Sin lugar a duda, en México se requiere aumentar la inversión pública y privada en la ciencia y la tecnología, apoyar las capacidades científicas y tecnológicas de las entidades federales, así como elevar la generación del conocimiento científico de alto impacto para la solución de problemas en temas estratégicos de interés público a nivel nacional, entre otras acciones. Las naciones que han alcanzado mayores niveles de bienestar son aquellas que han invertido recursos humanos y financieros en educación, así como en ciencia, tecnología e innovación.
Se requiere generar una visión estratégica de largo plazo para la construcción de una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación, cuya propuesta principal sea hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo económico y social. Uno de los objetivos prioritarios debe ser consolidar la vinculación de la ciencia y la educación superior con el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas por medio de una amplia labor de transmisión del conocimiento, que incremente la competitividad del sector productivo.
Es claro que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, está vinculado a la calidad de la educación superior. Una condición para lograr la inserción de México como actor principal en la economía mundial del conocimiento, es el incremento acelerado de los niveles de escolaridad de la población. La ampliación de la cobertura y de la calidad de la educación en el nivel superior es necesaria por la urgencia de mejorar la equidad social. En este sentido, se deben reforzar las políticas públicas que consideren la educación superior como parte integral del sistema de ciencia, tecnología e innovación, para convertirla en un elemento fundamental para el desarrollo del país.
De igual forma, se debe dar mayor dinamismo a la reforma de la educación superior a través de acciones que garanticen el cumplimiento de la cobertura universal, con calidad y pertinencia. Se requiere impulsar aún más el desarrollo y especialización de instituciones de educación superior desde el ámbito y la competencia federal de la Secretaría de Educación Pública, en el entendido de que se necesita un sistema de educación superior de excelencia para la formación de científicos y tecnólogos de alto nivel en cantidad, calidad y diversidad suficiente para cubrir las necesidades científicas y tecnológicas de nuestro país.
El desarrollo nacional vigoroso sólo es posible a través del desarrollo regional integral, por lo que resulta de vital importancia promover políticas diferenciadas que generen los equilibrios necesarios para fortalecer a las diversas regiones, según sus vocaciones locales específicas, necesidades y potencialidades propias, mediante un sistema robusto y coordinado de educación superior, ciencia, tecnología e innovación.
En este contexto, es prioritaria la creación de nuevas instituciones de educación superior y centros de investigación, así como la consolidación de los ya existentes, para incrementar la inserción de jóvenes investigadores calificados a fin de fortalecer la plantilla docente, aumentando los posgrados de calidad y ampliando la cobertura y la infraestructura para realizar investigación científica en todo el territorio nacional.
Así pues, se considera pertinente generar un marco institucional para la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. El nivel de Secretaría de Estado es idóneo por ser el mayor rango dentro de la administración pública federal, dependiente directamente del presidente de la República. La nueva dependencia federal, al tener la misma categoría que las demás Secretarías de Estado, contaría con las atribuciones y capacidades suficientes para articular los múltiples esfuerzos que se requieren para posicionar el conocimiento como motor fundamental para el desarrollo de nuestro país.
Su creación se realizaría a través de la inserción de algunas de las competencias del Conacyt para llevarlas a la nueva dependencia. Tendría la adscripción sectorial de los Centros Públicos de Investigación y asumiría el Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación. También se transferirían a la nueva secretaría las funciones y atribuciones en materia de coordinación e integración de políticas que actualmente tiene el Conacyt.
En lo referente al marco legal se tendría que conformar una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que se establezca la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, se promueva la descentralización del sistema y se fomenten la vinculación y la transferencia de tecnología. La creación de una nueva Secretaría de Estado, ya mencionada, que se encargue del fomento a las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
En este orden de ideas, si se optara por la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se podría realizar mediante instrumentos de planeación y coordinación, por lo que no se afectarían competencias de otras dependencias. El caso de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Venezuela, por citar algunos ejemplos en América Latina, son naciones que cuentan con sendos ministerios en la materia. También es posible encontrar ejemplos de este tipo de mecanismos en Europa.
Asimismo, sería pertinente evaluar también la conveniencia de que en una misma dependencia federal se manejara el componente completo. Esto es, que en una misma Secretaría de Estado se administrara el desarrollo económico, así como el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Es evidente que el desarrollo económico está directamente relacionado con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ya que es una realidad que los países desarrollados han logrado su crecimiento a través de la inversión en la educación superior, así como en la innovación, la investigación, la ciencia y la tecnología.
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