El proceso de cambio climático global es ya inequívoco. Sus efectos se han detectado en todos los componentes del sistema climático: atmósfera, océanos —incluyendo aumento del nivel del mar—, superficie terrestre, y cuerpos de hielo y nieve. Los eventos extremos (como ondas de calor, inundaciones, sequías, posiblemente huracanes) han aumentado en frecuencia, intensidad y duración. Por ende, todos los socioecosistemas en mayor o menor medida resienten sus impactos, y de forma cada vez más acelerada.
Ante estas evidencias, los organismos internacionales, nacionales y regionales han desarrollado diferentes instrumentos para reducir las causas por acciones humanas y también mecanismos para amortiguar o reducir los impactos observados y los proyectados. Las dos soluciones que se proponen son bajar las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) o adecuarse a los cambios (adaptación). También hay las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), que pretenden sinergias positivas entre la mitigación y adaptación.
Cabe señalar que las desigualdades económicas y sociales agudizan los impactos negativos del cambio climático. Por ello, los llamados a las acciones climáticas actualmente se deben enmarcar en la llamada justicia climática. La reciente crisis global que se dio durante la pandemia mostró claramente que dichas desigualdades se ahondan durante crisis globales. Se trataría de tener una agenda común que revirtiera el cambio climático global que está en marcha en nuestra época, que algunos denominan Antropoceno y otros, Capitaloceno.
Acción Climática en la Agenda para Puebla
La atención a las causas y los efectos del cambio climático en las escalas estatales y locales representan un reto de enorme complejidad, pero al mismo tiempo, una oportunidad ineludible para atender y prevenir las desigualdades estructurales y contribuir a la justicia ambiental. A nivel jurídico, el estado cuenta con una de las leyes más recientes y propositivas a nivel estatal, contenida en la Ley de Cambio Climático del estado de Puebla promulgada por el Congreso local el 8 de agosto de 2023. En ella se incluyen los principios que rigen la normatividad, así como las acciones de adaptación y mitigación que se alinean con las legislaciones nacionales e internacionales.
Resulta fundamental reconocer tres elementos para permitir que la ejecución de la ley sea la adecuada y cumpla con las metas: El primero precisa en la coordinación interinstitucional, cuya capacidad de comunicación y trabajo conjunto es vital en términos administrativos. El segundo consiste en la participación de múltiples actores, entre ellos, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil. Por último, el tercer elemento requiere, de forma inminente, dotar de los recursos económicos, técnicos, materiales y de los insumos científicos necesarios para enfrentar la situación. Esto significa un incremento gradual, pero sostenido, del presupuesto destinado a la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para lo cual la emisión de un Reglamento de Cambio Climático, con base en el artículo 11 de la Ley General de Cambio Climático, es vital.
Por tanto, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal, es importante considerar las políticas propuestas y los retos venideros que se sintetizan en:
- Pugnar por la recopilación y actualización de un inventario estatal de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GYCEI) que permita identificar los sectores de mayor contribución y priorizar las medidas que resulten en una mayor reducción.
- Incentivar la producción de energía a partir de fuentes menos contaminantes y renovables, debido a que en 2021 la producción energética proveniente de combustibles fósiles fue de 85.3 por ciento, destacando que el sector industrial y el transporte consumían el 72 por ciento de la energía demandada. Esta situación implica considerar a su vez dos propuestas: incentivos fiscales a la producción de energía limpia para procesos industriales de menor consumo energético y la creación de un sistema de transporte bajo en emisiones a través de un plan estatal de movilidad.
- Búsqueda y participación en fondos nacionales e internacionales que coadyuven en la reducción de GYCEI a través de esquemas de financiamiento.
- Protección y recuperación de ecosistemas para la captura y secuestro de carbono, basándose principalmente en las Áreas Naturales Protegidas con las que cuenta el estado de Puebla.
Áreas naturales protegidas y cambio climático en Puebla
Las áreas naturales protegidas (ANP) federales, estatales y municipales buscan conservar y salvaguardar los ecosistemas terrestres y marinos más representativos del país, los cuales comprenden una gran diversidad biológica y son el hábitat de numerosas especies, muchas de las cuales se encuentran en alguna categoría de riesgo. Dentro de las ANP habitan comunidades humanas que son parte de su enriquecimiento y un punto clave para su protección.
El estado de Puebla cuenta con ocho ANP de jurisdicción federal. De jurisdicción estatal, Puebla tiene cinco ANP que son Tepeyahualco, Cerro Zapotecas, Cerro Colorado, Sierra del Tenzo y el Humedal de Valsequillo, situada en el municipio de Puebla.
La institución responsable de implementar la política ambiental y de cambio climático en el estado es la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Asimismo, el área responsable de la política de cambio climático es la Dirección de Gestión de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética, su presupuesto ha variado los últimos cuatro años siendo los más altos en 2023 con $4.959.559 y 2022 con $2.824.897.
Actualmente, el estado de Puebla presenta problemas ambientales al interior y fuera de las ANP que contribuyen el cambio climático, como el cambio de uso de suelo, los incendios forestales, la deforestación y tala clandestina; asimismo, existen problemas ambientales que aumentan la vulnerabilidad de las personas y los ecosistemas, como la presencia de especies exóticas y la contaminación del suelo y cuerpos de agua.
Igualmente, Puebla presenta una problemática sobre la agresión a defensores ambientales, en el año 2021 se situó en el cuarto lugar con siete agresiones registradas y en 2022, en el noveno, también con siete agresiones. Los temas por sectores vinculados a las agresiones son: biodiversidad, minería, recurso hídrico, energía eléctrica, desarrollo urbano, industria y contaminación.
Todos estos problemas se pueden abordar desde el ámbito federal, estatal y municipal, por lo cual la transversalidad, tanto vertical como horizontal, es necesaria para afrontarlos. Asimismo, el involucramiento de las comunidades afectadas y las que habitan dentro de las ANP en la elaboración e implementación de las políticas públicas para abordarlos es ineludible para lograr resultados exitosos.
Algunas propuestas para atender las ANP en Puebla:
- Complimiento de los programas de manejo de las ANP y la normatividad ambiental respecto al uso del suelo. Especialmente en la aprobación de desarrollos inmobiliarios, nuevos asentamientos humanos y la tala clandestina.
- Saneamiento de los cuerpos de agua contaminados.
- Auditoría ambiental en los corredores industriales.
- Desarrollar e implementar una alerta temprana para plagas, enfermedades forestales, especies invasoras y especies genéticamente modificas.
- Identificar los puntos neurálgicos de los incendios causados por la actividad agropecuaria y de manera intencional para abordar desde esta perspectiva el problema.
- Protección a los defensores ambientales y acceso a la justicia ambiental.
1 Los autores agradecen el apoyo del proyecto PAPIIT IN107123 de la UNAM.
