A pesar de la doble crisis (sanitaria y económica), cada una letal para cualquier administración pública, la aprobación del presidente de la República en noviembre del año en curso es la misma que la un año antes: para Mitofsky, hace un año tenía 58.6 por ciento, ahora 58.4 por ciento; en el mismo sentido son los registros de la empresa GEA-ISA, 57 por ciento en ambas fechas. Estas dos empresas se caracterizan por publicar las aprobaciones más bajas en torno a la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Otras empresas demoscópicas (Parametría, Buendía y Laredo, Demotecnia y Eknoll) o de comunicación (Reforma y El Financiero) registran niveles de aprobación de AMLO que varían entre 61 y 67 por ciento para noviembre del año en curso y de entre 67 y 75 por ciento para noviembre del año pasado, con base en dichas fuentes, la merma de la aprobación presidencial entre el primero y segundo año de gestión oscila entre 3 y 11 por ciento. Cualquiera de estos registros es mejor a los segundos años de las gestiones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Si la fuente es AMLO, la aprobación presidencial es un poco más alta: 71 por ciento refrenda su gestión, según la encuesta telefónica aplicada a 2 mil 500 ciudadanos el 24 de noviembre de este año.
El cumplimiento de 97 de 100 compromisos, la honestidad y eficiencia de su gestión, el aumento real del salario mínimo y su persuasiva y permanente comunicación ha minimizado el decrecimiento económico estimado en -9 por ciento, la pérdida de 562 mil empleos formales, las casi 900 muertes por Covid-19 por cada millón de habitantes o los 80 homicidios dolosos que cada día se perpetran. Todavía sigue sin castigarse a los responsables de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa; no hay avance en la producción de energías alternas renovables ni se han descentralizado los servicios de la administración federal, pero en la pertinencia y cobertura de los programas sociales hubo avances significativos que ameritaron el refrendo de la confianza y de la aprobación de la gestión presidencial.
El gasto público no es expansivo y la inversión pública es modesta para fomentar una recuperación expresa de la economía en 2021, el crecimiento de la economía será menor al poblacional y la creación de nuevos empleos también será menor al observado en 2019. La caída del tres por ciento de los ingresos públicos registrada este año presionará hacia una mayor austeridad presupuestaria, dada la negativa presidencial a incrementar el gasto público a través de la deuda pública interna. Se puede controlar el déficit fiscal ajustando el gasto al disminuido ingreso, pero la deuda pública respecto al contraído Producto Interno Bruto habrá aumentado, y con ello, el servicio de la deuda, lo que puede llevarnos a una espiral de perpetuo crecimiento moderado sostenido por una ampliación del consumo popular, necesaria, justa y pertinente, pero insuficiente para generar los empleos requeridos o los niveles dignos de los salarios contractuales.
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