El primer año de gobierno de AMLO está marcado por un conjunto de acciones que implican no solo las acciones del Ejecutivo sino también la concreción de aspiraciones y luchas históricas de los asalariados a través de la actuación de los poderes Legislativo y Judicial.
En la perspectiva gubernamental se consideró como prioritarios al empleo, el combate a la informalidad y el acceso a un trabajo digno; para ello ha implantado varios programas que si bien buscan romper con inercias de las administraciones anteriores, varios de ellos conservan rasgos neoliberales, y es claro que son funcionales para una mejor acumulación de capital —hay que reconocer que la propuesta programática del gobierno no fue nunca anticapitalista, pero sí de reconstituir el bienestar social.
Entre las primeras medidas que tomó el gobierno fueron los aumentos diferenciados del salario mínimo —prometiendo la recuperación paulatina de su recuperación—, la limitación de los sueldos de los funcionarios gubernamentales (nadie ganaría por encima del sueldo del presidente) y la implantación del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Estas primeras acciones han sido fundamentales, pues inciden directamente sobre los ingresos de los asalariados y marcan el inicio de una política de recomposición de la estructura salarial; además de atacar pilares centrales del funcionamiento clientelar y corrupto de los gobiernos anteriores.
El aumento diferenciado al salario mínimo fue muy importante, pues consolida una tendencia hacia la recuperación histórica de su capacidad adquisitiva, que se deterioró desde 1976, de tal forma que durante el presente siglo representa una cuarta parte del valor real de ese año. Así el aumento general de 88.36 a 102.68 pesos diarios y, para el caso de la frontera norte, a 176.72, marca un punto de ruptura fundamental con la política salarial neoliberal, cuestión que se ratifica con el incremento que se pactó en diciembre pasado y entró en vigor a partir del primero de enero de este año, alcanzando así el monto de 123.22 y 185.56 pesos diarios.
En este mismo contexto cabe señalar que la medida de poner un tope a los sueldos de los funcionarios gubernamentales tiene un impacto directo sobre la estructura de remuneraciones a nivel de los empleados públicos, en todos los niveles y ámbitos. Destaca la reacción inicial de los afectados, funcionarios de los distintos niveles, siendo muy difundidos los casos de integrantes del Poder Judicial (magistrados) y Legislativo (diputados).
Es de esperar que ambas medidas tendrán impacto en el abanico de las remuneraciones de los asalariados en el país, aunque no de manera inmediata. Por el momento se observa que la tendencia a la polarización de los ingresos se ha mantenido, de tal forma que la población que ganaba más de cinco salarios mínimos ha disminuido, durante el periodo de Peña Nieto, del 8.3 por ciento al 4.5 por ciento respecto al del total de ocupados, y para el tercer trimestre de 2019 bajó al 3.3 por ciento. Por el contrario, la población que tenía más bajos ingresos (hasta dos salarios mínimos) se ha incrementado, durante la anterior administración federal pasó del 36 por ciento al 43.7 por ciento, llegando al 51.6 por ciento para septiembre de 2019. En el caso de los salarios de la manufactura, después de la caída vinculada a la crisis mundial de 2008, desde hace dos años se inició una ligera recuperación, que se mantuvo durante el primer año de gobierno de AMLO, sin embargo, se esperaría que a partir de las reformas a la Ley Federal de Trabajo estos salarios pudieran mejorar.
En el contexto mundial de crecimiento lento y en riesgo de una recesión, la economía mexicana también mostró un comportamiento de estancamiento, en especial en el segundo y tercer trimestre; si bien el presidente AMLO desató una polémica sobre los indicadores y la relevancia que tienen para su gobierno, es importante tener presente este contexto, pues determina el comportamiento del empleo y de las remuneraciones.
Pese a lo anterior, la tasa de desempleo solo tuvo ligeras variaciones, prácticamente mantuvo su nivel, alrededor del 3.5 por ciento, en el gráfico se comparan las tasas de desempleo correspondientes al primer año de gobierno de las tres últimas administraciones presidenciales, se observa que en el de Peña Nieto fue la más alta y la actual es muy similar al de la gestión calderonista.
