Los ingresos públicos (petroleros, tributarios, no tributarios y de organismos y empresa) han sido históricamente menores al gasto público; dos terceras partes del ingreso proceden de los impuestos, principalmente del Impuesto Sobre la Renta (a empresas y personas) y del Impuesto al Valor Agregado. Una administración proba y eficiente puede, con las mismas tasas, obtener más ingresos por la no condonación de impuestos, por ampliación de base fiscal y menores evasiones y elusiones, como ha sucedido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una política pública que tenga como objetivo central una sociedad menos desigual necesariamente debe de ejecutar una fiscalidad progresiva (quien gana más debe pagar más) y disponer de los ingresos suficientes y necesarios para solventar un gasto social donde se garanticen los derechos consignados en el artículo 4 Constitucional.
Comparadas con las tasas impositivas de otros países de rango de producto interno por persona igual o menor al de México, nuestras tasas son muy bajas, y la normatividad muy laxa que aún permite la evasión y elusión fiscal. Cobrarles a los causantes mayores —que tenían como principio el impago tributario— ha causado una orquestada campaña mediática contra el gobierno de la 4T, una parte sustantiva de los excedentes corporativos de las grandes empresas proceden de no pagar la carga tributaria que la norma establece. Aumentar las tasas del ISR en un contexto de crisis económica y sanitaria hubiera sido más desestabilizador, quizá esas consideraciones llevaron a AMLO a no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas. Pero una mayor carga tributaria genera mayor demanda que puede incentivar la inversión y el producto, además de redistribuir el ingreso en beneficio de los damnificados por la estrategia de crecimiento, si los objetivos son un desarrollo con menos inequidad y mayor grado de libertad de las finanzas públicas, habrá que crear nuevos impuestos y/o aumentar las tasas de los existentes, y esa tarea necesariamente tendrá que enfrentar la gestión presidencial 2024-2030. Otra manera de solventar el gasto público es a través de la deuda, para ello, el banco central, con otra normatividad y propósito, podría adquirirla para incentivar el desarrollo social sin que ello afecte las tasas de interés.
Una mayor generación de bienes y servicios, una mejor distribución del ingreso, un abatimiento de la pobreza extrema y un régimen de bienestar social universal requiere de una contribución mayor de los que detentan el ingreso y la riqueza: impuestos a las transferencias de propiedad, a la actividad bursátil, a la acumulación de activos, al ingreso familiar y el establecimiento de tasas similares a las prevalecientes en los países con políticas claras de bienestar social, ameritan discutirse y aplicarse en la próxima gestión presidencial.
