El Congreso local de Nayarit reformó, el pasado 4 de enero, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (LOUAN) entre otras modificaciones destacan: la creación de una Comisión electoral para elegir rector y la de un Consejo de Educación Media; amplió las funciones del Patrono universitario para administrar los recursos públicos procedentes del gobierno estatal , introduce una red empresarial en la venta de servicios y fija criterios de exclusividad en la contratación del personal docente. Estas modificaciones se hicieron al margen de la comunidad universitaria y violentan la autonomía universitaria consignada en el párrafo séptimo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.”
Por ser violatorias de la autonomía y no haber privilegiado el diálogo y la interlocución para legitimarlas, la reforma a la LOUAN fue rechazada por los rectores de 33 de 34 universidades públicas estatales; por los rectores de tres instituciones públicas de educación de carácter nacional (Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana y Colegio de México), por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Congreso de Jalisco, y el Consejo General de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), éste último facultó a su rector para gestionar la derogación de las reformas mencionadas
Nuevos actores políticos han asumido las gubernaturas y controlan los Congresos locales; hay un déficit estructural en las 34 universidades públicas estatales (UPE), sus pasivos laborales duplican sus activos; y algunas administraciones universitarias son investigadas por presuntos actos de corrupción (Estafa Maestra). La confluencia de estos factores ha acelerado la discusión de las leyes de las UPE y en otras nueve entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz) hay propuestas de modificación de las leyes orgánicas de las universidades públicas estatales (UPES) que tienen como propósito explícito la austeridad, probidad, eficiencia y transparencia del gasto universitario (tanto de los recursos públicos como de los propios) y como valor entendido redefinir la relación de las UPE y los gobiernos estatales.
Las universidades son instituciones que aún son valoradas positivamente por la ciudadanía y sus rectores son importantes actores políticos de la entidad; a menudo, el liderazgo universitario es paso previo para transitar a cargos de elección popular y desde el aula magna se promueven alianzas con las principales fuerzas políticas de la entidad. Cuando las filias políticas son divergentes hay rispidez entre gobernadores y rectores de las UPES y afloran las reformas a la ley universitaria, la ausencia de financiamiento estatal y las revisiones contables. Por ejemplo, Nayarit en un entidad secularmente gobernada por el PRI, salvo en 1995-2005 en que fue electo el expriista Antonio Echeverría Domínguez, y a partir de 2017, en que gobierna su hijo, Antonio Echeverría García, en ambos casos, respaldados por el PAN y PRD. La iniciativa de reforma a la LOUAN la envió el gobernador panista Echeverría García el 30 de diciembre y aprobada cinco días después por 20 diputados locales (el PAN-PRD tiene 17 de 30 legisladores).
Baja California fue el primer estado gobernado por el PAN, Ernesto Ruffo asumió el cargo en 1989 y por 30 años ese partido estuvo en la gubernatura; la alternancia sucedió en 2019 cuando Morena asume la gubernatura y es mayoría en el Congreso local (13 de 25 legisladores); es precisamente a iniciativa de legisladores de ese partido que se promueve modificar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California en el sentido de eliminar la pensión del rector, fiscalizar los recursos propios de la universidad e impedir que el Patronato universitario venda bienes patrimoniales.
Colima sigue siendo gobernada por el PRI, pero la primera mayoría del Congreso local le corresponde a Morena; la fracción parlamentaria de este último partido promovió una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima cuyo objetivo es democratizar la vida interna de la universidad (introducen el voto directo y secreto para elegir autoridades), transparentar el ejercicio de los recursos administrados por esa universidad, eliminar las jubilaciones de los rectores así como las cuotas de inscripción estudiantiles. En sus considerandos, enfatizan que la ley universitaria no se ha modificado en 40 años; que la universidad no rinde cuentas; que el rector concentra el poder, viola derechos de los trabajadores y censura la libre expresión de las ideas; agregan, con base en el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, que la administración de esa institución ha desviado fondos haciendo daño a la hacienda pública. El rector de la Universidad de Colima, el sindicato de trabajadores y la federación de estudiantes rechazan la reforma, invocan violación de la autonomía y solicitan al Congreso no aprobarla y, de hacerlo, le piden al gobernador vetarla; el sindicato independiente de trabajadores de esa universidad y alumnos de la facultad de Ciencias Políticas solicitan que se discutan y aprueben las reformas. (Proceso, 22/11/19, nota de Pedro Zamora Briseño). Es insostenible no informar sobre los recursos que las universidades públicas administran o privilegiar el boato de la burocracia universitaria y es censurable que en aras de la democracia y austeridad republicana se violente la autonomía para que las universidades públicas realicen sus actividades sustantivas conforme a los principios expresados por la comunidad universitaria.
Las UPES secularmente funcionan con déficit y no necesariamente por corrupción, ineficiencia o gastos excesivos de la burocracia universitaria. La matrícula escolar de esas instituciones creció (3.5 por ciento anual entre 2014 y 2017) en proporción mayor a los recursos públicos recibidos (-8 por ciento anual entre 2014-2017), además, la nómina universitaria no siempre es reconocida por la Secretaría de Educación Superior, tanto en el número de personas contratadas como en las prestaciones sociales y los fondos propios para pensiones y jubilaciones son insuficientes para garantizar el retiro laboral de sus trabajadores. Desde 2002 las UPES han recibido de la Federación apoyos para atender las pensiones y jubilaciones (13 mil 800 millones de pesos hasta 2017) y la mayoría de las UPES aumentó ya la edad y la antigüedad laboral para el retiro, no obstante ello, la ayuda federal solo cubre 40 por ciento del pasivo laboral de jubilados y pensionados. La Auditoría Superior de la Federación estimó que en el caso de 24 UPES, los pasivos laborales duplicaron el valor de los activos en 2015; tres años después calculó en 1.3 billones de pesos los pasivos por jubilación y pensión de las 34 UPES (El Sol de México, 21/11/14 y Vanguardia, 2/11/18). Crecimiento de matrícula escolar y de personal académico y decrecimiento del gasto público son causales del déficit estructural.
11 UPES tienen una situación financiera crítica: no pueden pagar nómina. En algunos casos el gobierno estatal no ha liberado los recursos, en otros, requieren reestructurar pasivos, ejercer el presupuesto con probidad y eficiencia y transparentar el manejo de sus recursos. Según convenios, la aportación a las UPES debería de ser a partes iguales entre Federación y estado, no es así, entre 2014 y 2017 la aportación de la Federación duplicó la estatal y los ingresos propios fueron en promedio del 12 por ciento del total de ingresos (Integralia. Planeación, programación y rendición de cuentas); los gobiernos de los estados no siempre cubren sus nimias aportaciones, lo que agrava los problemas financieros de las UPES.
Hay UPES que no acostumbran transparentar los recursos administrados y algunas han sido ya señaladas por posibles actos de corrupción (Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Estado de México, Morelos y Veracruz), entre otros, su participación en la Estafa Maestra. En otra ocasión, la Auditoría Superior de la Federación había señalado irregularidades en las 34 UPES que fueron auditadas entre 2000 y 2016, estimó en 17 mil 574 millones de pesos el monto de esas irregularidades, sólo una cuarta parte de éstas pudieron solventarse (Integralia). La autonomía no puede invocarse para conservar paraísos fiscales, financiar carreras políticas, enriquecimiento ilícito o malversar fondos, los recursos administrados por las UPES deben ser transparentados.