Como señalamos, uno de los programas que atienden el nivel de empleo y que más impulsa la gestión de AMLO es el de “Jóvenes construyendo al futuro”, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, que carecen de empleo y que no estudian, con el objetivo de capacitarlos para que puedan insertarse en mundo laboral, asignándoles una beca de 3 mil 600 pesos mensuales durante un año. A 11 meses de funcionamiento, alcanzaba ya la cifra de 900 mil “aprendices”. La cifra es relevante considerando que a septiembre de 2018 había un total 1 millón 153 mil 97 desocupados en el rango de edad de 15 a 29 años, y más de 7 millones de habitantes que requieren empleo pero que se han cansado de buscarlo. Uno de los problemas que se plantean a este programa es el subsidio que, de manera indirecta, se da a las empresas, pues si bien se supone que están en capacitación, es muy posible que ya estén ejerciendo actividades productivas; asimismo queda la duda sobre el compromiso de las empresas para mantener el puesto de trabajo después de que concluya la beca.
Por otro lado, una decisión que causó gran simpatía y esperanza fue la que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 5 de diciembre de 2018, que reconoció los derechos a la igualdad y al acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. Al gobierno federal le correspondió impulsar los mecanismos institucionales para garantizarlo, siendo el IMSS la dependencia encargada. Se calcula que hay más de 2.2 millones de trabajadoras, las cuales carecen de ese derecho. En el primer año aún es muy limitado su impacto, pues en a diciembre de 2019 se estimaba en que había registradas casi 20 mil.
Finalmente, pero fundamental, fue la aprobación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo por parte del Poder Legislativo, que concretó demandas históricas de los trabajadores; teniendo como antecedentes inmediatos las negociaciones del tratado con Estados Unidos y Canadá (TMEC) y la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. El primero presionó para definir estándares laborales que, entre otros elementos: prohíben la importación de bienes producidos por trabajo forzoso, la protección contra la discriminación por sexo, busca garantizar la protección laboral de los trabajadores migrantes, se pronuncia en contra de los contratos de protección y a favor del derecho de negociación colectiva. El segundo ratifica el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, limitando la intromisión patronal en los sindicatos.
De esta manera, el primero de mayo entró en vigor la nueva legislación laboral, de la cual vale la pena subrayar: la desaparición de las corrompidas y patronales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que son sustituidas por los Tribunales Laborales, que dependerán del Poder Judicial, tanto a nivel local como federal, teniendo ya un avance de su implementación (que ha incluido la capacitación de personal especializado y esperemos que con una sólida ética profesional).
Asimismo, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, que se encargará de la conciliación, pero también de todos los registros sindicales del país. Lo cual viene a generar un espacio para la terminación de los contratos colectivos fantasmas y de los sindicatos blancos y apatronados, mejor conocidos como sindicatos charros.
Los primeros pasos para la vigencia de la nueva Ley se han dado por parte de las autoridades laborales del gobierno de AMLO; se han creado grandes expectativas entre los trabajadores y sindicalistas, sin embargo, ha sido un proceso lento y aún no hay evidencias claras de cual será su evolución.
Indudablemente que el ambiente laboral se va modificando, desde los movimientos de los trabajadores de las maquilas en el norte, a principios de 2019, así como la desafiliación de sindicatos a centrales obreras oficialistas y la creación de otras agrupaciones obreras, son muestras de un incipiente resurgimiento de la lucha de los trabajadores.
Sin embargo, persisten y se reconfiguran añejos poderes y prácticas antidemocráticas —p. e. líderes de eterna “presencia” como Hernández Juárez, “La maestra”, Napoleón Gómez, entre otros—, así como el interminable y nefasto afán de algunos funcionarios de transformar y “democratizar” desde arriba, que no es sino la antesala para instaurar un sindicalismo ad hoc o corporativo a la 4T.
Desde nuestro punto de vista, en este primer año se han dado pasos importantes para modificar las relaciones laborales en beneficio de los trabajadores, hay posibilidades de que estos recuperen sus organizaciones y se respeten sus derechos, pero aún están presentes las inercias de los viejos tiempos. Veremos si esas posibilidades se concretan y resurge un movimiento obrero que además de enarbolar sus reivindicaciones pueda avanzar en la lucha anticapitalista.
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