Introducción
A finales de marzo se celebrará la consulta ciudadana de revocación del mandato para preguntar a las y los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Este procedimiento de democracia participativa lo elevamos a rango constitucional con la idea de que el pueblo es el soberano, que él pone y él quita y que siempre debe mantener en sus manos las riendas del poder.
En lo sucesivo nadie podrá confiar en que fue electo por seis años y que, aunque se porte mal y el pueblo lo rechace, se le tiene que soportar hasta el fin de su periodo, con todo y el daño que pueda causar a la vida pública. Nadie, en ningún nivel de la escala social, económica o política, se podrá sentir todopoderoso y dueño de un poder absoluto.
Esta reforma y la de quitar el fuero al presidente, que antes solo podía ser juzgado por traición a la patria y ahora se le puede enjuiciar por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano, bastarían para mostrar lo satisfecho que estoy por los cambios tan profundos que se han hecho realidad.
Hemos avanzado y considero que a la mitad del camino, a pesar de la pandemia, se han establecido las bases para la transformación de México y reitero, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad con la puesta en práctica de un proceso de pedagogía política o concientización continuo, manifestado en conferencias, en discursos en las distintas plazas, pueblos y regiones del país y en mensajes por las redes sociales pero, sobre todo, predicando con el ejemplo, como recomendaba mi admirado Francisco J. Múgica: “Hechos no palabras”.
La fórmula honestidad, austeridad y bienestar
Los tecnócratas nunca consideraron —para usar su propio término— la “variable” de la corrupción como un obstáculo para el funcionamiento del propio modelo neoliberal. La materia de probidad y honestidad nunca se impartió en las universidades donde se formaron quienes, al paso del tiempo, llegaron a ocupar las secretarías y los ministerios de Hacienda o Economía en la mayor parte de los países del mundo. Puede ser que este asunto no resultara importante en otras naciones, pero en México era y sigue siendo una asignatura indispensable.
Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones —lo que es lo mismo: para delinquir— y gozar de impunidad. Hoy, la Secretaría de Hacienda Pública se está fortaleciendo mediante la fórmula de no permitir los fraudes fiscales. Un dato: aun con la crisis por la pandemia de Covid-19, los ingresos del gobierno federal al primer semestre de este año sumaron un billón 856 mil 246 millones de pesos, es decir, fueron 1.1 por ciento superiores en términos reales al mismo periodo del año pasado y 0.3 por ciento más en términos reales que lo estimado en la ley de ingresos de la Federación para este año. Estoy obligado a informar, por ética y honestidad, que en los dos últimos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de ellos, de mil millones a más, dejaron de pagar 189 mil 18 millones de pesos. La lista de las corporaciones y los montos no cobrados es la siguiente:
Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Esto es posible cuando se actúa con integridad. Es imprescindible no permitir la corrupción al interior del gobierno para contar con autoridad moral y política. Por ejemplo, debemos seguirnos esforzando en ahorrar en los costos de construcción de obras públicas y en la contratación de servicios. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo de costos, calidad y tiempo, entre la construcción que realizan los ingenieros militares del aeropuerto civil de Santa Lucía, General Felipe Ángeles, y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco.
