Los retos en la construcción de un proyecto de nación alternativo desde las entidades federativas

Una de las características fundamentales del camino seguido por México en su inserción en la globalización neoliberal fue la paulatina desarticulación de las políticas públicas orientadas a la redistribución de la riqueza. El dogma del mercado como ámbito natural de las dinámicas económicas con sus efectos sociales y culturales concomitantes para generar riqueza y eliminar las ineficiencias del aparato productivo nacional condujo a la desaparición sistemática de los programas de apoyo a comunidades campesinas, sectores populares y de trabajadores asalariados.

Bajo la premisa de que la intervención del Estado, a través de las empresas estatales y los programas de apoyo distorsionaban el funcionamiento normal del mercado y mantienen las ineficiencias del funcionamiento del aparato económico y social constituyéndose en un impedimento para transitar hacia la prosperidad, por estas razones  uno de los objetivos fundamentales de las reformas estructurales en los ultimos 36 años fue la disminución de lo público en todos los ámbitos económicos, sociales, culturales, educativos en el país.

De las más de mil 100 entidades u organismos del sector público existentes al inicio de la década de los ochenta, los presidentes desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto aplicaron una política ortodoxa de desmantelamiento de los instrumentos del Estado en la economía nacional a través de empresas, organismos y programas, prácticamente 90 por ciento de estas entidades desaparecieron o fueron transferidos al sector privado bajo distintas modalidades.

Una de las características de este proceso fue el abandono prácticamente total del campo mexicano, el cual junto con las reformas constitucionales al Artículo 27 modificaron sustancialmente las condiciones de funcionamiento económico, social y político del campo mexicano provocando una creciente migración, particularmente hacia Estados Unidos y las principales ciudades del país. Los elementos básicos de la actividad económica en el campo (agua y tierra), fueron incorporados al mercado; los apoyos financieros tales como crédito, precios de garantía, fertilizantes corrieron la misma suerte.

El territorio, como elemento estratégico para la inserción del país en la globalización privilegió jurídica, política y socialmente los grandes intereses corporativos, particularmente los relacionados con extracción de recursos naturales, como la minería, materiales metálicos y no metálicos, la agricultura de exportación y campo de experimentación de semillas modificadas; en el ámbito urbano las promociones inmobiliarias especulativas vinculadas a desarrollos urbanos, a complejos recreativos y turísticos.

La política territorial y sus elementos constitutivos desde los estratégicos como son las vías de comunicación, puertos, aeropuertos, medios de comunicación, la infraestructura y equipamientos urbanos en materia de salud, educación, recreación, seguridad, servicios públicos, vivienda, entre otros, entregados al sector privado e incorporados al mercado profundizando con ello las condiciones de desigualdad en el acceso a estos bienes y servicios.

Para la profundización de las transformaciones promovida por el actual gobierno federal, las entidades federativas deberán, en sus circunstancias particulares de carácter social, económico, ambiental, urbanas, entre otras, enfrentar los cambios que en cada una de estas materias. Para el caso de Puebla, la entidad se encuentra en condiciones de mayor rezago con respecto al promedio nacional. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Bienestar1, en la entidad el 63.4 por ciento de su población se encontraba en situación de pobreza, manteniendo índices por encima de la media nacional con rezagos en materia de educación, salud, acceso a servicios básicos en vivienda y seguridad social.

En buena medida estas circunstancias están vinculadas a la reproducción del patrón de concentración dispersión de la población en el territorio estatal. De las 7 mil 50 localidades con las que cuenta la entidad, 61.28 por ciento son menores a 250 habitantes, 26.9 por ciento se ubica entre 250 y 2 mil 499 habitantes y 4.63 por ciento está entre 2 mil 500 y 14 mil 999 habitantes; es decir, que más de 90 por ciento de las localidades de la entidad son rurales y en las que residen 50.68 por ciento de los cerca de 6,600.000 habitantes del estado.

