La pandemia ha revalorado la docencia en línea en las instituciones de educación superior (IES); más por necesidad que por convicción, esa forma de enseñanza predominó como única durante tres semestres consecutivos. En su expresión más amplia, la enseñanza no escolarizada ha sido la forma en que se ha ampliado la tasa de matriculación y se ha diversificada la oferta educativa del nivel de educación superior: 18 de cada cien matriculados en el ciclo escolar 2019-2020 estaban inscritos en esa modalidad; en licenciatura fueron 16 y en posgrado 35 por cada cien inscritos en esos subsistemas; las IES privadas liderean la enseñanza no escolarizada, concentraron 61 y 85 por ciento de la matrícula de licenciatura y posgrado, respectivamente en el ciclo escolar mencionado. La gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza superior y la penuria de los recursos públicos para educación puede condicionar a las IES públicas a explorar y poner en prácticas distintas formas de enseñanza no escolarizada, tanto para la población con edad típica para cursar esos niveles como para aquellos que no siendo ya tan jóvenes desean ejercer su derecho a la educación superior. Negar el derecho a la educación superior o cobrar por esa enseñanza además de inconstitucional puede ser fuente de conflictos políticos y legales, ya sea contra quien está obligado a proporcionarlo (Estado) como a quien lo niega o cobra (IES públicas); no está por demás que las instituciones educativas que sostienen su funcionamiento con fondos del erario omitan gastos superfluos, revisen excedencias del personal administrativo y/o sobreremuneraciones, trasparenten la totalidad de los ingresos y egresos universitarios, sean probos y eficientes, y regularicen conforme a las normas de la administración federal, el funcionamiento y legalidad de fideicomisos, fundaciones, patronatos y asociaciones civiles y mercantiles donde participan en calidad de IES públicas.
El Programa Sectorial Educativo 2020-2024 le asigna roles protagónicos a los docentes y a las administraciones centrales de las IES públicas —incluye también al gobierno— como agentes del cambio del proceso educativo y del cambio social, espera que tengan el reconocimiento, la formación y el apoyo social para encabezar dichas causas. Los docentes, en el mejor de los casos, están inmersos en el buen cumplimiento de sus tareas académicas y en recuperar algo de lo que el neoliberalismo los expolió, y la mayoría de las burocracias universitarias están obcecadas en conservar sus privilegios y en perpetuar su control sobre las mismas. No afloran las discusiones o propuestas acerca del carácter humanista de la educación; sobre la pertinencia, relevancia y excelencia de la educación; sobre los valores que debe trasmitirse; de las competencias personales e interpersonales deseables del egresado; sobre la formación de pensadores críticos, analíticos e innovadores, o cómo deben organizarse académicamente las IES para afrontar los súbitos cambios del proceso de producción asociados a la revolución tecnológica.
De las cinco funciones sustantivas de la autonomía registradas en la fracción VII del artículo 3º constitucional, las referidas a la autogestión administrativa y autogobierno son las que ocupan y preocupan a los rectores de las IES a la que el Estado les confirió autonomía. Las IES públicas autónomas concentran un tercio de la matrícula total de educación superior y más de una decena de ellas han invocado la autonomía contra los requerimientos de transparencia de sus ingresos (propios y públicos) o por intentos extramuros por modificar su marco normativo. Amparados en la autonomía, distintas burocracias universitarias especulan en la Bolsa de Valores, realizan inversiones inmobiliarias, venden medicamentos, equipo y servicios médicos, ofrecen diversos servicios profesionales y producen y distribuyen diversos bienes y servicios que no están relacionados con las funciones sustantivas de las IES definidas en sus leyes universitarias, lo que en algunos casos se evidenció en la estafa maestra. Como protagonistas del cambio, las burocracias universitarias deben de gozar del respeto y reconocimiento de sus comunidades y de la sociedad a la que deben su financiamiento.
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