Si revisamos la historia de las gestiones presidenciales recientes existen indudablemente diversos vasos comunicantes, en especial si nos referimos a las administraciones del modelo de acumulación neoliberal, que se establece desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado. Uno de esos puntos de unión es precisamente el impulso de las denominadas reformas, cuyo fundamentación fue la desarticulación de las instituciones en las que descansaba el intervencionismo estatal y el nivel de bienestar social alcanzado hacia esos años; sin embargo, quizá el lazo que une con mayor fuerza a todas esas administraciones ha sido el de la reforma laboral, iniciado bajo el emblema de la flexibilidad laboral y el objetivo de la elevación de la productividad.
Así, si bien la reforma laboral se logra hacer ley hasta fines del sexenio calderonista, resultado de la comparsa de los PRI-PAN, indudablemente tuvo como partero asociado al presidente electo, Enrique Peña Nieto, y tuvo como gestores previos a Salinas de Gortari, Zedillo y Fox. Todos ellos impulsaron por la vía de los hechos la reforma laboral, con el desconocimiento de los contratos colectivos de trabajo vigentes, la terrible caída del poder adquisitivo del salario (que llegó a disminuir hasta un 60 por ciento) la omisión (por no decir violación) sistemática de la reglamentación laboral establecida, el corporativismo sindical (sometimiento y compra de los líderes), la protección de sindicatos blancos, y, en general, la aceptación de una práctica laboral favorable a la clase patronal.
En este contexto, a la administración peñista le corresponde echar a andar la nueva legislación laboral, cuyos objetivos son:
“… Que la modernización de la Ley Federal del Trabajo logre dos objetivos fundamentales: primero, promover la generación de más empleos y segundo, lograr que aquellas relaciones laborales que se desarrollan en la informalidad, se regularicen y transiten al mercado formal.” (Presidencia, 2012a: s/n).
Se afirma que la iniciativa es parte de un contexto más amplio, de manera particular cita la reunión de ministros de trabajo del G20 realizada en 2012, en la cual se identificó como una urgente necesidad la de ofrecer empleos de calidad, respetando los derechos laborales, y consideró que las reformas estructurales “… tienen un papel principal en el objetivo de elevar el crecimiento económico para generar oportunidades laborales, movilidad y empleos.”
Se trata del contexto general de políticas neoliberales, que busca exacerbar la flexibilidad laboral a fin de elevar la productividad y competitividad del capital.
Diversos autores debatieron las reformas impulsadas, argumentando que no tendrían el impacto señalado; por el contrario, contribuirían a una mayor precarización. Por ejemplo, Arturo Alcalde (2012) mostraba que no había tal reforma estructural, pues se mantenían vigentes los vicios de las relaciones de trabajo, las medidas propuestas no garantizaban el logro de la competitividad y el crecimiento del empleo, pues dependen de otras variables económicas; bajo ningún caso los nuevos tipos de contratación y la subcontratación significaban mejora para los trabajadores, pues de facto su existencia tiene como objetivo socavar sus derechos.
De manera sintética, la revisión de los principales artículos reformados nos muestra que se busca una mayor flexibilidad en la contratación —a través de los contratos por capacitación—, establecer la unilateralidad en las relaciones laborales —con la modificación de las formas de ingreso, permanencia y promoción—, fomentar la flexibilidad salarial y en la jornada —con el pago por tiempo—, debilitamiento en la regulación laboral —con la subcontratación/outsourcing— y ampliar la movilidad laboral —con la obligatoriedad de realizar las “tareas conexas”.
La interpretación de la reforma laboral de Peña Nieto se plasmó en su política sectorial, que tiene como objetivos: “1) promover la generación de empleos de calidad y favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva; 2) apoyar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores para incrementar su productividad; 3) salvaguardar los derechos de los trabajadores, principalmente de aquéllos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, vigilando el cumplimiento de la normatividad en la materia, y 4) conservar la paz laboral mediante el fortalecimiento de la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral” (Presidencia, 2014: 318).
Una valoración de los “logros” de la reforma y de la política peñista destaca, en primer lugar, que la generación de empleos ha sido insuficiente, pues las tasas de desempleo y de subempleo se han mantenido prácticamente en los mismos niveles, al respecto se observa en la gráfica 1 que la tasa de desocupación ha oscilado entre el 4.2 y 5.5, siendo en promedio durante lo que va del sexenio de 4.9 por ciento, en tanto que en el periodo calderonista fue de 4.7. Asimismo, el subempleo ha sido del 8.3 y 8.1, respectivamente. Es decir que hasta el momento los resultados son bastante negativos, lo cual es lógico, dado que el modelo de acumulación que impulsan estos gobiernos tiene como característica ser repelentes al empleo, generando exclusión y segmentación laboral.
En segundo lugar, respecto a la calidad del empleo, empleos dignos y bien remunerados, los datos de la administración actual tampoco son halagüeños, pues resulta que el empleo en condiciones críticas (porcentaje de los ocupados que se labora menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos) también se encuentra ligeramente superior: en promedio, durante el periodo calderonista fue del 11.5 y en lo que va de la actual administración es del 11.9. Aunado a esto, se puede observar que la tasa de informalidad es la misma en ambas gestiones presidenciales, alcanzando la cifra de 58.7 por ciento.
Otros indicadores también nos muestran que la aguda precariedad laboral persiste; así se observa que los ocupados que ganan hasta dos salarios mínimos es de 37.6 por ciento en 2014, en tanto que en el segundo trimestre de 2012 era de 37.3 por ciento. Los ocupados sin acceso a instituciones de salud se mantienen por encima de 60 por ciento, (el “logro” de dos años de administración peñista es disminuirlo en 1.8 puntos porcentuales). Cosa similar acontece con los trabajadores asalariados, destacando que han disminuido en 1.9 puntos porcentuales los que laboran a la palabra del patrón, es decir sin contrato.
No nos extendemos más; es claro que la reforma laboral sancionada en el sexenio pasado y concretada en el actual es un fracaso en términos de los objetivos explícitos planteados, pero mantiene su función de fundamento de la acumulación de capital, de generación de alta rentabilidad, con base en la precariedad y exclusión laboral.
Referencias
Alcalde, Arturo (2012) Ocho mentiras del plan laboral de Calderón, La Jornada, México, 22 de septiembre.
Presidencia de la República (2014) 2º Informe de Gobierno 2013-2014, Presidencia de la República, México.
Presidencia (2012a) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Presidente Felipe Calderón, México.
Presidencia (2012b) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 30 de noviembre. México.
