“Es tiempo de actuar”. Del 2 al 13 de diciembre de 2019 se realizó en Madrid, España, la reunión 25 de la llamada Conferencia de las Partes (COP25), o Cumbre del Clima. Las “partes” son los representantes de los gobiernos, que en esta ocasión fueron de 196 países.
Esta COP se debió realizar en Santiago de Chile —y que ya había rechazado organizar Brasil, por decisión de su presidente Jair Bolsonaro—, pero la gran movilización ciudadana chilena, y la gran insensibilidad y represión de ese gobierno ante ellas, provocó que se trasladara la conferencia a Madrid, aunque aun bajo la presidencia de Chile.
La COP es el órgano supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En sus ya 25 reuniones se han dado las negociaciones internacionales para combatir el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero por acciones humanas, particularmente por las emisiones por quema de combustibles fósiles, y por el cambio de uso del suelo (por ejemplo, deforestación). Esas dos causas están calentando el planeta, y con ello se dan cambios extremosos en las temperaturas, en los patrones de lluvia, aunado a un aumento del nivel del mar y a la pérdida de cubiertas de hielo y nieve, principalmente en el Ártico.
En esta COP25 se esperaba avanzar en tres asuntos fundamentales para el combate del cambio climático. El primero aspiraba a ver los mecanismos para movilizar cerca de 100 mil millones de dólares para su ejercicio desde el 2020 para combatir el cambio climático (mediante el Fondo Verde del Clima) y establecer una nueva meta de financiamiento para el 2025.
El segundo objetivo era que los países mostraran cómo iban a aumentar su ambición, dado que diversos estudios revelan que, sumando todos los compromisos hechos por los países, aún el planeta se calentaría para finales de este siglo en más de tres grados centígrados. El Acuerdo de París señalaba que para evitar grandes impactos del cambio climático, el planeta no se debería calentar por encima de 1.5 grados. Así, que se fortalecieran los compromisos de reducción de emisiones era una cuestión nodal.
En la COP24 (Katowice, Polonia) se acordó el llamado “libro de reglas” (o rulebook) para establecer los métodos que seguirían los países para reportar sus reducciones de emisiones y sus acciones para la reducción de pérdidas de vegetación (que por acción de la fotosíntesis absorbe bióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más importante) siguiendo los compromisos adquiridos por ellos (Compromisos nacionalmente determinados; CND). Gracias a que cerca de 200 países presentaron anteriormente sus compromisos, fue posible que entrara en vigor el llamado Acuerdo de París (COP21; https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf).
El tercer objetivo fundamental era establecer reglas claras para los llamados “mercados de carbono”. En el “libro de reglas” ese aspecto no pudo acordarse, por lo que era en esta COP25 donde se esperaba lograrlo. Las bases para ello se señalan en el artículo 6 del Acuerdo de París. Sin ese artículo, la operatividad del Acuerdo quedaría en entredicho. Cabe señalar que es en el 2020 cuando los países tienen que presentar los primeros resultados de sus compromisos.
El mercado de carbono es el conjunto de diferentes sistemas de comercio que los gobiernos, empresas o individuos emplean para comprar o vender productos que representen toneladas mitigadas y/o capturadas de dióxido de carbono. Así, país que emite mucho y puede ser para él muy costoso reducir sus emisiones, puede “comprar” las reducciones hechas por otro país, que lo puede hacer con menor gasto.
Por supuesto, el que “vendió”, no puede incluir en su propia contabilidad de reducción de emisiones lo que ya vendió. Por ello, el artículo 6 establece que se tienen que tener reglas claras para evitar la “doble contabilidad”.
Así, se trataría de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), un instrumento de mercado que se base en el principio de “tope y comercio” (cap and trade en inglés). En principio, los gobiernos establecerían el tope máximo de emisiones totales permisibles para un sector o sectores económicos. Cada compañía de ese sector deberá contar con un permiso, que puede comercializar con otras compañías. Cabe decir que para el 2015 ya existían 17 SCE, y algunas ya preparan su sistema (https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=371).
Este mercado de compra y venta de reducción de emisiones ya había sido planteado desde el protocolo de Kioto (que entró en vigor en 2005, y termina el 2020). Su implementación no ha sido sencilla. Europa intentó impulsarlo, pero resultó que ante la baja en la producción por crisis económicas, el valor de esos bonos bajó mucho. Así, se están buscando mecanismos innovadores para estabilizar su precio. Europa se encuentra analizando la creación de una reserva, para evitar esas fluctuaciones.
En el 2018 México se adhirió a la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas. Se esperaba promover este tipo de mercado, con los gobiernos de Canadá, Colombia, Chile y Costa Rica, y con los gobiernos locales de California, Oregon, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec.
No era entonces cuestión menor acordar en la COP25 las reglas para ese mercado, y los instrumentos para evitar la doble contabilidad. La COP25 duró dos días más, y no fue posible alcanzar alguno de los objetivos planteados.
No fue sorpresa entonces que el mismo secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declarara el domingo 15 de diciembre que “Estoy decepcionado con los resultados de la COP25”.
Sí, fue una gran decepción, aunque él mismo también agregara: “No hay que bajar los brazos”.
Sobre los compromisos de reducción de emisiones hechos por México, el futuro tampoco se percibe como promisorio. En la página que da seguimiento a los avances de esos compromisos por país, se califica a las acciones de México como “Insuficientes (“Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/countries/mexico/). Específicamente, se señala que el actual gobierno “ha dado un paso atrás en el clima al favorecer los combustibles fósiles sobre la generación de energía renovable. Esto incluye la construcción de una nueva refinería de petróleo y una nueva asignación presupuestaria para la “modernización” de las centrales eléctricas de carbón, diesel, gas y petróleo.”. Es justo decir, sin embargo, que el actual secretario de medio ambiente (Semarnat), Víctor Toledo, reconoce que se está ante una crisis climática (“La justicia climática y la 4T: https://www.jornada.com.mx/2019/12/31/opinion/012a2pol). Ya veremos.
El futuro de esas COP no se ve nada halagüeño. En noviembre del 2020 ya estará fuera Estados Unidos del Acuerdo de París. Brasil también no se ve muy dispuesto a cumplir sus compromisos, y que hay países que históricamente se han opuesto al avance de las negociaciones: Arabia Saudita, Australia, China…
Si es “tiempo de actuar”, habría que preguntarnos quiénes. Probablemente jóvenes como Greta Thunberg tengan la respuesta.
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