Eufemísticamente Enrique Peña Nieto reconoció haber cometido un error al no declarar sus propiedades como estaba obligado a hacerlo siendo funcionario público. Más que un error, fue un delito haber adquirido la “casita blanca” donde moraba y haber usufructuado otra, para establecer su casa de campaña durante la elección presidencial de 2012, y no reportarla al órgano electoral. Ambas propiedades les fueron otorgadas por el que fuera su constructor de cabecera durante su gestión en la gubernatura del estado de México y principal beneficiario de obra pública en su actual gestión presidencial. Peña Nieto nunca demostró cómo adquirió la llamada “casita blanca”, no exhibió transferencias o cheques bancarios ni la declaratoria de ingresos fiscales que avalara el ingreso para adquirirla, solo ofreció su dicho, que socialmente no tiene valor alguno, dado la ilegitimidad de su elección. La difusión de tal tráfico de influencias y de la corrupción que implica que funcionarios públicos acepten sobornos de los contratistas le significó a la periodista Carmen Aristégui su separación del programa radiofónico del que era titular; el promotor de dicho cese fue el Ejecutivo federal, que nuevamente presiona para que no se difundan esos hechos.
Es público el ilícito origen de los gastos de campaña presidencial de Peña Nieto así como la masiva compra de votos en que incurrió; ya en funciones de presidente de la República ha otorgado concesiones directas no licitadas para favorecer a quienes lo apoyaron. Tales prácticas la replican los gobernadores, comprometiendo los recursos de las próximas cuatro gestiones, sin que haya claridad en el uso de los recursos ni transparencia en su manejo. La corrupción e impunidad es divisa de los funcionarios públicos, quienes se empeñan por lograr el liderato, asumiendo que con esa acción serán al menos ministros del gabinete presidencial o presidentes de la República. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción omitió considerar el juicio político o pérdida de fuero para quienes se enriquecen ilícitamente y son corruptos; desechó la obligación de los funcionarios de realizar públicamente su declaración de ingresos de patrimonio, intereses y fiscal, y no consideró reglamentación alguna contra el soborno. El mea culpa evadió el fondo del malestar social: la corrupción e impunidad que priva en la clase política.
El Ejecutivo federal pretende despresurizar la presidencia y visibilizar la corrupción solo en las entidades federativas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, donde sus gobernadores no refrendaron la permanencia del PRI en la gubernatura. Ha sido la Procuraduría General de la República la que ha promovido controversia constitucional en contra de los ejecutivos estatales de Veracruz y Quintana Roo por haberse blindado con leyes estatales para no ser juzgados de corruptos, se les acusa de haber nombrado a un incondicional para valorar sus gestiones; precisamente lo mismo que realizó Enrique Peña Nieto: quien nominó a un subalterno para que lo exonerara de su participación en el escándalo de la Casa Blanca.
La credibilidad en Peña Nieto no existe y su gestión es mayoritariamente reprobada desde hace más de dos años. Lo ofrecido por él en su campaña presidencial y en el Plan Nacional de Desarrollo no se ha observado: la economía ha crecido a la mitad de lo esperado si no había reformas; la deuda pública externa ha crecido más de 12 puntos del PIB y la moneda nacional se ha devaluado 50 por ciento durante su gestión. La pobreza extrema no se ha abatido y los pobres son más de los que había cuando inició su gestión; para mejorar la calidad de vida de la población no se recurrió al incremento del empleo, del salario real, al aumento de las transferencias públicas o a la disminución de los precios de la canasta básica, simplemente se cambió la metodología para la medición del ingreso entre la población que reportaba menos recursos monetarios, se les eliminó, así ahora el ingreso de los más pobres aumentó respecto a ejercicios anteriores. La inseguridad, la corrupción, la impunidad, la pobreza no las creó Peña Nieto, pero durante su gestión se han exacerbado; no tiene credibilidad ni inspira confianza, no tiene calidad moral para emprender ninguna campaña anticorrupción.
