Se quiere recuperar el control del Estado en el sector eléctrico para garantizar el manejo soberano de dicho sector para que impulse el desarrollo económico, abasteciendo de electricidad barata y no contaminante al país y evitar su privatización que pasaría a comprometer el carácter estratégico que debe desempeñar la industria eléctrica.
La reforma no contempla el control absoluto del Estado en el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará 54 por ciento y el sector privado, 46 por ciento de la electricidad en el país. Actualmente 64 por ciento es energía de las empresas privadas y de no ser aprobada la reforma, en pocos años las empresas privadas terminarán desplazando a la CFE y tendrán el control absoluto de dicho sector, traduciéndose ello en alzas de precios que frenarán el crecimiento económico y deterioran más el nivel de vida de la población. La reforma solo regulará la participación de las empresas privadas para que no desplacen a la CFE y afecten la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico.
Se terminará con la competencia desleal establecida por la reforma de Peña Nieto que da preferencia a las empresas privadas frente a la CFE, mermando los ingresos de ésta y llevándola a reducir su participación en dicho sector.
El sector eléctrico debe estar bajo el control del Estado, debido a que el buen desempeño del mismo es una cuestión de seguridad nacional. De estar dicho sector en poder de la iniciativa privada no se garantizaría el abasto eléctrico a bajos precios, lo que comprometería el crecimiento económico y el bienestar de la población.
Los críticos a la reforma dicen que ésta aumentará costos de la electricidad y subsidios que presionarán sobre las finanzas públicas. Cabe decir que siempre los sectores estratégicos tienen que ser apoyados y subsidiados por los gobiernos para impulsar su desarrollo, el cual es crucial para el crecimiento económico, el cual se traduce en mayor recaudación tributaria que cubre los subsidios otorgados a dicho sector.
El gobierno no está contra las energías limpias. Las inversiones existentes de energías limpias están garantizadas. No serán desplazadas, solo se modificarán los contratos y se les regulará para que no sigan desplazando a la CFE y no sigan usufructuando altos precios y ganancias a costa de la CFE y del país y terminen monopolizando a dicho sector.
Se eliminarán los subsidios que han recibido las empresas privadas debido a que ello ha actuado en detrimento de las finanzas de la CFE y no se ha traducido en menores precios de la electricidad vendida por tales empresas.
La reforma plantea que la CFE vuelva a integrar sus unidades subsidiarias, a fin de mejorar su funcionamiento, eficiencia y sus finanzas.
Se eliminarán los órganos reguladores del sector energético, debido a que han actuado contra la CFE y a favor de las empresas privadas, llevando a que tengan una alta participación en el sector eléctrico.
Se reincorpora Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE, lo que le permitirá controlar la distribución de la electricidad y podrá utilizar su capacidad instalada para vender su electricidad y mejorar sus ingresos, y seguirá comprando electricidad al sector privado. Este sector no podrá vender electricidad a particulares, solo a la CFE. Será ésta quien suministre a todos los consumidores.
La reforma propuesta por el Ejecutivo plantea eliminar el trato discriminatorio de que ha sido objeto la CFE por la reforma de Peña Nieto, como los privilegios otorgados a las empresas privadas y las transferencias de recursos que éstas han recibido de la CFE.
Ello pasa por eliminar los contratos de autoabasto. Se revisarán los contratos establecidos a favor de las empresas privadas, donde la CFE quedó comprometida por 20 años a comprarles la electricidad a un precio fijo, que es el más alto del mercado, siendo un gran negocio para éstas. En otros contratos se obliga la CFE a comprar la electricidad por 25 años para apalancar la inversión realizada por las empresas privadas y al final de dicho período la planta creada quedará en manos de los privados. Se revisarán los contratos de la energía eólica, debido a que cuando las plantas privadas de energías renovables dejan de abastecer electricidad, por motivos de cambio climático, se le paga como si la hubiera generado y es la CFE la que cubre el suministro, siendo que no se le paga dicho servicio y de ahí los problemas financieros que enfrenta la CFE.
Se eliminará el no cobro a las empresas privadas productoras de electricidad por el costo de transmisión o distribución y además se establecieron contratos a largo plazo pagándoles la electricidad a un precio fijo y como no se les cobra la transmisión, su energía resulta más barata y de ahí que es despachada primero, y las plantas de la CFE son desplazadas. A ello se le suma el pago que les hace la CFE por ser generadores de electricidad limpia.
En los nuevos contratos que se establezcan con las empresas privadas de energía, se incluirá el pago de la infraestructura, así como la transmisión y distribución, para devolver el control de la energía a la CFE.
Con la reforma del actual gobierno se pretende revertir las pérdidas que la reforma de Peña Nieto le ha ocasionado a la CFE por más de 400 mil millones de pesos, al dar preferencia de suministro a las empresas privadas y desplazar del suministro a la CFE, por lo que sus plantas han pasado a estar subutilizadas, así como por los contratos leoninos de compra de electricidad cara a las empresas privadas.
La reforma del actual gobierno busca que paguen precio justo las grandes empresas, debido a que pagan muy poco por la luz.
La reforma garantiza precio de la electricidad abajo de la inflación. No puede ser de otra forma, debido a que estaría afectando el desarrollo económico y el bienestar de la población.
La reforma no viola los Tratados de Libre Comercio. En ellos se respeta la soberanía y el derecho de los gobiernos a regular sus sectores estratégicos.
La CFE actualmente tiene 191 centrales de generación de energía, pero la reforma de Peña Nieto ha reducido su participación en el sector, por lo que sólo opera 55 por ciento promedio de su capacidad, y 69 por ciento son energías limpias. 45 por ciento de sus plantas están subutilizadas, por lo que evidencia que tiene capacidad de abastecer el mercado nacional.
Hay quienes señalan que con la iniciativa de reforma se requerirán mayores recursos a favor de la CFE, lo que presionará sobre las finanzas públicas. De hecho, para que la CFE avance en energías limpias, además de los ahorros que logrará con la reforma, de ser aprobada, necesita mayores recursos que el gobierno debe canalizarse. El propio FMI acepta que los gobiernos trabajen con gasto deficitario de 3 por ciento del PIB a favor de sectores estratégicos, pues bien saben que ello impulsa el crecimiento económico, lo que se traduce en mayor recaudación tributaria, que reduciría el déficit fiscal.
La reforma del gobierno contempla que el Estado explote el litio, dado su carácter estratégico en el desarrollo tecnológico y económico actual.
El sector privado ha manifestado su rechazo a la reforma del gobierno de López Obrador debido a que vería reducida su participación en dicho sector y sus ganancias. La cúpula empresarial está por la privatización de dicho sector, pues es altamente rentable, representa 10 por ciento del PIB. El propio gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaria de Energía, manifestó que la reforma podría tener impactos negativos para la inversión estadounidense y obstaculizaría la cooperación entre ambos países hacia mercados energéticos abiertos. Ellos están por la apertura de los sectores estratégicos pues tienen los recursos y la tecnología para apropiarse de ellos y usufructuar sus ganancias. El gobierno y la mayoría del Congreso deben ser firmes en la defensa de los sectores energéticos para la nación, y frenar el proceso de privatización y extranjerización de éstos, que quiere impulsar la oposicón en beneficio del gran capital nacional e internacional. Hay que revertir las políticas que nos han llevado a menor crecimiento económico, a mayor desigualdad del ingreso y de la riqueza.