A pesar de la creación de la Guardia Nacional y de 266 coordinaciones regionales para atender la seguridad pública del país (acuerdos no. 85 y 86 suscritos por el Ejecutivo federal), la inseguridad pública sigue siendo el principal problema nacional: siete de cada 10 ciudadanos lo consideran el principal tema de preocupación y ocho de cada 10 personas de 18 años o más se perciben víctimas de un delito (robo o asalto en la calle o transporte público, lesiones por agresión, extorsión o secuestro), según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020.
A cuatro meses del arribo de Andrés Manuel López Orador a la presidencia, 44 por ciento de los ciudadanos percibía que la seguridad pública mejoraría —aumento de 24 por ciento con relación al último año de la gestión de Enrique Peña Nieto—; en marzo del año pasado, los que afirmaban lo mismo eran 28 por ciento —8 puntos más respecto al último año de Peña Nieto. La identidad con el proyecto de gobierno de AMLO y el respaldo mayoritario a su gestión se refleja en el incremento de la disposición ciudadana a resolver en forma organizada sus problemas comunitarios de robo, alumbrado, baches, fugas y falta de agua, delincuencia cerca de escuelas y pandillerismo violento (ENVIPE,2020).
Durante el gobierno de la 4T ha mejorado la confianza ciudadana en las instituciones, en una escala del cero al uno (cero es nada y uno es mucha), la confianza ciudadana expresada en marzo de 2020 a la Marina fue de 0.81; al Ejército, de 0.77, y a la Guardia Nacional, de 0.72; hasta las policías (federal, ministerial, estatal, municipal y de tránsito) registraron un mayor nivel de confianza, solo los jueces están congelados: 0.50 en escala del cero al uno. También ha mejorado la percepción de desempeño de la mayoría de las instituciones, excepto jueces y policía ministerial que siguen con los registros del último año de la gestión de Peña Nieto. La percepción ciudadana sobre el desempeño de las policías municipal, estatal y federal ha mejorado: en 2020 la percepción de que ayudan tiene entre ocho y 14 puntos más de los que tenían en 2018 (ENVIPE, 2020).
La actividad delictiva ha estado disminuyendo desde 2018, aun así, uno de cada tres ciudadanos sufrió al menos un delito en 2020, lo cual no es una acción meritoria para ninguna gestión pública, además la cifra negra delictiva sigue siendo de 92 por ciento. La tasa de homicidios dolosos disminuyó 0.36 por ciento en 2020 respecto al año anterior, el robo de vehículos cayó 24 por ciento, los secuestros disminuyeron en 38.5 por ciento, el robo en cualquier modalidad cayó 21 por ciento; en cambio, los feminicidios aumentaron en 0.3 por ciento. La Guardia Nacional, con más de 300 mil elementos, realizó importantes acciones de protección ciudadana, y de aseguramientos de dinero, drogas, armamento, vehículos y aeronaves, acciones que explican en parte el abatimiento de la actividad delictiva.
Es loable que en una doble crisis (económica y de salud) la actividad delictiva en su conjunto disminuya, la inmovilidad de la mayor parte de la población y el mayor tiempo en los hogares de casi todos los miembros familiares resguardando el patrimonio y la integridad física de la familia ayudan al abatimiento de la delincuencia, como también contribuyen el incremento del salario mínimo general, una mayor trasferencia de recursos públicos a la población de menores ingresos y una estrategia de seguridad pública encabezada por la Guardia Nacional. La inseguridad pública está contenida, más no erradicada.
