El Estado ejerce violencia criminal cuando ejecuta desapariciones forzadas; cuando permite asesinatos dolosos, ya sea por omisión o complicidad; cuando induce a la población a efectuar acciones de autodefensa, de Ministerio Público, policiales y judiciales, al no garantizar justicia ni seguridad pública de manera expedita e imparcial. Otras violencias del Estado no son criminales pero inducen a terceros a serlo: criminalización de la protesta social; degradación de la calidad de vida; conculcación de los derechos humanos; injusticia; inseguridad pública, desterritorialidad; racismo; exclusión e invisibilidad social. Del Estado de Derecho solo nos queda una caricatura de Estado cada vez menos soberano y democrático.
Un crimen colectivo se ejecutó en Ajalpan el pasado 19 de octubre: dos encuestadores fueron asesinados cuando realizaban un trabajo demoscópico sobre consumo de tortillas; la turba los acusó de intento de robo de una menor, hecho desmentido por la propia niña. Encolerizada, la multitud les arrebató a la Policía a los encuestadores, los golpeó y finalmente los quemó. El presidente municipal de Ajalpan solicitó ayuda a la Policía Estatal, pero ésta arribó tarde, cuando los asesinatos se habían consumado. En este año ha habido en Puebla cinco crímenes colectivos y 37 personas (de 21 municipios) fueron salvadas de linchamientos por la Policía Estatal.
El linchamiento de Ajalpan criminaliza el ejercicio legal de un trabajo profesional como es el que realizan los encuestadores y coarta la libertad de tránsito y de expresión. Ese crimen debe ser investigado y castigado, como también lo ameritan los crímenes de Estado, muchos de ellos de lesa humanidad. Los linchamientos tienen diversas causalidades, entre otras: injusticia, odio, inseguridad, hartazgo, deslegitimidad institucional, exclusión, vejación, degradación secular de la calidad de vida y de la dignidad. Además, se gestan en contexto de confrontación política, deterioro del sistema de partidos y de centralización del mando de Policía.
En el caso de Ajalpan, el edil ha sido cuestionado desde que asumió el cargo y dos veces le han tomado la presidencia. Hace apenas un año (24/10/14), un individuo fue sorprendido robando 40 mil pesos de las alcancías de la capilla de Guadalupe, ubicada en el barrio del mismo nombre; el presunto fue detenido y remitido al Ministerio Público de Tehuacán, quien no lo quizo recibir y fue devuelto a Ajalpan; la turba intentó lincharlo, pero la policía municipal logró protegerlo. La procuración de justicia es inexistente para los excluidos, eso no justifica el crimen colectivo, pero sí evidencia la ausencia de un Estado de Derecho y la muy estrecha relación de las instituciones con el crimen organizado. La ampliación del presupuesto para la procuración de justicia y seguridad pública es necesaria, pero no es suficiente para garantizar el disfrute de los Derechos Humanos, la equidad y la inclusión. Hay problemas de fondo que son la divisa del depredador sistema económico que se multiplican en lugar de aminorar, y quizá en la vigencia de esa hegemonía debemos ubicar los crímenes de odio que se expresan en la entidad.
La emergencia de la violencia colectiva es también un Ya basta, un grito de desesperación de muchos que tienen algo en común, en contra de otros que ejecutan crimen de Estado; violencia de mercado y terrorismo. Es una manifestación de hartazgo contra las formas de reproducción de la vida, tanto en lo material como en lo espiritual, es quizá una exigencia de una vida digna aquí y ahora, no en el más allá del tiempo o del espacio. Hasta ahora esas manifestaciones son efímeras, contestarías, autodefensivas, de negatividad; pero pueden ser proactiva, de mayor complejidad organizativa, y protagónicas de demandas y acciones traslocales y de largo alcance.
