138 pesos anuales por persona en México cuando en los países miembros de la OCDE fue de 3 mil 994 pesos. Referido al Producto Interno Bruto (PIB), el gasto nacional en salud fue de 5.5 por ciento (3 por ciento público y 2.5 por ciento privado) en México cuando en los países de la organización mencionada fue de 8.8 por ciento para el año 2018. Reducidos presupuestos y amplios márgenes de corrupción explican el déficit de personal médico y de infraestructura en México y la ausencia de cobertura de atención hospitalaria oportuna, suficiente y de calidad. Universalizar la atención médica al tercer nivel requerirá de un presupuesto público en salud del doble del actual y será un proceso que requerirá por lo menos cuatro años lograrlo. Hay que recordar que los ingresos laborales posteriores a 1997 se rigen por el sistema de cuentas individuales para el retiro y que son mayoría los trabajadores que no tienen prestaciones médicas ni derecho a pensiones en la vejez asociada al trabajo, por lo que la membresía de derechohabientes atendidas por el Insabi tenderá a incrementarse.
