México, otrora país de origen y retorno de emigrados mexicanos, ahora también lo es de tránsito de transmigrantes, principalmente centroamericanos, y de retorno y/o destino alterno de los transmigrantes rechazados por el gobierno de Estados Unidos. Ese país es el principal destino de los flujos migratorios internacionales y también el que liderea la repulsa de aquellos que buscan realizar el sueño americano: uno de cada cinco transterrados vive en Estados Unidos.
Miles de emigrados de todo el mundo anhelan vivir en el paraíso ofrecido por el guardián de la democracia, pero son pocos los agraciados que lo logran; en su intento sufren innumerables vejaciones y extorsiones de todo tipo, tanto de aquellos cuya misión es garantizar sus derechos humanos y la libertad de tránsito, como por el crimen organizado y diversos malandros civiles; para su desgracia, los gobiernos por donde transitan y del lugar de destino los criminalizan, estigmatizan y les niegan el prometido derecho de asilo y refugio. Huyen de la violencia, de la miseria, de la exclusión socioeconómica, de la inseguridad pública, y en su larga caminata vuelven a ser mancillados en su integridad física y en su dignidad humana, en particular los menores de edad (acompañados por adulto o no) y las mujeres, los transmigrantes protagónicos del siglo XXI.
Buscando mayores niveles de seguridad en su traslado, mejores condiciones de hospedaje y economía de recursos monetarios, los transmigrantes visibilizan su andar y reclaman su derecho de libre tránsito y de acogida y, en esa espera, había al 23 de mayo del año en curso, 18 mil 187 menores de edad en las instalaciones del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos (La Jornada, 29/05/21, pág. 9). La reversión o contención del flujo migratorio se focaliza en las condiciones estructurales que prevalecen en los países de origen de esos flujos y, si estas no se revierten, son ineficientes las políticas migratorias disuasivas, así lo reconoce el gobierno del país del destino, pero es muy poco lo que ha hecho para mejorar la situación social, económica y política que ese gobierno y la estrategia neoliberal han ocasionado en los países de origen de los transmigrantes.
En Estados Unidos radican 51 millones de emigrados de todos los países, de estos, 3.2 millones nacieron en El Salvador, Honduras y Guatemala, países de donde proceden las actuales caravanas de transmigrantes. Para atender las causas estructurales de los flujos migratorios de estos tres países, el gobierno de Estados Unidos canalizará el año entrante 861 millones de dólares (md), lo que equivale al 0.014 por ciento de su presupuesto gubernamental que asciende a 6 billones de dólares. En total, en cuatro años de la gestión de Joe Biden se invertirán 4 mil md en esos tres países. Tal iniciativa parece responder al planteamiento hecho por el presidente de México de atender las causas estructurales del flujo migratorio centroamericano generando empleo y mejores condiciones de vida para los residentes de esos países. En su momento, Andrés Manuel López Obrador sugirió una opción similar a Sembrando Vida para esos países, que tiene propósitos múltiples: captura de gases de efecto invernadero con la siembra de un millón de hectáreas; servicios ambientales por prácticas agroecológicas sustentables y resilientes; incremento en la producción de alimentos; empleo para 400 mil productos agrícolas; ingresos anuales para estos de mil 200 millones de dólares; mejores condiciones de vida para dichos productores y opciones alternas para no inmigrar en esas localidades rurales de alta exclusión social. Con base en dicho programa, AMLO planteó que el gobierno de Estados Unidos debería invertir 4 mil md en esos países centroamericanos para revertir las causas estructurales de la emigración.
La Cepal, en su Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Honduras, Guatemala y Sur-sureste de México, propone una inversión de 25 mil millones de dólares en cinco años y enfatiza la desigual distribución de ingresos en los países centroamericanos, los bajos salarios existentes, las altas tasas de violencia e inseguridad. Por su parte, el Fondo para la Infancia de la ONU (Unicef) estima que 30 por ciento de la población de esos tres países requiere ayuda humanitaria (10 millones de personas). La “asistencia” del gobierno de Estados Unidos está muy distante de los requerimientos de inversión y de ayuda humanitaria que requieren en esos países centroamericanos.
La creación de 400 mil empleos rurales y el cultivo anual de un millón de hectáreas tendrán efectos multiplicadores sobre la calidad de vida de parte de la población de los tres países centroamericanos, pero no necesariamente abatirán la emigración: la ayuda es parcial y focalizada y no atiende la creación de infraestructura básica ni la generación de servicios educativos y de salud. Los emigrados no solo aspiran a mejores condiciones salariales y de condiciones de trabajo, sino a una mejor calidad de vida para ellos y sus familias así como garantías para su integridad física y patrimonial. Si las condiciones socioeconómicas en México son deplorables, la de los países del llamado Triángulo Norte son más dramáticas: la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Honduras es 34 por ciento más alta que la de México, y la tasa de homicidios en El Salvador supera en 79 por ciento a la de México; el Producto Interno por habitante de los países del Triángulo Norte es la mitad o menos con respecto al de México, y el gasto por persona en educación y salud es menos de la mitad con relación al de México. La economía importa, pero también la seguridad pública y la seguridad social.
