El agua es vital para la vida y cada vez disponemos de menor cantidad por habitante, ya sea porque somos más y/o porque hacemos un uso intenso de ese recurso para satisfacer consumos determinados por la producción globalizada de valores de cambio. También cada vez se nos dificulta el acceso al agua para consumo doméstico, ya sea por carencia o insuficiencia de infraestructura, ya por ausencia de liquidez o pérdida progresiva de poder adquisitivo. Para nadie es un secreto que somos campeones en la distribución regresiva del ingreso, en la opacidad del manejo de los recursos públicos y en la privatización de los bienes públicos: ayer fue el petróleo, hoy es el agua, mañana será la flora y la fauna.
El Estado se asume como garante del acceso al agua para consumo doméstico de las personas, pero en su estrategia y políticas la privatiza. Las personas que no pueden pagar la mercantilización del agua potable para uso doméstico son privadas del suministro, lo que degrada aun más las patéticas condiciones de sanidad de los hogares que disponen de escasos recursos económicos. El salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades biológicas y culturales de la familia y, en el mejor de los casos, es apenas una tercera parte del costo de una canasta básica; a la alimentación se destina la mitad del gasto de la mayoría de los hogares; es poco el remanente disponible para cubrir otras necesidades vitales, entre ellas el suministro de agua, la descarga de aguas grises y su saneamiento, razón por la cual el Estado subsidia esos servicios o los otorga sin exigencia de pago.
La eliminación de los subsidios a grupos vulnerables precarizará sus condiciones de vida y potenciará condiciones insalubres e indignas, polarizará aun más la estratificación social y posiblemente repercuta en mayores niveles de violencia e inseguridad pública. Potenciar el consumo de estos grupos, aumentar el gasto social y probidad en el manejo de los recursos públicos son coadyuvantes para una mejor calidad de vida, una mejor convivencia social, aceptables gobernanzas y revertir las fallidas condiciones del Estado democrático.
