El problema principal que ocupa y preocupa a la ciudadanía es el de la inseguridad, y no es para menos: dos de cada cinco ciudadanos y tres de cada cinco hogares fueron víctimas del crimen organizado el año pasado. Las expectativas al respecto son sombrías, los ciudadanos que creen que la inseguridad será peor son más que los que consideran lo contrario; si elaboramos un índice de expectativas de inseguridad donde cero es peor y uno es mejor, tal índice fue de 0.48 a nivel nacional y en las ciudades el registro fue de 0.35. Cada segundo se comete un delito y la mayoría de ciudadanos estamos indefensos ante la violencia con que se cometen tales actividades. Para colmo, hay ineptitud, ineficiencia, connivencia y corrupción de las instituciones que deben garantizar nuestra seguridad, y para fundamentar nuestra desconfianza institucional, la cifra de los delitos que no se investigan y/o no se denuncian es una vergüenza nacional: 98 por ciento, solo en dos de cada 100 delitos hubo reparación del daño; recuperación de bienes, se otorgó perdón o se condenó al delincuente (Inegi: Envipe 2017 y Ensu, marzo 2018).
Requerimos seguridad en nuestras vidas y patrimonio, derecho que nos han conculcado las administraciones públicas que enarbolan la hegemonía del mercado y la eutanasia del estado de Derecho. Al crónico déficit de bienestar material hoy se suma la coacción al ejercicio de nuestros derechos constitucionales consignados en el Capítulo I de los Derechos Humanos y sus garantías, entre otros, el de asociación, expresión, manifestación y libre determinación. La confrontación militar al crimen organizado generó mayor inseguridad y una violación generalizada de los derechos humanos: criminalización de la protesta, levantones, secuestros y asesinatos. Hoy, la inseguridad pública ocupa un lugar prioritario en la agenda nacional y su reversión implica el concurso de muchas fuerzas y energías, de éticas distintas de gestión pública y de la atención simultánea a otras carencias relativas al bienestar material de la mayoría de la población.
Una de las opciones electorales que genera esperanza de reconciliación y de crecimiento económico es la enarbolada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hasta ahora encabeza las preferencias de los ciudadanos. De las muchas encuestas nacionales publicadas en medios de comunicación este año, el puntero único es AMLO, se ubica entre 17 y 100 por ciento por arriba de la segunda posición. Tres encuestadoras han hecho seguimientos mensuales sobre preferencias electorales y han publicado sus resultados (Parametría, Grupo Reforma y Consulta Mitofsky), con base en esas fuentes y homogenizando la información a intención efectiva del voto (reasignando ninguno, no sabe y no contestó), AMLO ha ampliado su ventaja sobre el segundo mejor posicionados: entre febrero y abril aumentó entre cinco y siete puntos en tanto que Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade registraron decrementos o permanecieron con el mismo registro de intención de voto.
Hay sobrada evidencia de irregularidades en el manejo del erario y encubrimiento de esos actos: la estafa maestra perpetrada por la Secretaria de Desarrollo Social; los sobornos de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; la transferencia de un inmueble (Casa Blanca) que una constructora le hiciera a Enrique Peña Nieto; la recompra del complejo Pajaritos realizada por Pemex; la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. La investigación de esos casos y las plausibles sanciones que puedan derivarse inquietan a cúpulas empresariales y a la burocracia política, quienes abiertamente le han declarado el No Pasarás a AMLO .
Las organizaciones patronales (Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios) tienen una agenda política diferente y apoyan otra candidatura presidencial; ante el fracaso de su oferta electoral buscan otra opción para enfrentar a AMLO y presionan al Ejecutivo federal en ese sentido. Por el tenor de las declaraciones de la cúpula empresarial y del presidente de la República, se espera que se intensifique la campaña negativa contra AMLO, a quien consideran autoritario, injurioso, demagogo y estatista. Sin desdoro del carisma y liderazgo de AMLO, buena parte de su intención del voto se sustenta en el hartazgo contra los que lucrado con el patrimonio nacional y que sistemáticamente han mentido y traicionado sus promesas de campaña; el llamado voto útil (fuera del núcleo duro) podría abandonar al candidato presidencial de Morena, pero difícilmente pueda canalizarse hacia una candidatura cuya virtud es el lavado de dinero. Dada la diferencia de intenciones de voto entre primero y segundo lugar, AMLO debería perder ocho puntos en 60 días, y el segundo lugar subir por lo menos ocho puntos en ese mismo lapso, algo difícil cuando una exigencia ciudadana es erradicar la corrupción y la impunidad.