En contraste, 23 por ciento de los habitantes se concentra en la ciudad de Puebla, la cual es el corazón de una amplia región metropolitana en la que reside 41.39 por ciento de la población. Esta región metropolitana concentra además 15 de las 41 localidades mayores a 15 mil habitantes del estado y cinco de las 28 que se encuentran en un rango de entre 10 mil y 15 mil habitantes.

La creación de condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que conduzcan a un mejoramiento sustancial de los habitantes de la entidad tendrá que partir de estas condiciones que estructuran el territorio del Estado y que gravitan en sus posibilidades de mejoramiento para ello se requiere de programas regionales integrales.

En el ámbito rural los resultados obtenidos hasta ahora por el gobierno federal sin lugar a dudas son asimétricos; si bien hasta ahora se ha frenado la entrega indiscriminada de concesiones diversas, particularmente para la explotación minera o el uso de agroquímicos altamente contaminantes y dañinos para la salud, también se ha impedido el uso de transgénicos particularmente en el caso del maíz, está claro que el camino para revertir los efectos de la inserción del campo mexicano en la globalización y para alcanzar la soberanía alimentaria está lejos de alcanzarse.

Puebla requiere al respecto programas regionales de reforzamiento de sus capacidades agropecuarias en una lógica de articulación de cadenas de valor que refuercen las capacidades de los pequeños y medianos productores y que combatan a la vez el acaparamiento de productos mejorando los sistemas de comercialización, los precios de garantía son importantes pero insuficientes; mejorar las capacidades de acopio, distribución y procesamiento de los productos agropecuarios mediante sistemas de cooperación y dotación de equipamientos regionales constituyen una vía viable.

La entrega indiscriminada del territorio nacional dañó profundamente las condiciones ambientales del país, sus capacidades productivas y la biodiversidad regional, el actual gobierno federal ha incrementado las acciones de forestación y reforestación como parte de un programa de doble propósito de recuperación ambiental y de empleo; asimismo ha incrementado las áreas naturales protegidas, particularmente en el sur sureste del país; si bien estas acciones son altamente significativas, en entidades como Puebla se requiere el concurtso del gobierno estatal con programas efectivos de manejo de sus áreas naturales protegidas, de las cuencas hidrológicas y los servicios de agua potable, su uso, tratamiento y gestión; la reserva Cuitlatlán, de los parques Popo-Izta y Malinche, la serranía del Tentzo, de los humedales y bosques de niebla, entre otras áreas, que apunten a aprovechamientos sustentables reales con el concurso de la poblaciones residentes y atendiendo sus propios procesos de apropiación y gestión del territorio.

En el ámbito urbano las desigualdades territoriales persisten, la especulación inmobiliaria sigue siendo el motor principal en la producción material de los centros de población, los mercados de vivienda siguen generando espacios urbanos fragmentados y polarizados y continúan generando situaciones paradójicas; en el estado de Puebla, por ejemplo, 314 mil 785 viviendas se encuentran desocupadas; el crecimiento físico de las localidades efrentan profundas desigualdades en materia de acceso a servicios públicos de calidad, con espacios y equipamientos públicos deficientes y una inequitativa distribución y acceso al patrimonio natural y cultural de las propias localidades.

Por estas razones está claro que para profundizar los efectos de la inserción del país en la dinámica de la globalización las entidades federativas deberán desarrollar nuevas políticas públicas congruentes con los propósitos centrales de la transformación, a saber: combate a las desigualdades y desarrollo de las condiciones de bienestar de la población mediante un acceso efectivo al ejercicio pleno de sus derechos en materia de salud, educación, seguridad social y empleo.

En esta perspectiva el próximo gobierno estatal deberá jerarquizar a través de los programas correspondientes su política territorial tomando como base sus posibles aprovechamientos atendiendo en primer término la biodiversidad contenida en los ecosistemas del estado y las realidades de los grupos sociales que residen en ellos desarrollando programas integrales, atendiendo las condiciones de riesgo y la regulación del crecimiento de los asentamientos humanos.

 

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1  Informe Anual Sobre Situación de Pobreza y Rezago Social en Puebla 2023 de la Secretaría de Bienestar.