El gobierno de México ha dejado de ser un país solvente para cubrir sus compromisos financieros, la magnitud de la deuda neta del sector público se ubica en 48 por ciento del PIB y los ingresos públicos disponibles no son suficientes para cubrir el servicio de la deuda (Standard and Poor’s). La producción por persona de bienes y servicios en México durante los cuatro años de gestión de Enrique Peña Nieto varió en 3.5 por ciento para todo el cuatrienio en tanto que la deuda neta pública representó 42 por ciento para esos años; en el bienio 2004-2006, el Producto Bruto Interno (PIB) por persona aumentó 6.25 por ciento y la deuda neta pública fue de 30 por ciento del PIB. Mayor deuda pública y menor crecimiento económico se registran con Peña Nieto.
Desde que México liberalizó su comercio y desreguló la actividad económica, la tasa de crecimiento medio anual del PIB ha sido de 2.5 por ciento (1993-2016) y la del PIB por habitante de 1.2 por ciento; muy distintas a las observadas en los años del milagro mexicano en que el neoliberalismo no era hegemónico (1940-1980). Durante la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), la tasa de crecimiento anual del PIB fue de 3.2 por ciento y la del PIB por persona de 1.7 por ciento. Con Vicente Fox la economía creció en 2.2 por ciento al año y la deuda pública neta del sector público lo hizo a una tasa anual de 1.3 por ciento (un punto de deuda por casi dos puntos del PIB); con Felipe Calderón Hinojosa la tasa de crecimiento del PIB fue de 2.1 por ciento y la de la deuda neta del sector público de 6 por ciento anual (tres puntos de deuda por uno de PIB) y en el cuatrienio de gestión de Peña Nieto, la tasa de crecimiento medio anual del PIB es de 2.1 por ciento y de 9.3 por ciento la de la deuda neta del sector público (más de cuatro puntos de deuda por uno del PIB). El déficit público acumulado en la gestión de Vicente Fox fue de 2.5 por ciento del PIB y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) acumulados fueron de -12.6 por ciento del PIB; con Felipe Calderón el déficit público presupuestal fue de -10 por ciento del PIB y los RFSP de -17.7 por ciento del PIB; en los seis años de gobierno de Peña Nieto, el déficit presupuestal acumulado será de -16.4 por ciento del PIB y los RFSP de -21.4 por ciento (SHyCP, 22/08/16). Con Enrique Peña Nieto el crecimiento económico ha sido menor y mayor el crecimiento del déficit público y de los RFSP. A julio de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito público estimó que la deuda pública externa representa el 37 por ciento de la deuda pública total y que la devaluación del peso durante la gestión de Peña Nieto ha elevado en cuatro puntos del PIB la deuda suscrita en divisa.
El crecimiento de la deuda pública no está asociado a incremento de inversión y mucho menos, a estrategias de crecimiento económico o de bienestar social; la impactaron negativamente la devaluación del peso y la salida de capitales. Se adjudicó a terceros la renta petrolera y la merma generada en ingresos públicos no ha sido solventada por masa tributaria, ingresos propios, eficiencia administrativa o probidad. Existe insolvencia financiera por la pérdida de renta e impuestos petroleros por el afán entreguistas de Peña Nieto de adjudicar los recursos de la nación a particulares. Ahora pretender disminuir gasto público y déficit presupuestal para disminuir así los RFSP a 3.0 por ciento del PIB para 2015-2018.
Calificar de estable a negativa la solvencia del gobierno de México para pagar su deuda encarece el financiamiento del sector público. Ya hay presiones de los organismos multinacionales para reducir pasivos del sector público, entre otros, los relativos a la pensión y el retiro; el desconocimiento de pasivos pretende reducir el gasto público y ajustarlo al disminuido ingreso público; la baja del gasto y de la inversión pública pueden tener un efecto multiplicador recesivo y bajar aún más las expectativas de crecimiento económico para México, sobre todo, si se mantienen los niveles actuales de corrupción, connivencia, inseguridad pública y laxitud en la implementación de justicia. No sólo es necesario replantear las estrategias de crecimiento, sino desarrollar una nueva ética en la gestión pública: la frontera entre robo de ideas y saqueo del erario es imperceptible: “eso no se cuenta, pero cuenta mucho”: deslegitima la institucionalidad y destruye el precario Estado de derecho.
