La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) ha reiterado la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo para decidir las políticas públicas; lo ha hecho ante las reiteradas y obscenas injerencias del gobierno de Estados Unidos (EEUU). Al defender la soberanía de México, explicita los términos de la relación bilateral: cooperación y diálogo, no sometimiento ni vasallaje; aunque se le parezca, no somos colonia, estado asociado o virreinato; somos una nación soberana.
Es patente la preponderancia de EEUU en la relación bilateral: de ahí procede el 97 por ciento de nuestras remesas, 43 por ciento de la inversión extranjera directa, 34 por ciento de las importaciones, 71 por ciento de las armas decomisadas al crimen organizado, 54 por ciento de sus residuos tóxicos (baterías, solventes, residuos químicos); ese país es el destino de 83 por ciento de nuestras exportaciones, de 88 por ciento de la emigración internacional y de la mayor parte de las utilidades, dividendos, regalías e intereses pagados en México. Esa preeminencia comercial y financiera ha sido determinante para regular la relación bilateral de acuerdo con el interés de las empresas trasnacionales y transgredirla (aranceles) para lograr otros objetivos.
CSP ha dado incansables muestras de cooperación con el capital financiero internacional: las inversiones públicas, privadas y mixtas en las obras de infraestructura programadas para los años 2025–-2030 equivalen a 14.3 por ciento del PIB actual y la inversión en generación de energía será de 3 por ciento del PIB. Los inversionistas internacionales han respondido a la apertura: en 2025 la inversión extranjera directa creció en 10.8 por ciento respecto al año previo y el primer semestre de este año el incremento fue de 14 por ciento respecto al periodo anterior. El dinamismo en la generación de energía, base para el desarrollo de la inteligencia artificial, puede no ser suficiente para recuperar la producción agroalimentaria y agropecuaria; de la misma manera que refrendamos la defensa de la soberanía de la nación, además de la energética, deberíamos incluir la alimentaria.
El libre comercio de mercancías y capitales mermó nuestra capacidad de producir alimentos agropecuarios y alimentos y bebidas industrializados. Entre los años 1991 y 2025, la tasa media anual de crecimiento (estimada por medias móviles trianuales) de la superficie sembrada de granos básicos (maíz, frijol, arroz y trigo) fue de -0.77; la de sus precios reales de -0.96 por ciento y la producción por persona de -0.3 por ciento; en el caso de las oleaginosas (soya, ajonjolí, algodón hueso y cártamo), el crecimiento anual de la superficie sembrada fue de -1.7 por ciento, la de sus precios reales de -0.25 por ciento y la de su producción por persona de -1.67 por ciento. En algunos casos, el incremento de los rendimientos
compensó la disminución de la superficie sembrada y hubo aumentos en producción, que siempre fueron menores a los de la población y disminuyeron la generación de producto por persona. El consumo actual de los granos básicos incluye usos alternos a la alimentación que, en el caso del maíz, solo la tercera parte es para consumo humano directo, 44 por ciento es para alimentar el ganado y 16 por ciento para uso industrial. Una ingesta mayor de proteínas de origen animal demanda una mayor producción pecuaria, que a su vez exige más insumos agrícolas.
Disponemos del conocimiento, de la simiente, el agua y las tierras para aumentar la producción agroecológica de los alimentos, ya sea por ampliación de tierras de cultivo o por mayores rendimientos; lo ausente es una política que garantice un excedente a sus productores y para ello, además de la transferencia de recursos públicos, se requiere proteger la producción nativa, sea por sistema de cuotas y/o de aranceles y ello debe plasmarse en la revisión del acuerdo comercial con EEUU. Las decisiones sobre qué sembrar, cuándo y cómo también son de nuestra competencia.
